El Gobierno de Filipinas decreta el estado de emergencia tras frustrar una intentona golpista

La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, ha decretado el estado de emergencia en el país tras sofocar esta pasada madrugada una asonada golpista. Un general, un coronel y un director de la policía han sido detenidos acusados de liderar la trama que pretendía hacerse con el poder coincidiendo con el vigésimo aniversario de la caída del dictador Ferdinand Marcos.

"Por el poder concedido por la Constitución de Filipinas y en mi cargo de comandante en jefe del Estado, ordeno a las Fuerzas Armadas que mantengan el orden público, prevengan o supriman todas las formas de violencia y demás actos de rebelión", ha afirmado Macapagal en un discurso televisado. La presidenta ha asegurado que el intento de golpe de Estado había sido abortado aunque no ha dado detalles sobre el complot, sólo ha mencionado que estaba urdido por miembros de las diferentes fuerzas opositoras.

"En los meses pasados elementos de la oposición política han conspirado con elementos autoritarios de la extrema izquierda y de la extrema derecha [...] para derribar al Gobierno legalmente elegido en mayo de 2004", ha agregado. Tampoco ha sido más explícito el ministro de Justicia, Raúl González, que ha dicho a los periodistas que las pruebas sobre la trama "serán presentadas en su momento".

El jefe del Ejército, Hermogenes Esperon, anunció esta madrugada la detención de los tres oficiales y su intención de lanzar una intentona golpista hoy, víspera del vigésimo aniversario de la caída del régimen del dictador Ferdinand Marcos. Los arrestados, que se encuentran bajo custodia militar, son el general de brigada Danilo Lim, el coronel Ariel Querubin y el director de la Fuerza de Acción Especial de la Policía, Marcelino Franco, que tenía previsto jubilarse la semana próxima.

Prohibidas las conmemoraciones

Además del estado de emergencia, el Gobierno ha cancelado las conmemoraciones oficiales convocadas con motivo del fin de la dictadura y prohibido las manifestaciones que había preparado la oposición exigiendo la dimisión de la presidenta. Aún así, unos 10.000 simpatizantes de la oposición se concentraron de forma separada en distintos puntos de Manila. Algunos de esos grupos fueron dispersados con cañones de agua por la policía, que efectuó unas 25 detenciones. El ministro del Interior ha advertido de que quienes organicen manifestaciones bajo el estado de emergencia serán acusados de incitar a la sedición.

La oposición al Ejecutivo de Macapagal, que ha provocado un fuerte descontento en amplios sectores sociales, pretendía hacer del aniversario de la caída de Marcos una gran protesta. Acusan a la presidenta de haber orquestado un fraude para ganar las elecciones de mayo de 2004.

Este crisis se originó cuando la oposición divulgó unas cintas grabadas en las que supuestamente se escuchaba a la presidenta dar instrucciones a un alto funcionario electoral para organizar el pucherazo. Desde entonces, no han cesado las movilizaciones para desalojar del poder a Macapagal Arroyo, que en septiembre superó el proceso de destitución en el Congreso, donde cuenta con mayoría de apoyos.