El Supremo chileno priva de inmunidad a Pinochet por la Operación Colombo

La Corte Suprema de Chile ratificó ayer, por diez votos contra seis, el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet por la presunción fundada de su responsabilidad en la desaparición de 15 detenidos en la dictadura, que había aprobado en agosto la Corte de Apelaciones de Santiago, y ordenó al juez a cargo del caso, Víctor Montiglio, someter al general a exámenes psiquiátricos antes de continuar con las diligencias. Con este nuevo fallo judicial relativo a la llamada Operación Colombo, el general continúa en el banquillo de los acusados por violaciones de los derechos humanos.

El máximo tribunal aprobó abrir la causa y dejar a Pinochet sin su inmunidad de ex presidente por el montaje que hizo en 1975 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la policía política de la dictadura) para hacer desaparecer a 119 prisioneros políticos en uno de los crímenes más masivos de la dictadura, conocido como la Operación Colombo. En esta operación, los represores simularon que los presos se habían ejecutado entre ellos mediante la colocación de sus documentos de identidad junto a cuerpos de víctimas que aparecían acribilladas en Argentina.

La operación se complementó con dos publicaciones falsas de la DINA en Brasil y Argentina, donde se sostenía que las víctimas habían sido objeto de "ajustes de cuentas" por parte de grupos opositores a Pinochet. La prensa chilena y diplomáticos de la dictadura apoyaron la campaña, mientras que los detenidos, muchos brutalmente torturados, desaparecían de los campos clandestinos de detención, donde muchos supervivientes testificaron sobre su destino.

A pesar del triunfo logrado en la Corte Suprema y que la votación fue más amplia que en la Corte de Apelaciones, donde el desafuero se impuso estrechamente por 11 votos contra 10, los abogados querellantes no se muestran optimistas. El juez Juan Guzmán, que pidió este desafuero, se ha jubilado y ha sido reemplazado por Montiglio, considerado pinochetista y un partidario de la ley de autoamnistía de los militares, que siempre ha votado en contra de las causas de derechos humanos y a favor del ex dictador. Boris Paredes, uno de los abogados querellantes, pidió ayer a Montiglio interrogar y procesar a Pinochet antes de someterlo a exámenes médicos.

Los chequeos serán determinantes en el futuro del ex dictador. Ésta ha sido la vía que le ha permitido escabullirse de la justicia, con el apoyo de los tribunales, en las otras causas por las que ha sido desaforado: los 75 crímenes de la caravana de la muerte, el asesinato del jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa y las nueve desapariciones y un homicidio de la llamada Operación Cóndor. Pinochet está a la espera de que la Corte Suprema resuelva la apelación de su defensa contra el desafuero que determinó la Corte de Apelaciones por sus millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs de EE UU, falsificación de documentos y evasión de impuestos.

El caso de evasión de impuestos —por el que el juez Sergio Muñoz ha procesado a la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, y a su hijo menor, Marco Antonio Pinochet, además de su secretaria privada, Mónica Ananías, y su ex albacea y contable, Óscar Aitkien— es el que más ha complicado a Pinochet y ha contribuido a desmoronar su imagen entre sus partidarios. Nuevas revelaciones le involucran en el pago de comisiones por compras de tanques y aviones de las Fuerzas Armadas chilenas en el pasado.

Abogados de derechos humanos presentaron una octava petición de desafuero del ex dictador, esta vez al juez Alejandro Solís, basada en los testimonios que demuestran que no sólo el jefe de la DINA rendía cuentas diariamente ante Pinochet de la represión, sino que este último visitaba los centros de detención y torturas. Un ex agente de la DINA, el coronel Ricardo Lawarence, testificó ante el juez que Pinochet visitó y dialogó en un campo clandestino de torturas con el entonces secretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz, que estaba detenido y hoy se encuentra entre los más de 1.000 desaparecidos de la dictadura.

Lawrence también afirmó que debió entregar a Pinochet un maletín con dólares que la DINA encontró después de matar al entonces líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en octubre de 1974. La orfandad en que Pinochet ha dejado a los suyos para defenderse de la justicia ha provocado que algunos comiencen a revelar secretos de la represión.