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Fox sufre un duro golpe con la muerte del equipo de lucha contra la droga

El siniestro del helicóptero abre las sospechas de un atentado contra la cúpula de Seguridad de México

La institución de seguridad más importante de México, encargada del diseño de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ha quedado descabezada tras la muerte el miércoles de los nueve funcionarios, con el secretario (ministro) de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, a la cabeza, que viajaban en un helicóptero que se estrelló en el Estado de México. La versión oficial del accidente contrasta con numerosos interrogantes de un episodio que asesta un duro golpe al presidente Vicente Fox en la recta final de su mandato.

Junto a Martín Huerta falleció el general Tomás Valencia, comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los dos eran los responsables máximos de una fuerza de 14.000 hombres distribuidos en los Grupos de Operaciones Especiales, Inteligencia, Reacción Inmediata y Policía Federal de Caminos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal es la encargada del operativo México Seguro, puesto en marcha en junio pasado para combatir a las organizaciones de narcotraficantes que, en lo que va de año, han causado más de mil muertes en todo el país.

La muerte de Martín Huerta a los 48 años no sólo deja acéfala la estructura de seguridad del Gobierno de Fox, sino que supone la desaparición de uno de los hombres más identificados política y personalmente con el presidente. "He perdido sobre todo a un amigo entrañable", dijo el presidente en su comparecencia ante la prensa siete horas después de la búsqueda del helicóptero siniestrado. Martín Huerta fue director general de la Asociación de Industriales del Estado de Guanajuato, del que fue gobernador en sustitución de Vicente Fox, cuando éste dimitió en 1999 para competir por la presidencia de la República.

Las horas interminables en que la nave estuvo desaparecida dieron pie a numerosos rumores sobre la posibilidad de un atentado e, incluso, de un secuestro. Mientras los equipos de rescate,—700 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas y 12 helicópteros— peinaban sin éxito una zona boscosa de difícil acceso bajo una intensa niebla, las fuentes oficiales se limitaban a señalar las malas condiciones climatológicas. El hallazgo del aparato desmintió parte de las especulaciones. El primer dictamen de la Procuradoría General de la República (PGR), encargada de la investigación, señala que fue un accidente debido al mal tiempo.

El portavoz de la Presidencia, Rubén Aguilar, se expresó en el mismo sentido y pidió no especular sobre las causas del accidente. Está confirmado que el Bell 412 de la Secretaría de Seguridad Pública se estrelló contra un cerro en las inmediaciones del poblado de San Miguel Mimiapan, en el Estado de México; que la nave se incendió y que los cuerpos de los nueve ocupantes fueron hallados calcinados. No hay duda de que la niebla en aquella zona era intensa, ni de que el piloto Habacuc de León, considerado un oficial experimentado con muchas horas de vuelo, se desvió de la ruta y se adentró en una zona de más niebla, que resultó ser intransitable, aparentemente para sobrevolar la zona nubosa. Así lo certificó el piloto del otro helicóptero que viajaba con la aeronave accidentada.

Estos datos no han logrado despejar todas las dudas, según reflejaba ayer la prensa mexicana, que recordaba otro hecho incuestionable: uno de los ocupantes del helicóptero, José Antonio Bernal Guerrero, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue amenazado por el narcotraficante preso Osiel Cárdenas Guillén, durante una visita reciente que aquel realizó al penal de máxima seguridad de La Palma. Guillermo Ibarra, director de comunicación de la CNDH, explicó ayer que Bernal Guerrero mantuvo un diálogo con Cárdenas, jefe de uno de los carteles de la droga más poderosos, que reclamó el restablecimiento de privilegios carcelarios. Nada es posible al margen del reglamento, fue la respuesta del comisionado, a lo que el capo recluso contestó: "Todo en esta vida se paga".

"Hemos recibido otras amenazas cuando los reclusos nos hacían exigencias. Ninguna se había cumplido. Esperemos que esto no haya sido una amenaza cumplida. Que no se olvide que esto es crimen organizado, con capacidad de interferir comunicaciones radiofónicas", señaló el portavoz de la CNDH.

Martín Huerta se dirigía al penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México, para presidir la toma de posesión del nuevo cuerpo de élite de vigilancia penitenciaria. Uno de los compromisos del Secretario de Seguridad fallecido era la erradicación de las prácticas de corrupción en las cárceles federales. Bernal Guerrero le acompañaba en el mismo helicóptero para realizar una visita de inspección y confirmar a Osiel Cárdenas que no se le concederían beneficios extracarcelarios, según informó la CNDH. El comisionado no ahorró críticas al sistema penal mexicano, y denunció el poder paralelo que ejercen los narcotraficantes en las cárceles.

Ibarra sostiene que hay que considerar tres líneas de investigación sobre las causas del siniestro: "El accidente, la negligencia por volar en zona peligrosa y la amenaza cumplida" y recuerda que la Comisión de Derechos Humanos advirtió de las amenazas al subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Angel Yunes, a quien solicitó protección, y que el martes 20 de septiembre, un día antes del siniestro, entregó una carta a la fiscalía pidiendo que tomara cartas en el asunto. Yunes, primer funcionario que llegó al lugar donde cayó el helicóptero, descartó cualquier relación entre amenaza y accidente.

Los equipos de rescate trabajan junto a uno de los cadáveres recuperados en la zona del siniestro del helicóptero.
Los equipos de rescate trabajan junto a uno de los cadáveres recuperados en la zona del siniestro del helicóptero.EFE

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