El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratifica la condena a muerte de más de cien presos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó ayer una apelación de más de cien condenados a muerte que recurrieron su sentencia basándose en un dictamen de esa misma corte, que señaló que sólo los jurados, y no los jueces, pueden aplicar la pena máxima.

Fuentes judiciales han explicado que la decisión significa que se mantendrán sin cambios las fechas previstas para las ejecuciones de esos reos. El fallo del Supremo, por cinco votos a cuatro, se produce dos años después de que el alto tribunal señalara que en un juicio con jurado sólo los miembros de ese jurado pueden determinar si se puede aplicar la pena de muerte al convicto. Más de un centenar de condenados a muerte por jueces en los estados de Arizona, Montana, Idaho, Nebraska y Colorado habían presentado apelaciones a la sentencia apoyándose en el precedente de esa decisión.

Pero la negativa del Supremo, sobre la base de que no podía tomar decisiones de manera retroactiva, quedó ratificada ayer en el caso de Warren Wesley Summerlin, sentenciado a la pena capital hace más de 20 años por un juez que, que poco después de dictar esta sentencia, dejó sus funciones por problemas de drogadicción. El alto tribunal anuló una revocatoria de sentencia emitida por un juez de San Francisco y ratificó la condena a muerte emitida por un juez de Arizona. Summerlin fue condenado a muerte por la violación y el asesinato de una cobradora que llamó a la puerta de su casa en 1981 para el pago de una deuda por la compra de un piano.

Más de 900 ejecutados desde 1976

Uno de los magistrados que opuso a la decisión de la mayoría, el juez Stephen Breyer, consideró que "el derecho de beneficiarse de la sentencia de un jurado en el contexto de una condena a muerte es un aspecto fundamental de la libertad constitucional" que permite, según él, decidir con mayor equidad la pertinencia de la aplicación de la pena de muerte.

La decisión ha sido de inmediato criticada por la oficina en EE UU de Amnistía Internacional, que mantiene una posición contraria a la pena de muerte. "Hoy el Tribunal Supremo ha puesto un nuevo obstáculo a la protección constitucional", ha señalado William Schulz, director ejecutivo de AI en este país. "Éste es otro ejemplo atroz de la naturaleza caprichosa y arbitraria de la pena de muerte en EE UU y una nueva prueba de por qué se le debe abolir", ha añadido Schulz.

El Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976 y, desde entonces, han sido ejecutados 915 convictos, alrededor de un tercio de ellos en el Estado de Texas.