La Constituyente boliviana acuerda ampliar sus trabajos hasta diciembre

La Asamblea Constituyente de Bolivia ha aprobado por 150 de 209 votos la ampliación del periodo de trabajo hasta el 14 de diciembre, en medio de divergencias respecto a elevar o no esta decisión al Legislativo, que debe ratificar la disposición con una modificación de la ley de convocatoria a la Asamblea de 2006.

Este aplazamiento se debe al fracaso de los 255 constituyentes en lograr los acuerdos necesarios para la redacción del texto de la nueva Constitución que, en principio, debía presentarse el próximo 6 de agosto, cuando se cumple el plazo de un año señalado en la ley de convocatoria. Los constituyentes han empleado casi seis meses de discusión para aprobar el artículo 70 sobre los dos tercios de votación necesarios para sancionar el nuevo texto.

El acuerdo de ampliación se produjo en la madrugada de ayer (hora local), después de largas horas de debate en las que los representantes de partidos políticos se acusaron unos a otros de haberse confabulado para no lograr consensos en las comisiones encargadas de la redacción del texto constitucional. Según el procedimiento legal, la decisión de la Asamblea debe ser enviada al Legislativo para que apruebe una disposición que modifique la ley de convocatoria a la Asamblea en el punto referido a la fecha de entrega del nuevo texto, que será ahora el 14 de diciembre.

Sin embargo, debido a que la Asamblea Constituyente se ha declarado magna, soberana, originaria y plenipotenciaria, muchos de sus miembros consideran que no existe necesidad de esperar la aprobación de una ley modificatoria en el Legislativo.

Con todo, varios asambleístas piden que se envíe la resolución de la Asamblea para que el Congreso la refrende y defina la nueva partida presupuestaria para los próximos cuatro meses y medio de trabajo hasta diciembre.

Por su parte, los partidos de la oposición Poder Democrático y Social y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, respaldados por otras agrupaciones pequeñas, han advertido que, si no se solicita la modificación de la ley de convocatoria al Legislativo, se incurrirá en una ilegalidad.