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Punto de observación
Columna
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El éxito o fracaso de la amnistía dependerá de sus consecuencias

Las negociaciones requieren discreción, pero Pedro Sánchez y sus portavoces han dejado a los ciudadanos en un absoluto vacío político

Amnistia
Patricia Bolinches
Soledad Gallego-Díaz

Habrá que esperar. “En el mundo de las noticias siempre hay que esperar al sacramento de la confirmación”, decía Voltaire. En el mundo de la política, también. Pero mientras la proposición de ley orgánica de Amnistía se presenta en el Congreso y el Tribunal Constitucional se pronuncia, se irán produciendo acontecimientos políticos que permitirán valorar lo pactado. La arriesgada maniobra de Pedro Sánchez saldrá bien si queda claro (como queda en el documento firmado con ERC) que los independentistas aceptan que no son posibles consultas sin acuerdo institucional previo, una manera de renunciar en los hechos a la unilateralidad; saldrá bien para Sánchez si el PSC sigue aumentando su voto, y para Alberto Núñez Feijóo si el PP termina encontrando otros posibles aliados. Saldrá bien si la batalla que plantean sectores judiciales conservadores no se desquicia y admiten que solo el Constitucional tiene competencia para pronunciarse sobre la ley orgánica de Amnistía.

Saldrá mal si, a la postre, sale reforzado el independentismo, si el PSC pierde voto en las próximas elecciones catalanas o si los portavoces independentistas pisan de nuevo las líneas rojas, digan lo que digan los documentos firmados.

Saldrá mal si todo esto empuja a Núñez Feijóo a manos de los sectores más duros de su partido y su líder no actúa en sentido contrario, alejando su mensaje del de Vox. Saldrá mal si el PP, arrastrado por quienes creen que las naciones se crearon en el Génesis, alimenta el ultranacionalismo español. Si no comprende que utilizar un lenguaje tan brutal como vienen usando aleja cualquier posible aproximación de sectores de la sociedad que pueden compartir la inquietud ante la política de Sánchez, pero que no soportan esa violencia verbal: “Asistimos a la abolición del Estado de derecho”, “se destruye el orden constitucional”, “el principio del fin de nuestra democracia”.

Se constata también que el actual equipo directivo del PSOE es un mal negociador. Es verdad que administran un gran caudal político sin ayuda, mejor dicho, con la antipatía de los mejores próceres del partido, pero también que no han sabido atraer a su proyecto a las mejores cabezas políticas del entorno socialista. También lo es que las negociaciones se llevan a cabo necesariamente con discreción. Sin embargo, en este caso no se ha tratado de discreción, sino de vacío. La discreción podía haber sido compatible con un potente y articulado mensaje político, que ha brillado por su ausencia. Ni el presidente en funciones ni sus portavoces han prestado la más mínima atención a sus electores. Esa falta de comunicación ha hecho todavía más difícil de comprender algunos de los acuerdos a que se ha llegado, no solo la polémica ley orgánica de Amnistía (por ejemplo, las quitas de deuda autonómica necesitan mucha pedagogía), así como los insoportables agobios de última hora para único disfrute de un personaje tan repelente para los socialistas como Carles Puigdemont.

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Sea como sea, antes de acudir a la investidura es imprescindible que los ciudadanos conozcan, clara e íntegramente, cuáles son los acuerdos que permitirán a Pedro Sánchez formar gobierno durante los próximos cuatro años. Que el texto de la proposición de ley de Amnistía se conozca tan tarde no supone ninguna ventaja para los socialistas, no solo porque ha dejado espacio para multitud de especulaciones, sino porque, además, ha perjudicado su imagen, presentándolos como negociadores acorralados. Esa confusa negociación ya no tiene remedio, pero ahora el Partido Socialista está obligado no solo a explicar el contenido de la amnistía, sino también el de todos los compromisos a que haya llegado en nombre del futuro Gobierno. Y hacerlo rápidamente y de pe a pa.

En el caso de la proposición de ley de Amnistía, y precisamente porque la amnistía solo puede ser consecuencia de una decisión del Congreso de los Diputados, no sería de recibo que se tramitara con lectura única ni tan siquiera con un procedimiento de urgencia. Es en ese foro donde los portavoces independentistas deben aceptar el debate y donde explicar sus objetivos y los procedimientos que consideran válidos para alcanzarlos. Y donde el PP debe explicar de una vez si aspira a gobernar solo con Vox como aliado. No bastará con lo que se diga en la sesión de investidura, importará lo que se hable, paso a paso, y sin tanta fanfarria, en el debate parlamentario.

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