Moncloa comunica a la Asamblea de Madrid que Sánchez no acudirá a la comisión del caso Begoña Gómez
EL PAÍS accede al escrito del gobierno central, que recuerda que el Consejo de Estado ya ha dictaminado que los integrantes del ejecutivo no son fiscalizables por los Parlamentos autonómicos
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El gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este lunes a la Asamblea de Madrid que el jefe del ejecutivo no comparecerá en la comisión que investiga el presunto trato de favor dado por la Universidad Complutense (UCM) a su esposa, Begoña Gómez. Así consta en documentación a la que accedió EL PAÍS, en la que Diego Rubio, director del gabinete de la presidencia del gobierno, se remite a dos dictámenes del Consejo de Estado que explicitan que los integrantes del ejecutivo central no son fiscalizables por Parlamentos autonómicos. De esta manera, Sánchez no acudirá a la sesión de la comisión de este miércoles, a la que estaba convocado, lo que provocará que el PP y Vox dejen en pausa los trabajos. ¿La razón? Que en una maniobra a la desesperada, los dos partidos quieren dar tiempo a que el Consejo de Estado aclare si Sánchez estaría obligado a comparecer si es convocado en tanto que esposo de Gómez, y no como presidente del gobierno.
“Como ya saben, es doctrina reiterada del Consejo de Estado que los Parlamentos autonómicos no tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos, del Estado”, se lee en la comunicación, que cita el dictamen 193/2016 y el 406/2017. “Por ello”, sigue la misiva; “en la condición de autoridad del Estado del Presidente del Gobierno, se atiende a lo establecido en los dictámenes mencionados”.
En el primer dictamen citado en la misiva de Rubio se recoge que el poder fiscalizador de las comisiones de investigación de las cámaras autonómicas “no puede considerarse ilimitado, sino que habrá de ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas”. Y añade: “Han de circunscribirse, por tanto, a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma”.
En el segundo se precisa incluso que “no cabe que las comisiones parlamentarias autonómicas sean creadas o utilizadas para ejercer, con ocasión de la investigación de hechos o circunstancias incardinados o relacionados con el ámbito competencial autonómico, un control directo o indirecto de las instituciones del Estado”.
Sánchez está convocado a comparecer el miércoles en una comisión de investigación que impulsó el PP de Isabel Díaz Ayuso en verano, y al calor de la investigación judicial a la esposa del presidente. Gómez está investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su trabajo en la UCM.
Gómez comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.
Para poder fiscalizar esa relación en la Asamblea, el PP se agarró a que afectaba al prestigio del centro educativo público. Sin embargo, la investigación parlamentaria languidece desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar.
De hecho, ese mismo día, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.
Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.
Y el pasado miércoles, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que “el proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software (...) Fue un proyecto más”.
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