Comienza en Bruselas el juicio contra cuatro acusados por el genocidio de Ruanda

Los acusados, todos de la etnia hutu, son las religiosas Consolata Mukangango y Julienne Mukabutera, el profesor Vincent Ntezimana y el político Alphonse Higaniro.

Las religiosas Mukangango (sor Gertrudis), superiora del convento, y Mukabutera (sor María Kisito) están perseguidas por las masacres cometidas en el convento de Sovu, en el que perecieron más de 7.600 refugiados en mayo de 1994.

Ambas religiosas están acusadas de facilitar a la milicia extremista hutu "Interhamwe" bidones de gasolina con los que quemaron vivas a entre 500 y 700 personas en un garaje (22 de mayo), tres días más tarde propiciaron los asesinatos masivos de otros 600 tutsis y el 6 de junio "entregaron" a otros 30 refugiados de su convento, según el acta de acusación.

Algunos testigos aseguran que sor Kisito, que tenía dos hermanos que formaban parte de las milicias, participó en la quema de los refugiados "vertiendo ella misma la gasolina y avivando el fuego con hierba seca".

Los psiquiatras aseguran que las dos religiosas son "responsables de sus actos" y que desde los acontecimientos de 1994 en Ruanda ambas sufren "estrés postraumático".

Listas de profesores

Vincent Ntezimana, de 39 años, profesor universitario en Butare, está acusado de asesinar a nueve personas cuyos nombres se conocen y a un número indeterminado no identificadas entre abril de 1994 y mayo de ese mismo año.

Ntezimana, aprovechándose de su cargo como presidente de la asociación académica de personal de la universidad de Butare, elaboró supuestamente varias listas de profesores de origen tutsi que pretendían salir del país, para conducirlos a la muerte.

Este profesor universitario es el presunto autor de un texto publicado simultáneamente en Ruanda y Bélgica en 1991 que, bajo el título "Llamada a la conciencia de los hutus", terminaba con "los diez mandamientos" en los que alentaba a la exclusión y eliminación total de la minoría tutsi en su país natal.

Ejecuciones masivas

El cuarto de los acusados, Alphonse Higaniro, de 51 años, fue ministro, próximo al presidente Habyarimana, propietario de una fábrica de cerillas en el momento en que tuvo lugar el genocidio y "abiertamente antitutsi".

Durante las masivas ejecuciones y mientras se encontraba en su residencia cercana a Gisensy pidió a sus obreros que "trabajaran" e hicieran "limpieza", dos términos que en esas fechas eran utilizados como sinónimos de "matar" y "exterminar".

Además está acusado de dirigir el asesinato de sus vecinos, cerca de Gisensy, al negarse éstos a abandonar sus propiedades.

Esta es la primera ocasión en la que se aplicará la ley aprobada el 16 de junio de 1993 que otorga a los tribunales belgas la competencia de juzgar crímenes del derecho internacional, independientemente del lugar donde se haya cometido el crimen, las nacionalidades de los acusados o su lugar de residencia.

También será la primera vez que ciudadanos ruandeses (actualmente residen en Bélgica) se presentan ante un tribunal penal civil de otro país y ante un jurado popular -compuesto por 12 personas más 12 suplentes- para responder por los crímenes cometidos en 1994.

Cerca de 170 testigos serán llamados a declarar, entre ellos medio centenar de personas que han aceptado viajar desde Ruanda hasta Bruselas. Bélgica, que se hace cargo de todos sus gastos, es el único país que se ha disculpado públicamente ante el pueblo ruandés por el papel desempeñado por la ONU, que sacó del país a sus cascos azules.