Fiscalía y acusados del vertedero de Zaldibar pactan eludir la cárcel a cambio de indemnizar a las familias

Diecinueve meses después de que un inmenso aluvión de residuos industriales se tragara los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), el caso ha dado este viernes un nuevo giro. Sus máximos responsables, acusados de un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores, podrían eludir la cárcel, según el preacuerdo al que han llegado y que supone aceptar todos los cargos. Según el preacuerdo que habrá de ser ratificado en el juzgado, los acusados José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Etxebarria, aceptan seis meses de prisión por todos los cargos y deberán indemnizar de forma conjunta a las familias de las víctimas con 2,7 millones de euros. Al no tener antecedentes penales, los acusados no ingresarán en prisión.

El acuerdo, labrado a lo largo de los dos últimos meses, se ha hecho público apenas tres días después de que el Gobierno vasco comunicó a las familias de los dos fallecidos que abandonaba las labores de búsqueda del cuerpo de Joaquín Beltrán. No obstante, sigue abierto un segundo proceso penal contra los acusados por presuntos delitos medioambientales, por lo que el suceso continúa investigándose en los juzgados. En este segundo caso, según el artículo 325 del Código Penal, los acusados se enfrentan a penas de entre seis meses y los dos años de prisión.

Podemos Ahal Dugu sostiene que el acuerdo alcanzado debe estar acompañado de una aceptación de responsabilidades por parte de la parte acusada: “Se deben depurar todas las responsabilidades, tanto penales como económicas y políticas, siendo conscientes de que nada puede compensar la pérdida de una vida humana”.

Tras dar por concluidas las labores de búsqueda, el vertedero permanecerá cerrado, y por tanto ya no recibirá más residuos. “Es necesario un cambio radical en el modelo de gestión de residuos que han promovido el PNV y el PSOE en las últimas décadas. Debemos apostar por la economía circular y el residuo cero es una deuda que tenemos con Joaquín y Alberto”, han señalado desde Podemos.

Por su parte, el parlamentario de Eh Bildu Mikel Otero se ha mostrado en contra del fallo y ha señalado al Gobierno vasco como el principal responsable de lo ocurrido: “Los delitos que ahora reconoce la empresa fueron posibles porque los controles de la Administración en el vertedero fallaron estrepitosamente, y eso requiere la depuración de las correspondientes responsabilidades políticas. Los procesos judiciales en marcha no pueden cerrarse, por lo tanto, sin aclarar y depurar las responsabilidades del Gobierno Urkullu. Es una cuestión de pura justicia”.

El vertedero de Zaldibar cuenta con una extensión de 140.000 metros cuadrados, en donde se llegaron a almacenar hasta tres millones de metros cúbicos de residuos en el momento del derrumbe del 6 de febrero de 2020. Desde el primer momento, bomberos y ertzainas intentaron la recuperación de los dos cuerpos. Dos días antes de los hechos que acabaron con las vidas de Sololuze y Beltrán, la empresa Verter Recycling 2002 admitió la existencia de grietas, si bien se siguieron los trabajos con total normalidad.