Un año más para juzgar a El Toba, un pederasta condenado y acusado de otras 10 agresiones

La frutería era el lugar de atracción, en el que perpetraba presuntamente sus agresiones. Las víctimas, los amigos y conocidos de su propio hijo. Los amenazaba con hacerles daño si contaban algo de lo que sucedía en ese establecimiento al que los atraía con chucherías, caramelos y otros pretextos. Cristóbal L., conocido como El Toba, tenía que sentarse este miércoles frente al juez para responder por una decena de agresiones sexuales a menores de 16 años entre 2018 y 2020, pero una baja médica de su abogada ha provocado el aplazamiento de la vista oral. El problema es que la saturación de los tribunales madrileños ha provocado que la causa se retrase un año más, con todo lo que eso supone para las víctimas y sus familiares, que arrastran este proceso desde hace cuatro años.

“Esto supone un escalón más en la victimización. Cuando estás preparado para una fecha y cerrar por fin esta etapa, un retraso supone un duro revés, y más si es de un año”, señala el abogado de cinco de los menores, Juan Manuel Medina. El letrado critica ese plazo tan extenso para un proceso tan delicado. Los tribunales madrileños superaron el año pasado por primera vez el millón de causas iniciadas y, a final de año, quedaron sin resolver 606.000, un 13% más que el año anterior. Este incremento provoca que los calendarios de los juzgados estén a reventar y que causas como esta se retrasen un año.

Estaba previsto que las sesiones se extendieran a lo largo de tres días y que en ellas, además de la declaración del acusado, comparecieran los menores. Esto suponía una preparación psicológica para enfrentarse a esos recuerdos que ahora tendrá que prolongarse hasta 2025, cuando ya hayan pasado entre cinco y siete años de las agresiones. Las 10 víctimas tenían entre 3 y 13 años en el momento de los hechos.

En este caso, además, la jueza de instrucción no aceptó que se practicara una prueba preconstituida. Se trata de un interrogatorio previo a la vista oral a víctimas especialmente vulnerables, como los niños, en un entorno más agradable que un juzgado, acompañados por un psicólogo. Está previsto que esta sea la única vez que declaren los menores en todo el proceso, para evitar la revictimización con sucesivos interrogatorios, especialmente el día del juicio oral con el acusado en el mismo edificio o incluso la misma sala.

Una tapadera en Valdeavero

Cristóbal L. vivía en Valdeavero (Madrid) desde 2004, cuando en 2018 empezó a regentar una frutería en la plaza del pueblo. Según el escrito de la fiscalía, el acusado se aprovechó de la amistad de sus dos hijos con otros chicos del pueblo para invitarlos a su establecimiento y realizarles tocamientos por encima y debajo de la ropa. A finales de 2020, una madre acudió a la Guardia Civil a denunciar que su hijo le había hablado de estas agresiones y esto desató toda la investigación y se descubrieron otras nueve víctimas. La fiscalía solicitaba para el acusado 98 años de prisión por agresión sexual, abusos —un tipo penal que existía en el momento de los hechos— y violación. Según las investigaciones, El Toba también enseñó vídeos pornográficos a los niños.

El acusado estuvo en prisión preventiva por esta causa entre diciembre de 2020 y octubre de 2021. En octubre de 2023 ya fue juzgado y condenado a 19 años de prisión por otra agresión sexual a un menor de 15 años al que conoció por una aplicación de citas. Según esa sentencia, El Toba ofreció dinero al menor a sabiendas de su edad, lo llevó a su casa y lo violó.