La denuncia de la fiscalía peruana contra Fujimori allana el camino para su extradición

La fiscal del Estado peruana, Nelly Calderón, ha denunciado hoy ante la Corte Suprema al ex presidente peruano Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad en el asesinato de 25 personas en 1991 y 1992, y de la ex agente de inteligencia Mariella Barreto, en 1997. Estas acusaciones abren el camino para la extradición de Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre del año pasado.

Calderón ha pedido el embargo de los bienes de Fujimori con el fin de garantizar el pago de la reparación civil de los parientes de las 15 personas asesinadas en el distrito limeño de Barrios Altos, en 1991,así como de la familia de Barreto y de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, muertos en 1992.

La fiscal ha formulado la acusación contra Fujimori al vencer hoy el plazo fijado por ley, después de que el Congreso acusara constitucionalmente al ex mandatario, el 27 de agosto pasado, por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada.

El Congreso señaló además a Fujimori como presunto coautor de las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta, ejecutadas por un escuadrón de la muerte clandestino integrado por militares, conocido como Grupo Colina.

Durante la investigación se determinó que el ex mandatario conocía al detalle las operaciones de aniquilación que efectuaba el Grupo Colina, lo que fue corroborado con las declaraciones de los integrantes de este grupo paramilitar, detenidos en diversas cárceles del país. Éstos declararon que el ex presidente no sólo coordinaba con su

ex asesor, hoy preso, Vladimiro Montesinos, los crímenes que perpetraba el "Grupo Colina", sino que además impulsaba dichos actos mediante la condecoración y reconocimiento a los militares que participaran en las operaciones.

Satisfacción en Perú

El ministro de Justicia de Perú, Fernando Olivera, ha dicho hoy que la denuncia presentada por Calderón va a "fortalecer el expediente de extradición que se formalice ante Japón".

La denuncia interpuesta por Calderón abre el camino para que las autoridades peruanas formulen una petición de extradición ante el Gobierno de Tokio y para que dicten una orden de captura internacional contra el ex mandatario.

"Además como no está en el país, se tiene que dictar orden de captura internacional. Una vez que el vocal supremo

abra instrucción y disponga la captura internacional, conjuntamente con el procurador del Estado, se trabajará el expediente de extradición", ha precisado.

Olivera ha manifestado que con este fin el Gobierno "iniciará una estrategia para lograr la extradición de Fujimori en la que intervendrán el Gobierno, la Cancillería y el Ministerio de Justicia".

También ha anunciado que se emprenderá una "campaña informativa internacional" que permita que la Justicia pueda traer al país al ex mandatario para que responda por los graves delitos que se le imputan.

Oposición de Japón

Sin embargo, el Gobierno de Tokio se opone firmemente a conceder dicha extradición, ya que formalmente Alberto Fujimori es ciudadano de Japón, del que emigraron sus padres a Perú.

"En conformidad con la ley japonesa, los ciudadanos japoneses no pueden ser extraditados", ha indicado Takeshi Seto, un jurista de la división especializada de la oficina de Asuntos criminales del Ministerio japonés de la Justicia.