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Reportaje:

Ni Roma ni la CIA pagan a traidores

Un espía del bloque soviético demanda a la agencia estadounidense por dejarle de pagar el precio pactado por su traición

Cuando aquel diplomático, al servicio de un país tras el telón de acero, decidió traicionar a su Gobierno en los años oscuros de la Guerra Fría y pasar información a la agencia estadounidense de espionaje, es posible que nunca imaginará que sería una ley con más de un siglo de antigüedad y dictada durante la Guerra de Secesión (1861-1865) en Estados Unidos la que le hurtaría el pago que el considera que se le debe por su traición.

Este hombre —cuya identidad se mantiene en secreto— y su esposa huyeron de su hogar tras pactar en otro país su precio: según arguye ahora, la CIA le prometió trasladarle a Estados Unidos y garantizar su seguridad económica durante el resto de su vida. Y así ocurrió durante un tiempo, hasta 1997, cuando perdió el trabajo que la agencia gubernamental le había conseguido en un banco. Entonces el ex diplomático se dirigió a la CIA para que directamente le pusiera a sueldo, opción rechazada por el entonces director George Tenet.

El ex diplomático y su mujer —identificados ante los tribunales como John y Jane Doe, el pseudónimo usado en Estados Unidos para proteger el anonimato— decidieron entonces llevar a la CIA ante los tribunales; dos tribunales le dieron la razón, y ahora ha llegado al Supremo bajo la denominación Tenet vs. Doe, No. 03-1395. Ahora se ha filtrado desde el Tribunal Supremo que los jueces se inclinan más por apoyar las tesis de la CIA, respaldando su alegación de que es libre de finiquitar los acuerdos secretos que cerró en el pasado con espías extranjeros., según explica en su edición de Internet el diario estadounidense The Washington Post.

Los jueces han aceptado por bueno el argumento de los abogados de la agencia, que basan su defensa en el precedente de una sentencia del Supremo dictada en 1875 (Totten vs. U.S.) y que afirma que los acuerdos sobre temas de espionaje no pueden hacerse cumplir en los tribunales. En este caso, los herederos de un espía que sirvió al Norte durante la Guerra Civil estadounidense vieron rechazada su exigencia de recibir el pago prometido por el entonces presidente, Abraham Lincoln.

El abogado de los demandantes, David J. Burman, alega sin embargo que no es este el caso, pues sus clientes lo que desean es hacer valer su derecho constitucional a que se haga justicia. Pero los jueces opinan que no se verían en esta necesidad si no mediara el tema del acuerdo sobre espionaje.

De fondo en este proceso late la expectación social por ver si el Tribunal Supremo puede y quiere imponer restricciones legales al Ejecutivo —del que depende la CIA— en lo que se refiere a las operaciones clandestinas llevadas a cabo por sus servicios de inteligencia, en el candelero por su actuación durante la recién emprendida guerra contra el terrorismo que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La sentencia se espera para julio.

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