El Ministerio de Sanidad choca con el mayor sindicato médico madrileño por la idea de prohibir a los jefes trabajar en la privada

El Ministerio de Sanidad ha hecho una propuesta incómoda para los médicos: impedir que los jefes de servicio de hospitales públicos compaginen ese trabajo con la privada y, en cuestión de un día, el influyente sindicato Amyts, el principal de los médicos madrileños, ha mostrado su oposición. El plan de la ministra Mónica García consiste en incluir ese límite entre las reformas de la ley del Estatuto Marco, considerada la “Carta Magna” de los trabajadores sanitarios del sistema público español, que serán debatidas el miércoles de la semana que viene en una reunión de sindicatos y ministerio. Comisiones Obreras sí se ha mostrado a favor de esa limitación, que acabaría con una práctica polémica dentro del sector sanitario.

La ministra lanzó la idea este miércoles durante una rueda de prensa, en la que explicó que estos jefes de servicio tienen ya suficiente trabajo y responsabilidad en los hospitales públicos como para dedicarse solo a esa labor. Además, añadió que la medida busca prevenir conflictos de interés.

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha apoyado este jueves la compatibilidad, al argumentar que los abusos “son la excepción y no la regla”, y al defender que los gerentes de hospital y directores médicos pueden perseguir esas situaciones. Además, ha agregado que la exclusividad podría hacer difícil reclutar a estos profesionales.

“Si se marca este tipo de exclusividad, va a ser muy difícil encontrar personas dispuestas a ostentar estas jefaturas. Desde Amyts recordamos que el cargo de una jefatura en un hospital puede suponer un incremento retributivo de apenas 300 euros brutos al mes, a pesar de toda la responsabilidad y de todo el trabajo que conlleva. Creemos que no están lo suficientemente bien reconocido y lo mismo se puede aplicar de direcciones médicas hacia arriba”, ha dicho Hernández, en un audio compartido con los medios de comunicación.

Poco después, García daba otra rueda de prensa en la que ha sido preguntada por este rechazo. La ministra de Sanidad ha recordado que su propuesta “está en diálogo” y deberán “convencer” a los sindicatos. Y ha añadido que la exclusividad se le exige a muchos profesionales de distintos ámbitos con puestos de responsabilidad, entre ellos la propia ministra.

“Es que esto no solo ocurre aquí, ocurre en las grandes compañías, ocurre en la Administración General del Estado. Es obvio que alguien que se está destinando a labores de gestión y responsabilidad, porque tienen muchas labores de gestión, de dirección, y de responsabilidad, es bastante entendible que no puedan ejercer dos labores a la vez. ¿Por qué? Primero porque puede haber un conflicto de interés. No puedes ser jefe en dos sitios a la vez. Lo entiende cualquier persona. Y luego porque creemos que nuestro sistema nacional de salud tiene que estar reforzado con gente que crea y esté dedicada en exclusividad al desarrollo del sistema nacional de salud”, ha dicho. Y ha rematado: “Aquí hay una cosa muy fácil. Ser jefe de servicio no es una obligación. El que no quiera no se presenta. No hay una raza única de jefes de servicio”.

Comisiones Obreras sí apoya la propuesta. En un comunicado de este jueves, el sindicato afirma que desde hace décadas ha defendido la dedicación exclusiva de los médicos, así como el fortalecimiento del sistema público con más medios materiales y humanos. “La dedicación exclusiva es una atención plena a las tareas de los equipos directivos de los servicios y unidades asistenciales del SNS: tareas de asistencia, planificación, gestión, dirección, de docencia, investigación e innovación organizativa”, dice Aurelio Duque, portavoz del área sanitaria en CC OO.

CC OO Madrid se ha pronunciado a favor de la medida en un tuit, en el que ha celebrado que esta propuesta se conoce después de una serie de reportajes del año pasado en EL PAÍS que se originaron por una denuncia del sindicato sobre el colapso del servicio de dermatología en el Hospital Ramón y Cajal. Según contó este periódico, ese servicio estaba dirigido por Pedro Jaén, un médico que había compaginado durante años su labor en el hospital con la gestión de una lucrativa red de clínicas. Diecisiete de sus 27 médicos en el hospital trabajaban también para él en su negocio. “Un granito de arena para parar los privilegios que ignoran el bien común y deterioran la sanidad pública en detrimento de los pacientes”, dice el tuit de este sindicato.

UGT a nivel estatal no ha hecho declaraciones. Una portavoz le explica a este periódico: “Sobre este tema por el momento no vamos a valorar, puesto que no hemos leído en profundidad esa propuesta y tenemos el próximo miércoles una reunión del ámbito de negociación, es ahí donde haremos una valoración posterior”. La reunión entre Ministerio y sindicatos se celebrará el miércoles a las 11.00.

Jefes en la pública y también empresarios

Como contó este periódico, cada vez más médicos de la pública compaginan su trabajo con el sector privado. El empleo privado de médicos especialistas estaba en torno al 30% del total en 2021, “con un incremento desde 2018 del 7%, frente a la caída del empleo público del 1,7%”, según un informe elaborado para el Ministerio de Sanidad. Este aumento se ha producido a la vez que el sector privado se ha expandido con fuerza en toda España.

Un caso llamativo es el de la dermatología pública en Madrid, una especialidad con muchos problemas de listas de espera. Seis de los 28 jefes de servicio de dermatología en la región eran a su vez dueños de clínicas privadas, según un reportaje publicado en octubre por EL PAÍS. En total, 23 responsables de servicio trabajaban en la privada.

Los críticos de la compatibilidad apuntan a varios problemas relacionados con el conflicto de interés: los médicos pueden eludir tareas o poner poco esfuerzo en su desempeño (tras horas de trabajo en el sector privado), pueden aumentar estratégicamente la lista de espera para que más pacientes estén dispuestos a pagar por un tratamiento privado, o pueden derivar pacientes privados al sector público para realizarles pruebas concretas que resultan onerosas para las clínicas privadas. Además, los detractores señalan que las jornadas laborales tan extensas pueden perjudicar la calidad asistencial.

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