152 especialistas para que las personas con discapacidad entiendan a los jueces: “No es cuestión de hablar más despacio”

Un cuadro con tonos grises y negros ensombrece el luminoso despacho de María Jesús Juárez, una de las figuras amigas que acompañaron a la autora de la pintura y a su hija en el peor trance de sus vidas. Jeane Freitas explica que ese cuadro representa lo que ella vio en una sala de un juzgado de instrucción mientras tomaban declaración a su hija de 11 años por un caso de agresión sexual. Una temible oscuridad que rodea a una minúscula figura en la parte inferior. Sobre ella, a su vez, se cierne una gran mancha negra, que representa la culpa y el miedo. Todo eso cambió con la llegada del grupo de facilitadoras que las acompañaron en la segunda parte del proceso, el juicio, celebrado este año. Estas profesionales fueron clave para Jean y su hija, que tiene síndrome de Asperger y padece estrés postraumático. Y también Yaris, la galga que acompañó a la niña cuando declaró en la vista oral.

Facilitadores. Ese es el nombre de una figura profesional designada para acompañar a todas aquellas personas con discapacidad o trastornos mentales y psíquicos en un proceso judicial. No importa que sean las víctimas o los acusados. Deben garantizar que todos los involucrados entiendan qué quiere decir un juez, que comprendan los tiempos de la justicia, por qué tienen que ser interrogados varias veces o qué implica reconocer unos hechos.

Para Jeane hubo un antes y un después desde la intervención de Juárez y el resto de facilitadores. Recuerda con especial agitación el día que tuvo que llevar a la niña a declarar en instrucción, en los juzgados. No la habían advertido con antelación, así que tuvo que sacar a la niña de clase y acudir ante el juez a la carrera. Además, la pequeña había ofrecido ya su testimonio ante la Guardia Civil y no entendía por qué tenía que repetirlo y por qué la interrogaban unos señores que no conocía. Era el fiscal y el abogado de la defensa. “Se bloqueaba, entraba en crisis y no hablaba”, señala su madre. Para completar ese día nefasto, la niña se cruzó con su agresor, hoy condenado, en los pasillos del juzgado.

Cuando intervinieron las facilitadoras, planearon una estrategia para que la declaración de la pequeña se produjera en las condiciones adecuadas para que ella pudiera expresarse. Una condición sine qua non fue que ella diera su testimonio por videoconferencia y desde un edificio distinto al que se encontraba el acusado. “Nos costó muchísimo convencer a los jueces de esa necesidad en concreto, pero al final aceptaron y la niña dio muchísimos detalles de lo sucedido. Sabíamos que si ella estaba tranquila, lo iba a contar todo sin filtro”, resume Juárez. Ella pertenece a la oficina de asistencia a víctimas de la Comunidad de Madrid, pero también cuenta con el título específico de facilitadora expedido por la UNED para desarrollar este acompañamiento. “Esta figura no aparece solo en un momento, es todo un proceso y no solo con la víctima, sino con toda la familia si es necesario”, asegura.

La figura existe desde la aprobación del Real Decreto Ley 6/2023 en el que se contempla la “participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida”. Tradicionalmente y gracias a un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación A la par los operadores jurídicos podían solicitar la intervención de un apoyo cuando fuera necesario. Aunque lo cierto es que es algo que se ha hecho puntualmente porque no todos los participantes en el proceso judicial conocen esta posibilidad. Ha sido la Comunidad de Madrid la primera en España en regular esta figura e incluirlos en la base de peritos a los que pueden recurrir los juzgados. En estos momentos ya hay 152 profesionales.

¿Quién puede ejercer esta profesión? El decreto 52/2024 aprobado el pasado 8 de mayo establece que podrán ejercer esta función “los licenciados o graduados en psicología, derecho, logopedia, criminología, trabajo social, educación social o terapia ocupacional” y que además hayan recibido una “formación específica para apoyar a personas con discapacidad en procesos judiciales”. El decreto también establece que estos cursos deberán tener una duración mínima de 100 horas y ser “impartidos por universidades, colegios profesionales y entidades representativas de los intereses de las personas con discapacidad”.

