La cuesta del ahorro de los autónomos

En la actualidad hay 3,3 millones de autónomos sembrando lo que recogerán el día que se jubilen y una buena parte de ellos apuesta por cosechar fuera del sistema público. “Muchos autónomos, tanto como el 40%, tienen contratado un seguro privado de pensiones”, cuenta al otro lado del teléfono Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Un dato que, dice, contrasta con las cotizaciones al régimen de autónomos.

Casi el 65% cotiza por la base mínima, según estadísticas de la Seguridad Social. Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Organizaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), eleva esta cifra al 82% en el caso de las personas físicas que trabajan por cuenta propia. Y Abad dice que el 87% de todos los autónomos están en las bases mínimas correspondientes a sus condiciones.

Pero ¿qué puede llevar a un autónomo a decantarse por un plan individual frente a un incremento en lo público? Ferrero dice que tras la tendencia a cotizar por la mínima está la incertidumbre ligada a los ingresos: “Hace que muchas veces estén pensando más en la liquidez del día a día, en poder sobrevivir, y no tanto en la planificación, que es lo que les permitiría el sistema, puesto que tienen elección de bases”. Tienden a acudir a planes de pensiones individuales, cuenta, para tener flexibilidad respecto a las aportaciones.

Para Abad, entran en juego otro tipo de beneficios. “Los planes de pensiones privados normalmente generan unas ventajas fiscales que la aportación al sistema público no genera”, asegura. Este año, las aportaciones con desgravaciones se redujeron de 8.000 euros a 2.000 y en 2022 descenderá hasta los 1.500. Aproximadamente una tercera parte de los autónomos, señala, tiene rendimientos insuficientes para elevar la base, y hacer frente al pago de la mínima le supone ya un esfuerzo considerable. En los dos millones restantes, comenta, existe una falta de confianza en el sistema público por un lado y, por otro, una “inmensa mayoría” obedece a razones fiscales.

Sobre cómo frenar esta fuga entre modelos, Abad es contundente: ajustar la cotización a los ingresos reales con tramos que restablezcan la justicia contributiva. “Estamos en una situación en la que somos conscientes de que el sistema público tiene que reforzarse. Pero ese refuerzo pasa porque los que más tienen y pueden sean los que más esfuerzos dediquen económicamente”.

Alfonso Sánchez, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), apunta por correo electrónico que lo que se ha visto “en años previos se explica, en buena medida, por un diseño ineficaz de las pensiones del RETA”. La elección de base, dice, es muy compleja y exige información y racionalidad “que van más allá de lo esperable de trabajadores de carne y hueso”.

También hace referencia a la imposibilidad de cotizar por bases altas una vez avanzada la vida laboral si no se ha hecho anteriormente. “El diseño del sistema es el opuesto a lo razonable: se dificultan las cotizaciones elevadas al final de la vida, cuando hay recursos disponibles, y se exige hacerlo al principio, cuando no hay recursos disponibles”. Y, por último, “el sistema no proporciona información suficiente sobre su evolución futura para que los autónomos puedan elegir bases altas de cotización con seguridad”.

“Los autónomos se jubilan, en general, bastante tarde, con historiales contributivos largos y bases reguladoras pequeñas. Sorprendentemente, solo un porcentaje pequeño de ellos recibe la pensión mínima al jubilarse”, apunta. Actualmente, la prestación media de un autónomo es 500 euros más baja que la media de un asalariado, 795 frente a 1.338.

“Existe una amplia gama de productos de pensiones individuales o seguros de ahorros que se pueden ir adaptando a las necesidades y a la aversión al riesgo de los autónomos”, comenta por escrito José Manuel Jiménez, presidente del Instituto Santalucía. En este sentido, Sánchez opina que la mejor solución respecto al ahorro a largo plazo no recae tanto “en el diseño de productos perfectos”, sino en el acceso “a una asesoría de ciclo vital profesional e independiente”.

De acuerdo con datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión (Inverco), tan solo el 1% del patrimonio total del sistema de pensiones de empleo corresponde a las pymes. Este tipo de empresas, comenta Ángel Martínez-Aldama, presidente de la asociación, normalmente tienen menos margen de beneficios, “por lo tanto, establecer un plan de pensiones significa un coste laboral más”. Por otro lado, ha habido una limitación progresiva de incentivos para constituir estos planes. Todo ello sumado a que este no haya sido un tema recurrente en las mesas de diálogo de la negociación colectiva se ha traducido en una baja implantación.

La contratación de planes de pensiones, apunta Jiménez, generalmente “siempre tiene ventajas para el autónomo o empleado de una pyme, ya que complementan las pensiones”. La otra cara son los costes adicionales que pueden suponer. “No olvidemos que la parte de salario diferido del empleado para soportar las pensiones públicas es casi del 30%”. Martínez-Aldama asevera que un plan de empleo, sin duda, supone un coste, pero que es un motor de atracción y mantenimiento de talento. Además, es un gasto deducible.