Hacer las cuentas al revés

¿Qué Estado de bienestar quieren los ciudadanos?, ¿hasta dónde debe llegar?, ¿cómo lo financiaremos? Como reacción al parón económico relacionado con la pandemia del coronavirus, en los últimos meses se expande en todas partes la acción del Estado a una velocidad y a una escala sin precedentes en tiempos modernos, incluso en aquellos años en que el paradigma dominante era el keynesianismo. El ejemplo más cercano sería el New Deal del presidente Roosevelt en EE UU en los años treinta del siglo pasado. Una de las discusiones principales abiertas con fuerza es la de la elasticidad del gasto público que se está utilizando como principal política económica. Cuando se consiga que los países vuelvan a crecer a velocidad de crucero y entren en una coyuntura de normalidad, ¿el gasto público retrocederá a los niveles previos a la covid-19, o más bien tenderá a hacerse permanente?

Los ciudadanos ya se han dado cuenta en este tiempo que incluso en los países más avanzados los sistemas de protección social (sobre todo el sanitario) eran débiles e ineficaces cuando más se necesitaron. Esos mismos ciudadanos demandan, con más naturalidad que antes, que las redes de protección social estén en forma para combatir ésta y otras desgracias que puedan llegar, y que no dejen a nadie atrás en la parte baja del ciclo económico, como sucedió durante la Gran Recesión. La cuestión principal es el Estado de bienestar que se necesita a partir del poscovid y cómo se puede financiar.

Esta es la gran discusión y todas las demás giran alrededor de ella. Las ideas centrales del tan citado nuevo contrato social, y los consensos a que se llegue en la comisión parlamentaria de reconstrucción, deben contestar a estas preguntas, y no desviar la atención con aspectos instrumentales de segundo orden (los célebres Macguffin). Con qué ingresos públicos, clásicos o nuevos, directos o indirectos, se va a contar, y qué parte del coste del welfare se va a dejar para el futuro, en forma de deuda pública que habrá de ser pagada por nuestros hijos o nuestros nietos, sin que ellos hayan sido consultados. Esta es la forma de hacer las cuentas, y no al revés.

La respuesta no pueden ser las políticas de talla única. No es lo mismo España que Suecia. En un país como el nuestro la polémica tiene aún más significación cuando las previsiones de crecimiento de los organismos internacionales son a cada cuál más alarmante (lo que genera más expectativas de necesidades) y la recaudación de ingresos públicos cae mucho y amenaza con ser mayor en el futuro inmediato. En este contexto, el relator especial de la ONU para España ha hecho pública la situación que vio en nuestro país hace escasos meses y algunas de sus conclusiones. Ese relato no es palabra de Dios, pero acierta en las principales tendencias: impuestos insuficientes para financiar la protección social, cuyo sistema “está roto, no se financia suficientemente, es imposible no perderse en él y no llega a las personas que más lo necesitan”.

La descripción del hombre de la ONU golpea como un puño: después de la Gran Recesión de 2008 sigue habiendo una situación de gran pobreza, una alta tasa de desempleo, una situación de paro juvenil crónica, una crisis de la vivienda de enormes proporciones, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases más acomodadas que a los pobres, “y una mentalidad burocrática que permite a las autoridades eludir su responsabilidad y valorar más el formalismo que el bienestar de las personas”.

Esta situación excepcional requiere un nuevo modo de pensar, que pasa por hacer los números al revés de como se están haciendo. Primero qué y luego cómo. En su Teoría General, Keynes avisó que la dificultad no radicaba en las nuevas ideas sino en escapar de las viejas que, para quienes han recibido la formación más convencional, se ramifican hasta alcanzar una esquina de sus mentes.