Una de las instituciones que ofrece esta formación es el Colegio de la Abogacía de Madrid. Uno de los codirectores, junto a Carlos Fernández Pascual y Amparo Ribón, es Ángel Bravo del Valle. Su carrera profesional siempre ha estado ligada a la asesoría jurídica en asuntos en los que estuvieran involucrados mayores y personas con discapacidad. Es hijo de una mujer con cojera, un padre con sordera, y nieto de una abuela invidente. “Nunca fui consciente de crecer en un ambiente de discapacidad, las etiquetas me molestan enormemente”, admite. Los profesores del curso son magistrados, catedráticos, policías, abogados, psicólogos y también personas con discapacidad pertenecientes a asociaciones. La primera edición comenzó el 20 de septiembre con un pleno total de las plazas.

Bravo del Valle cuenta que la primera vez que visitó el módulo para presos con discapacidad intelectual de la cárcel de Estremera (Madrid) y conoció a los 16 internos, descubrió que todos habían sido diagnosticados ya dentro de prisión. “Nadie, durante todo el proceso judicial advirtió que el acusado no estaba siendo plenamente consciente de lo que sucedía. Esos hombres no entendían qué había pasado”, relata el letrado. “Tenemos que conseguir que la intervención del facilitador sea de oficio, como lo es la de los abogados. Esto no es cuestión de hablar despacio o hablar claro, como me ha dicho algún juez, va mucho más allá”, apunta el abogado.

Recientemente, en el caso del niño de Mocejón (Toledo) presuntamente asesinado por otro joven del pueblo con una discapacidad reconocida, el instructor de la causa solicitó que el detenido contara desde el principio con un facilitador. “Está muy bien, pero el objetivo es que exista uno en todas las causas, no solo en las delicadas e importantes. En un simple hurto también”, apunta Bravo del Valle.

Jose Ángel López es uno de los profesores del curso, también abogado especializado en temas laborales y de discapacidad. “Una sala de juicios es un sitio en el que cualquier ciudadano se entera de poco porque nos ponemos a hablar con términos y giros jurídicos que nadie entiende. Imagina alguien con discapacidad, al que tendemos a dejar aislado y a decidir por esa persona”, asevera.

El profesor de la Universitat Oberta de Catalunya Juan Endara elaboró una investigación en 2021 para Plena Inclusión, una red de organizaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para la misma entrevistó a una decena de operadores jurídicos y facilitadores que relataron diferentes experiencias en procesos que involucraban a personas con discapacidad. El profesor concluyó que “la responsabilidad de eliminar las barreras que hacen necesarios los apoyos no debería delegarse y convertirse en un asunto privado, una responsabilidad que recae solamente en las familias o en la voluntariedad de las entidades o condicionarse a una disponibilidad presupuestaria que siempre resulta insuficiente”.

En el informe, varios facilitadores relatan escenas a veces delirantes. “En un procedimiento que estuvimos, le dimos el informe al juez y él, delante de la persona con discapacidad intelectual, dijo: ‘no, no hace falta, ya entrevisto yo a la subnormal”, cuenta Bruno, uno de estos profesionales. Teresa, una fiscal entrevistada para el estudio relata que participó en un juicio que incluía a un acusado con discapacidad. “En apariencia no era algo evidente, es decir, no tenía unos rasgos característicos como puede tener una persona con síndrome de Down. Cuando respondía a las preguntas, él no entendía y el juez le dijo: ‘No vas a ganar nada haciéndote el tonto conmigo”.

Jeane Freitas tiene ya preparado el segundo cuadro que va a regalar a sus “ángeles de la guarda”. Es uno muy colorido, que representa la salida de un proceso aterrador y difícil de entender para los ajenos al mundo judicial.