Los sanitarios de Madrid reclaman a Ayuso una indemnización sin precedentes “por incumplir la protección laboral”

Hasta siete sindicatos tienen previsto apoyar este jueves la presentación de una demanda colectiva contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, para “reclamar la mayor indemnización que se ha pedido en el ámbito laboral a una Administración por incumplir la protección laboral”. Pero la cifra —aún por concretar, aunque los asesores legales de los representantes de los trabajadores han recomendado pedir entre 500.000 y cinco millones de euros—, es lo de menos, según dos fuentes consultadas por este diario. Lo importante, apuntan estos interlocutores, es lograr que los médicos de Atención Primaria tengan un plan de protección de riesgos laborales, psicosociales y de valoración de la carga de trabajo. Aunque la Comunidad asegura que ese plan existe desde 2019 y que los profesionales conocen desde junio de 2024 los detalles de la planificación preventiva, distintos tribunales han venido dando la razón a los trabajadores que han denunciado por este motivo a la Administración, que los ha tenido que indemnizar, al entender que las medidas no estaban plenamente desplegadas.

Así, el abogado de APSeMueve, Vicente Martín, asegura haber logrado ya casi un centenar de sentencias condenatorias, por distintas cuantías —”34.000, 24.000 euros...”, enumera— desde que empezó a pleitear por este asunto, en 2019. No obstante, en enero, el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un sanitario de Atención Primaria que había reclamado por daños ante la vulneración de su derecho fundamental a la salud y la integridad física: 8.000 euros de indemnización. Esa compensación, en determinados casos, puede aumentarse si se demuestran daños materiales como consecuencia de la situación, como por ejemplo bajas médicas relacionadas con ella, o accidentes, apunta Martín.

“Es una acción de carácter colectivo, e independiente de que los trabajadores pidan su indemnización individualmente”, avanza Martín sobre la iniciativa que se registrará este jueves. “La norma [que los sindicatos dicen que Madrid incumple] es de 1995″, sigue este abogado, que calcula que si los casi 15.000 empleados afectados demandaran, y a todos se les reconocieran los daños morales, la Administración tendría que pagar unos 120 millones de euros. “Cualquier empresa privada que no tenga un plan se arriesga a que metan al administrador en la cárcel. Que a la administración no le pase nada es desesperante”, se queja.

Esto transmiten también desde el sindicato Amyts: “Lo que más interesa es que la Administración solucione de una vez la ausencia de un auténtico plan de prevención en Atención Primaria, que parece increíble”. Esa afirmación, según Martín, está avalada por las distintas sentencias que desde 2021 vienen instando a la Comunidad de Madrid a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con la valoración de número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno. Un criterio confirmado por el Tribunal Supremo en 2022 tras litigar Martín por vulneración de derechos fundamentales (del artículo 15 de la Constitución) y en petición de mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, el Gobierno regional asegura que el plan de protección laboral existe, y lista múltiples medidas para formar a los profesionales en factores de riesgo psicosocial. La clave del conflicto es el tiempo de implantación de ese plan, “que se irán realizando progresivamente hasta 2027″, según los cálculos de la Administración.

“El plan está desde 2019″, afirma un portavoz de la Consejería de Sanidad, que dirige Fátima Matute. “La planificación preventiva, es decir, las medidas concretas, se frenaron por la pandemia en 2020, y se ha visto ralentizada con una planificación concreta y exhaustiva hasta que hemos llegado a junio de 2024, cuando la Comunidad presentó el plan Psicosocial y de protección laboral a los sindicatos en un comité extraordinario”, continúa.

“Dicho esto, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria sí cuenta con una estrategia de acción preventiva frente a situaciones de riesgo psicosocial en los centros sanitarios, que se concreta en la elaboración y adopción de 197 medidas que cuentan con el conocimiento y la participación de los representantes de los trabajadores”, añade. “Su implantación se irá realizando progresivamente hasta 2027″, precisa.

“Se ha realizado la evaluación de riesgo de manera sistemática en el 99% de los puestos de trabajo o categorías profesionales, y en el 58% de los centros, incrementándose así estas acciones”, detalla. Y lamenta: “En enero del 2024 se les planteó [a los sindicatos] en el comité de seguridad y salud que hicieran propuestas para enriquecer el plan y no hicieron ninguna”. Lo que es seguro es que los representantes de los trabajadores están listos para pelear en los tribunales.