El Supremo de Venezuela ratifica la expulsión de los misioneros de EE UU

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ratificado la medida de expulsión del país impuesta por el Gobierno de Hugo Chávez contra los grupos evangelistas estadounidenses Nuevas Tribus, que se dedicaban a convertir al cristianismo a etnias indígenas asentadas en las regiones selváticas. Una posible medida de amparo por parte del máximo tribunal del país era la última posibilidad que les quedaba a estos grupos de volver a sus actividades en los Estados sureños de Amazonas y Bolívar, de los que una resolución del Ministerio del Interior y Justicia les ordenaba la salida inmediata.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo alegó que las razones por las cuales se les otorgó permiso a estos grupos de misioneros, que comenzaron a realizar actividades en el país a mediados del siglo XX, "podrían entrar en contradicción" con los principios de la Constitución Nacional, aprobada en 1999, pues ésta "procura la preservación de la cultura, idiomas, religiones y derechos originarios de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan".

La decisión de expulsar a Nuevas Tribus de Venezuela fue anunciada por el presidente, Hugo Chávez, el 12 de octubre del año pasado, a propósito de la celebración del llamado Día de la Resistencia Indígena. En esa oportunidad, el jefe del Estado otorgó a los misioneros un plazo de cuatro meses para cesar en sus funciones y retirarse del territorio nacional. Este plazo venció el pasado domingo, 12 de febrero.

En el momento en que expiró el plazo, ya no había misioneros en las zonas tribales, pero muchos de ellos continuaban dentro de Venezuela, en la ciudad industrial de Puerto Ordaz (Estado de Bolívar), a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.

Los miembros de Nuevas Tribus inculcaban el cristianismo a los indios venezolanos con una orientación protestante y les enseñaban el idioma inglés. Por ello, a lo largo de varias décadas, sus actividades fueron objetadas tanto por la Iglesia católica como por grupos que trabajan en la preservación de las culturas aborígenes.

En varias ocasiones se les acusó también de aprovechar su ubicación en el territorio selvático para obtener información estratégica sobre materiales existentes en esas regiones. Éste fue precisamente uno de los argumentos esgrimidos por el presidente Chávez para ordenar la expulsión.

Portavoces de la organización aseguraron que con la medida de expulsión quedarán desasistidas muchas comunidades indígenas a las que ellos les prestaban asistencia y asesoría. Añadieron que, para tomar la decisión, no se consultó la opinión de los afectados, sino que se tomó por razones políticas, desde Caracas.

Las denuncias contra Nuevas Tribus comenzaron a surgir en los años setenta por parte de dirigentes de grupos ecologistas. En la década de los ochenta, se abrió una investigación parlamentaria tras hacerse públicas graves acusaciones formuladas por oficiales de la Guardia Nacional.