Exigir exámenes de integración a los inmigrantes es retrógrado

1. La ciudadanía como mercancía

La principal limitación de los análisis más recientes de la ciudadanía y la migración, in­cluidos los liberales y los de izquierdas, es que suelen abordar el acceso a la ciudadanía como una cuestión de derechos individuales. La ciu­dadanía se concibe como un título que se he­reda por haber nacido en un determinado país o que debe obtenerse (ya sea por medios finan­cieros o demostrando ciertas competencias cívicas). Esta concepción teórica es aceptada sin tener en cuenta que el análisis de la ciudadanía enten­dida como un derecho individual menoscaba la posibilidad de un enfoque distinto, dinámi­co y más centrado en el proceso. Transformar la ciudadanía en un bien estático y reducirla a un título individual despoja de fuerza crítica la acción política orientada a la construcción de un camino compartido para una alternativa democrática.

2. La ciudadanía en el Estado capitalista es exclusiva y excluyente

Las dimensiones excluyentes de la ciuda­danía quedan de manifiesto si contemplamos las modalidades con las que esta se extiende a posibles nuevos miembros. Una de dichas mo­dalidades consiste en la capacidad de comprar la ciudadanía (o un permiso de residencia por la vía rápida) por parte de quienes demuestran poseer medios y habilidad para contribuir pro­ductivamente a la comunidad anfitriona. En general, se trata de inversores financieros, de personas interesadas en adquirir bienes in­muebles o de todo aquel que esté dispuesto a abonar una suma muy alta a cambio de la emi­sión de un pasaporte a su nombre o de un per­miso de residencia que le dé derecho a benefi­cios muy distintos de los que se conceden a quienes no disponen de los mismos medios fi­nancieros. Otra modalidad consiste en un exa­men de competencia lingüística y de integra­ción cultural que valide el dominio de unos requisitos básicos que, en todo caso, cada vez están más difundidos en el mundo. Accesibles tan solo para quienes acreditan una residencia de larga duración, estos exámenes tienen por objeto verificar que las personas que residen en cierto territorio merecen convertirse en ciuda­danos de este, siempre que demuestren su fa­miliaridad con las normas lingüísticas y socia­les dominantes en la comunidad anfitriona.

3. Las políticas de ciudadanía refuerzan hoy el carácter de clase del Estado

Afirmar que el Estado tiene hoy un carácter de clase equivale a decir que la capacidad del Estado de actuar como plataforma política que equilibra y modera los conflictos entre grupos sociales de manera justa, por ejemplo a través de medios democráticos, se ha erosionado progresivamente. El Estado se convierte, más bien, en un agente al servicio de los intereses de las élites con poder (sea político o económi­co), que pueden aprovecharse de las políticas vinculadas a la residencia o a la ciudadanía para premiar a los integrantes de los grupos con más dinero y poder o para frenar y castigar a los grupos más vulnerables.

4. Ya no vivimos en democracias, sino en oligarquías

Cuando es comprada y vendida, en vez de ser concebida como un vehículo de emancipación política, la ciudadanía se convierte en un ins­trumento de dominio y opresión. La democra­cia, como ideal que profesa que todos tenemos un papel en el gobernar y en el ser gobernados, se transforma paulatinamente en una forma de oligarquía por medio de la cual una minoría rica controla el poder político, adueñándose de los medios para conquistarlo y ejercerlo.

5. El mercado controla el Estado, no al revés

En lugar de ser el instrumento con el que se mitigan los excesos de los mercados y se reivin­dica la prioridad del proceso decisorio demo­crático, la ciudadanía, si se compra y se vende, se transforma en una mercancía como cual­quier otra. El Estado, en lugar de contribuir a domeñar el poder capitalista del mercado, se arrodilla ante él.

6. Antaño la ciudadanía tenía como requisito la propiedad (y el dinero). Sigue siendo así

Otra modalidad de acceso a la ciudadanía consiste en someter a los candidatos a adqui­rirla a exámenes que verifiquen una compe­tencia suficiente en la lengua de la comunidad anfitriona y unos conocimientos suficientes de sus normas políticas básicas. En muchos países estos exámenes son de pago (de hecho, una de las concesiones que hizo el gobierno británico tras el escándalo Windrush, que en 2018 reveló las deportaciones y el trato injusto a los que habían sido sometidos numerosos ciudadanos británicos de origen caribeño, mu­chos de los cuales habían llegado legalmente al país entre 1948 y 1971, fue eliminar la tasa para los migrantes de la generación Windrush). Vincular la obtención de la ciudadanía a la ad­quisición de bienes nos remite a los tiempos en los que los requisitos de propiedad determi­naban quién tenía derecho al sufragio.

7. La explotación del trabajo es alimentada por una concepción etnocultural de la ciudadanía que, a su vez, niega a los trabajadores inmigrantes la representación política

Los exámenes de competencia lingüística y cívica para el acceso a la ciudadanía fusionan el concepto progresista y cívico de una comuni­dad política con su reverso etnocultural, redu­ciendo el ideal universal e inclusivo a un ideal particularista y excluyente. Si no se aprueba el examen de integración cívica, no se obtiene la ciudadanía y, con ella, los derechos políticos que le son propios. Esto recuerda a los tiempos en los que a aquellos que solo hablaban dialec­tos, o no sabían leer ni escribir en la lengua na­cional, no se les concedía ni voz ni participación en las decisiones políticas. Los exámenes de ciu­dadanía, al incluir estos elementos lingüísticos y cívicos, sustituyen un ideal con vistas al futuro y transformativo de la comunidad política y de­mocrática por otro retrógrado y conservador.

8. La ciudadanía en el Estado capitalista consolida la marginación estructural

En el pasado, las luchas por la ciudadanía y la ampliación del derecho al sufragio se in­tegraban en el combate por la progresiva inclu­sión de distintos grupos antaño marginados y privados de derechos: los pobres, los traba­jadores, las mujeres, los habitantes de las co­lonias... Por el contrario, las políticas actuales de ciudadanía reifican dichas exclusiones y con­solidan las divisiones por razón de clase, de género y de etnia en las que aquellas hunden sus raíces. La ciudadanía refuerza la división entre quienes son considerados merecedores de pertenecer a la comunidad política y sus integrantes de segunda categoría, que no lo­gran demostrar que cumplen con los criterios considerados esenciales para dicho título. La ciudadanía, entendida de esta forma, en lugar de ser un instrumento para amparar a los miembros más vulnerables de la comunidad política, agrava y reproduce su marginación.