El Poder Judicial confirma a Antonio Viejo como nuevo titular del juzgado que investiga a la pareja de Ayuso

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado este martes el nombramiento de Antonio Viejo Llorente como nuevo titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, el que investiga al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado asumirá una causa que hasta el mes pasado correspondía a María Inmaculada Iglesias, quien abrió dos procedimientos contra Amador, uno por fraude fiscal, que se encuentra a las puertas del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, y otro por soborno empresarial, que se halla aún en fase de instrucción.

Viejo es un juez veterano que estaba destinado en la Audiencia Provincial de Madrid y que ha ganado por concurso de traslado la plaza que dejó vacante Iglesias debido a su jubilación. El concurso se ha resuelto por el criterio de la antigüedad en la carrera y el resultado se conocía desde el 23 de junio, cuando se anunció el resultado de 133 plazas, pero estaba a expensas de confirmación por parte de la Comisión Permanente del CGPJ, que podía estimar el recurso de los candidatos perdedores.

Los magistrados nombrados en este concurso cesarán en su destino actual al día siguiente hábil a su publicación en el BOE, que aún no se ha producido. La toma de posesión de sus nuevos destinos debe realizarse dentro de los ocho días naturales siguientes.

Viejo es conocido por haber sido el decano de los jueces de Plaza de Castilla (donde se ubica el 19 de instrucción) entre 2014 y 2018. Cesó para asumir como secretario general en el Ministerio de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de un cargo técnico que hacía de enlace entre el ministerio y la carrera judicial. Es un histórico de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), una de las principales agrupaciones judiciales.

La jueza Iglesias imputó a Amador en marzo del año pasado por un presunto fraude fiscal de 350.910 euros con base en una inspección previa que Hacienda hizo del impuesto de sociedades de las dos consultoras sanitarias del empresario. Meses después, la magistrada abrió una nueva pieza porque consideró que los hechos recabados por la Agencia Tributaria también podían ser delictivos por presunta corrupción en los negocios y administración desleal.