El redactor de los protocolos para residencias declara ante el juez que protestó porque eran discriminatorios, según la abogada de las familias

El principal redactor de los protocolos de triaje para las residencias madrileñas durante la covid, el médico Javier Martínez Peromingo, ha asegurado este martes ante un juez que consideraba que su contenido era discriminatorio, según ha relatado la abogada acusadora, Alejandra Jacinto, presente en la sala. Era la primera vez que hablaba como imputado un exresponsable de la gestión de aquella crisis en la que murieron miles de personas sin asistencia hospitalaria, pero no han quedado claros los detalles de su declaración judicial porque la prensa no puede acceder a las salas de vistas en la fase de instrucción. Peromingo y su abogado, Borja Fiestas, han declinado hacer declaraciones a EL PAÍS.

Al terminar la sesión de unos 40 minutos, Jacinto ha hablado con la prensa que esperaba en la calle, en Plaza de Castilla. Ha dicho que Peromingo ha “incriminado” a ese antiguo alto cargo, Carlos Mur. Este último era el director de coordinación sociosanitaria, un puesto de la Consejería de Sanidad responsable de la asistencia a las residencias de mayores. Mur, un psiquiatra, elaboró los protocolos de triaje a las residencias de mayores junto con un grupo de geriatras liderado por Peromingo, que trabajaba en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles y era coordinador sociosanitario de los hospitales de Quirónsalud en la sanidad madrileña.

Según la abogada acusadora, Peromingo ha dicho que manifestó “en reiteradas ocasiones tanto por escrito, por correo electrónico, como por WhatsApp” sus objeciones a las peticiones de Mur. La abogada ha añadido que Mur aceptó esas quejas de forma despreocupada y por eso hubo hasta cuatro versiones de los protocolos.

Es probable que Peromingo se refiriera hoy a que se opuso a las tres primeras versiones de los protocolos, pero no a la cuarta y definitiva, porque eso fue lo que dijo en 2021 durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid. El debate sobre si esas directrices eran discriminatorias es clave porque a los investigados se les imputa un delito de discriminación en el acceso a un servicio público.

Mur y otro ex alto cargo, el gerente del Summa 112, Pablo Busca, también estaban citados hoy como imputados, pero no han comparecido. Indignada con esta ausencia, Jacinto ha anunciado a los periodistas que iba a pedir al juez que los declare en busca y captura. “Nos parece un chasco y una absoluta vergüenza”, ha dicho poniendo énfasis en Mur. “Este señor parece estar desaparecido o se está detrayendo de la acción de la justicia”. Mur tampoco fue localizado en junio de 2023 por otro juzgado que lo citó como testigo, cuando vivía en Andorra, pero sí ha comparecido en otras ocasiones.

Poco después de que Jacinto hiciera esa acusación, Mur ha enviado un mensaje a este diario para aclarar que el juzgado no le ha notificado y que se enteró el viernes por la prensa de que le habían citado hoy. Mur se refería a las notas de prensa que enviaron a los medios las asociaciones de familias, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, para anunciar la citación judicial de este martes y otra este miércoles en Collado Villalba.

“Siempre que se me ha llamado he ido”, ha dicho Mur. “Iré encantado. Las víctimas y sus familias merecen conocer toda la verdad de lo acontecido durante la pandemia de forma minuciosa. Con todo tipo de documentación. ¡Faltaría más!“

La sesión de esta mañana ha transcurrido en el Juzgado de Instrucción 23, cuyo titular es Jesús María Ricardo Serrano, uno de los múltiples jueces que han imputado a exresponsables autonómicos. Después de cinco años de reveses, la causa de las familias parecía perdida hasta que esta primavera comenzó una reguero de imputaciones. Sin embargo, las investigaciones se han ralentizado a causa de una disputa sobre si debe abrirse una macrocausa, un asunto que está en manos de la Audiencia Provincial.

El choque entre Peromingo y Mur se remonta a los primeros días de la crisis, cuando el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que los mayores enfermos que vivían en las residencias iban a ser tratados allí mismo. Como parte de ese plan, Mur convocó el 13 de marzo de 2020 a un grupo de geriatras liderado por Peromingo para que redactaran unos protocolos de hospitalización para las residencias de mayores que recomendaban descartar a los mayores con dependencias físicas o mentales, con la idea de que fueran tratados en las residencias y evitar un colapso hospitalario. Se distribuyeron a los hospitales cuatro versiones de esos protocolos, el 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Peromingo ya había atacado a Mur cuando en 2021 compareció en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Peromingo criticó que Mur había enviado a hospitales y residencias un borrador técnico que no estaba listo, sin el consentimiento de los geriatras, y dijo que a ellos no les gustaba ni el lenguaje ni los criterios para no hospitalizar. Sí estuvieron de acuerdo con la última versión, la del 25 de marzo, que también es considerada discriminatoria por las familias.

Peromingo también ha dicho que muchas residencias no estaban medicalizadas porque no había ni material ni sanitarios suficientes, según Jacinto. “Había algunas residencias que tenían mejor dotación sanitaria y otras con peor dotación sanitaria, pero en todo caso no se implementó una estrategia de medicalización que es una de las cuestiones que siempre ha defendido el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha añadido la abogada.

La investigación a cargo del juez Serrano del 23 gira en torno a la muerte de Ángel Armingol, cuya derivación desde la residencia Amavir Valdebernardo, en la capital, fue rechazada por el Hospital Gregorio Marañón. Otro juzgado, el 2 de Collado Villalba, ha citado a los mismos declarantes para que comparezcan este miércoles a las 10.00.

El caso residencias está fragmentado en múltiples juzgados en función del lugar de la muerte, pero las asociaciones de familiares, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, buscan una macrocausa en el juzgado 3 de Madrid, el primero que imputó a exresponsables. La titular de ese juzgado, María Isabel Durántez, se negó en agosto a acumular todos los procedimientos, argumentando que cada muerte se produjo en un contexto asistencial distinto, pero las familias recurrieron a la Audiencia Provincial y desde entonces esperan respuesta.

Poco después de esta sesión, la presidenta Ayuso se ha referido al caso al responder a los periodistas durante la presentación de una tuneladora. Según ha dicho, los activistas de este movimiento son “cuatro frustrados que buscan vender libros”. Ha añadido que “la justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en 143 ocasiones, dejando claro que la atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio”. Y ha calificado esta batalla judicial de “operación de Estado”, una expresión semejante a la que ha usado para tachar los problemas con la ley de su pareja.

Hoy también ha declarado como imputado un geriatra del Hospital Gregorio Marañón, llamado Eugenio Marañón. Era la persona de ese centro encargada de hacer el triaje telefónico a las residencias de la zona, siguiendo los protocolos. Según Jacinto, ese investigado no ha sabido dar detalles sobre el diagnóstico de Ángel Armingol. “Me parece muy difícil poder sostener que una persona podía ser tratada en la residencia perfectamente bien cuando ni siquiera sabes si tiene covid o no”.

La hija de Ángel Armingol, Ángela, se ha dirigido a los medios a las puertas de los juzgados, donde la esperaba una veintena de manifestantes. Ha pedido que la investigación llegue hasta la cúpula del Gobierno madrileño. “Se tienen que depurar responsabilidades políticas porque yo no me creo que ningún médico motu proprio ideara aquellos protocolos".

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