La Comunidad de Madrid exige vivir en la región para sacarse el carné de biblioteca, en contra de las normas internacionales

Los trabajadores y directores de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid llevan un mes echándose las manos a la cabeza cada vez que reciben una solicitud de carnet gestionada online y se preguntan cómo es posible que nadie se queje ni nadie diga nada. La razón es que el Gobierno regional ha introducido un cambio en el formulario para obtener el carnet ―único, gratuito, sin fecha de caducidad y válido para todos los centros de titularidad regional y municipal―, que “incumple las normas regionales, nacionales e internacionales y atenta contra la universalidad del servicio de bibliotecas públicas”, según denuncia este martes a este diario una responsable de turno de una biblioteca municipal de la capital, que pide el anonimato por temor a represalias.

“Han añadido sin dar explicaciones un nuevo requisito, estar empadronado en la Comunidad de Madrid, lo que supone una auténtica barbaridad, ya que implica borrar de un plumazo a los sin papeles, a los que viven en Guadalajara o Toledo, pero trabajan en Madrid, a los estudiantes que vienen por unos meses...”, contextualiza esta bibliotecaria.

A raíz de esta modificación en las condiciones, cualquier nuevo usuario de biblioteca “tiene que hacer una declaración responsable de que está empadronado y luego podrá verificarlo la Comunidad y negar el carné a quien no lo esté. En definitiva, es necesario residir aquí para poder disfrutar de las bibliotecas públicas, algo que es ilegal y que no ocurre en ningún lugar del mundo”.

Este requisito solo se exige a quienes tramiten el documento online desde el Portal del Lector, ya que las bibliotecas no han recibido, de momento, ninguna orden. Según cuenta la bibliotecaria, el grueso de las peticiones se siguen gestionando en ventanilla física en las propias bibliotecas. En la suya, “de las grandes, pero en el extrarradio”, entregan a la semana unos siete carnés vía virtual ―el solicitante elige en qué centro recoger la tarjeta― mientras que físicamente hacen “cuatro veces más” en el mismo periodo. En las bibliotecas, el carné se obtiene en el momento y solo se requiere acreditar la identidad con el DNI, el pasaporte, el Libro de Familia o el carné de conducir.

Este mismo martes, apenas unas horas después de preguntar este diario a la Consejería de Cultura por la fecha exacta de la instrucción del nuevo requisito, por los motivos y por su legalidad, ha sido modificado. Ahora, en el mismo apartado 1 b, reza que el solicitante declara “residir permanente o temporalmente en una dirección postal de un municipio de la Comunidad de Madrid”.

“Ha sido un fallo a la hora de volcar la información del trámite, que antes era por correo electrónico y que se ha cambiado a un formulario debido a la nueva normativa europea de protección de datos. Ya se ha corregido, el requisito es lo que aparece ahora, tener una dirección en la comunidad, no se pide el empadronamiento”, se limita a responder una portavoz de la consejería por toda explicación. Preguntada si, incluso con esta matización, no se sigue limitando el acceso a las bibliotecas, la portavoz lo niega: “El acceso está abierto a todos y no hay restricción. Es solo para el préstamo de libros o audiovisuales”.

“Siempre ha sido necesario tener una dirección para realizar el carné, no así un teléfono, para demostrar que esa persona existe. Y al decir una dirección postal incluso temporal puede ser una fundación, iglesia, universidad, centro de acogida, albergue u hotel”, explica al conocer la rectificación la bibliotecaria, que se declara “muy feliz” porque, gracias a su denuncia, “la Comunidad ha dado marcha atrás, pero solo en parte”. En todo caso, “aunque ya no sea tan doloso como pedir empadronamiento, los residentes en las provincias limítrofes se siguen quedando fuera, lo que sigue siendo ilegal”.

La bibliotecaria afirma que pedir el requisito de la residencia en la región, tenga que estar o no justificado mediante empadronamiento, “atenta contra el pilar del concepto de biblioteca pública, la igualdad de acceso”. Esta funcionaria recuerda que la Ley 7/2023, de 30 de marzo, del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad de Madrid define a una biblioteca pública como un “centro que presta servicios y materiales sobre la base de igualdad de acceso a todas las personas independientemente de su formación o procedencia y contribuye al desarrollo y mantenimiento de la libertad de expresión, salvaguarda de los valores democráticos y los derechos de los ciudadanos”.

“La Comunidad va contra sus propias leyes, contra la Ley de Bibliotecas del Estado y contra los dictados del gran referente, la International Federation of Library Associations and Institutions. Una biblioteca pública es una biblioteca pública, universal y abierta a todos, desde que nacieron en el siglo XVII en Inglaterra, y la Comunidad no puede cambiar su definición ni su función”, defiende con uñas y dientes. Esta funcionaria teme que este movimiento, “cuanto menos extraño”, pueda perjudicar a los indocumentados, “que a veces usan los carnés de bibliotecas para justificar que llevan en España desde tal fecha a la hora de empadronarse o pedir papeles”.

También considera que se “restringen derechos y dejan de tratar al lector como ciudadano para hacerlo como cliente”. La bibliotecaria cuenta el caso de un indigente que vive en la puerta de su biblioteca: “Duerme en la puerta y todas las mañanas retira los cartones cuando lo despierta el guarda de seguridad, pasa parte del día dentro, leyendo, y tiene carné porque tiene una dirección, pero si esta hubiera sido por ejemplo de Illescas (Toledo), no tendría derecho”.

1,8 millones de carnés

En la Comunidad de Madrid hay 1,8 millones de carnés, que dan acceso a una red de más de 200 bibliotecas con cerca de nueve millones de fondos en papel, audiovisuales y música. De ellas, 15 son de titularidad regional, todas en la capital. Además, 133 municipios madrileños tienen al menos una biblioteca municipal y para todas sirve el mismo carné salvo en las cuatro de Pozuelo de Alarcón, que no forman parte del catálogo único.

El Ayuntamiento de la capital gestiona 32, la última inaugurada en San Fermín (Usera) en marzo de 2022. Para suplir las carencias, está el bibliobus, un autobús sin pasajeros pero cargado con 3.500-4.000 libros. Hay nueve bibliorutas. También funciona un servicio de bibliometro en 12 estaciones de Metro de Madrid. A lo largo del pasado año se prestaron 5.330.000 fondos en soporte físico y 1.208.900 en soporte digital.

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