Macedonia decide en referéndum sobre la organización territorial del plan de paz

Los ciudadanos de Macedonia están convocados hoy a las urnas para votar en un polémico referéndum propuesto por la oposición y muy criticado por las fuerzas gubernamentales. El objeto es consultar sobre la nueva organización territorial, parte vital del acuerdo de paz, que cuenta con concesiones importantes a la minoría albanesa del país balcánico.

El plebiscito fue convocado a iniciativa de la oposición macedonia y tiene como objetivo la abolición de la nueva normativa, aprobada en agosto pasado, que prevé la formación de municipios de mayoría albanesa en el oeste del país e introduce la cooficialidad del idioma albanés junto con el macedonio en la capital.

Con la nueva ley, la ciudad suroccidental de Struga se convirtió en una de mayoría albanesa mediante la anexión de municipios rurales poblados por albaneses, y se prevé para 2008 igual medida también en la occidental Kicevo. La ley sobre Skopje, la capital, hizo aumentar la población albanesa en más del 20% con la anexión de municipios rurales, lo que introdujo la cooficialidad del idioma albanés con el macedonio.

Retraso en la normalización del país

La oposición considera que las nuevas leyes llevan a la creación de cantones o a una federación en contra de la Constitución que define a Macedonia como un Estado unitario, aunque sus temores fueron rechazados por el Gobierno. Los partidos en el poder hicieron un llamamiento para el boicot de la consulta, que según aseguran ralentizará las reformas y el progreso hacia la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Esas leyes son parte del conjunto de normas de descentralización que es parte crucial del plan de paz de agosto de 2001 que puso fin a siete meses de rebelión armada de los separatistas albaneses. El acuerdo de paz pactado con ayuda de la UE y EE UU supuso concesiones constitucionales a la minoría albanesa, que es un 25% de los dos millones de habitantes de Macedonia centrados en el norte y noroeste.

Para que el referendo tenga éxito, tendrá que acudir a las urnas al menos la mitad del censo electoral y más del 50% de ellos pronunciarse en contra de las nuevas normativas. En ese caso, esas leyes quedarían automáticamente abolidas.