Ayuso rebaja las mayorías para controlar las instituciones

La mayoría absoluta de la que goza el PP de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea le ha permitido resolver en un solo día los Presupuestos Generales de 2024, la modificación de las leyes trans y contra la LGTBIfobia regionales y eliminar la pluralidad en órganos de control e instituciones, mediante la proposición de ley de simplificación, que cambia de golpe 15 normas. La presidenta regional ha conseguido en tiempo récord este viernes no solo aprobar todas estas medidas en vísperas de las fiestas navideñas y con la Lotería de fondo, sino dar un nuevo giro a la estrategia de su partido nacional: restará poder a la Asamblea para elegir a los representantes de los organismos fiscalizadores de su propio Gobierno, el mismo día que Alberto Núñez Feijóo celebraba que Pedro Sánchez mantenga su promesa de respetar las mayorías reforzadas de la Cámara para renovar el Poder Judicial, es decir, la necesidad de contar con la oposición.

El Gobierno de Ayuso ha cambiado las reglas de mayorías de cada órgano para hacer los nombramientos y le permite así tomar el control de la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid, algo en lo que no ha querido entrar la dirección de Génova, aludiendo a que no conocen exactamente el cambio de la presidenta madrileña y que, por tanto, no tienen nada que decir. En la práctica, a partir de ahora el PP de Madrid puede elegir a quienes le controlan, en una vía totalmente contraria a la que ha tomado el líder del partido frente al Gobierno nacional. El PP está dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el sistema vigente, es decir, mayoría de tres quintos, pero pide que a la vez se “registre” de forma “simultánea” una propuesta de ley firmada por populares y socialistas para reformar el método de elección del consejo para la siguiente renovación.

El diputado de Madrid José Virgilio Menéndez (PP) ha asegurado que la medida tiene el objetivo de mejorar los organismos de control y destrabar “el bloqueo” en la Cámara de Cuentas. “¿Por qué dilatar la reforma a la Cámara de cuentas?, ¿por qué demorar la elección del Consejo de Administración de una Telemadrid más plural y representativa?, ¿por qué no solucionar problemas de gestión en nuestros centros sanitarios?”, ha enumerado Menéndez. Con las nuevas normas, por ejemplo, el director de Telemadrid ya no será elegido por consenso en la Asamblea, sino por los diputados a partir de candidatos propuestos por los grupos parlamentarios y de acuerdo a su peso político. El Consejo de Transparencia, que antes tenía tres consejeros elegidos por norma de tres quintas partes, ahora pasa a tener un solo consejero electo por el Ejecutivo. Y la Cámara de Cuentas, que antes se elegía por dos tercios de la Asamblea sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo entre los partidos, ahora se destraba y en caso de no lograrse por mayoría de tres quintos, se hará por mayoría simple. Eso sin contar otros cambios, como que los gerentes de los hospitales ya no sean nombrados por concurso público, sino desde el Consejo de administración del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En menos de 48 horas, el PP ha conseguido además aprobar unos presupuestos por más de 27.500 millones de euros con apenas 16 enmiendas —cinco del PSOE, cinco de Más Madrid y seis de Vox— de las más de 3.400 presentadas por los otros grupos parlamentarios.

Las cuentas de Ayuso para 2024 aumentan en un 24% la partida para Sanidad aunque, también, aumenta el gasto en conciertos sanitarios con empresas privadas: queda en 1.209 millones de euros para 2024 cuando los presupuestos anteriores, presentados en 2022, se habían asignado 973 millones. El presupuesto de Educación crecerá un 12% y quedará en 700 millones de euros, que ha sido calificado como insuficiente por el PSOE y CC OO porque, aseguran, el aumento se irá con la inflación.

Leyes trans y LGTBI

Para rematar la jornada, la presidenta ha cumplido otra de sus promesas de campaña: modificar las leyes regionales trans y LGTBI, que se habían aprobado durante la presidencia de Cristina Cifuentes (PP). En 2022, Ayuso se comprometió con Vox a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la región. Aunque al final no le dio el último empujón a la propuesta que presentó la ultraderecha en ese momento, volvió a traer la modificación en la nueva Asamblea, ya con la mayoría absoluta del PP y sin depender de otros partidos. Este viernes, el PP, en solitario, ha sacado adelante las modificaciones que presentó el 10 de noviembre a las leyes 2/2016 y 3/2016. Le ha tomado poco más de 40 días derogar y cambiar la redacción de dos leyes pese a la férrea oposición de 35 colectivos LGTBI —que se organizaron en el último mes bajo la plataforma Ni un paso atrás—, Más Madrid y el PSOE.

La oposición, en el pleno, ha hecho su último acto de protesta. Antes de que Mónica Lavín, portavoz del PP en la Comisión de Familia, hiciera su intervención, algunos de los diputados de Más Madrid han levantado banderas trans y LGTBI. Lavín, ha asegurado que “la ley autonómica se adecúa a la ley estatal, como no podría ser de otra manera; pero no se somete ideológicamente”. La diputada popular insistió en este pleno, como ha hecho en otras sesiones, que las leyes de 2016 pretendían implantar “ideología de género” y mantener el “monopolio” y “oligarquía” de las organizaciones sociales LGTBI.

Las reformas, consideradas por las organizaciones como un retroceso en los derechos de este colectivo, obliga a los menores a recibir apoyo de profesionales de salud mental antes y durante todo el proceso para hacer su transición medicalizada. Encarni Bonilla, madre de un niño trans y presidenta de la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis, ha defendido este viernes que las asociaciones nunca se han negado al apoyo psicológico. Bonilla ha asegurado que lo que piden es que la Comunidad garantice medios para brindar el acompañamiento psicológico cuando los menores y las familias lo requieran y que lo que rechazan es que ese apoyo en salud mental se vuelva un requisito para hacer el tránsito. “Cuando se establece como requisito es patologizar. Porque nuestres hijes no tienen ningún problema mental, ser trans no es una enfermedad”, ha manifestado.

La nueva norma de la Comunidad, a su vez, elimina la posibilidad de adecuar la documentación administrativa antes de la modificación en el DNI, es decir, que si no se ha cambiado el nombre y género en el documento nacional, estos no se pueden cambiar en credenciales del día a día, como el abono de transporte o el carnet de la biblioteca.

También se derogan los artículos que creaban el Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid ―pensado para controlar el cumplimiento de las dos leyes de 2016, aunque nunca se llegó a poner en marcha― o el Centro de Documentación y Memoria Histórica LGTBI y se suprime la inversión de la carga de la prueba o el castigo institucional de la discriminación por error. A su vez, desaparecen los conceptos de autodeterminación, reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y libre desarrollo de la personalidad de la normativa regional, y apartan a las organizaciones civiles de las campañas contra la discriminación en las instituciones.

La batalla se ha perdido en la Asamblea de Madrid, pero la plataforma Ni un paso atrás y los grupos políticos están por abrir otros frentes. Más Madrid irá primero al Defensor del Pueblo y, después, recurrirá “a todas las instancias que sean necesarias”, ha dicho la diputada Jimena González. El PSOE ha confirmado que, tras sus reuniones con eurodiputados y con asociaciones internacionales, vendrán cartas desde Europa para la presidenta. “Queremos elevarlo a nivel internacional. Son dos cartas, una firmada por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex [ILGA, por sus siglas en inglés] y otra, por el vicepresidente de Eurocámara Marc Angel”. También evalúan llevar el tema al Tribunal Constitucional e, incluso, ir a tribunales en caso de probar que el trámite en la Asamblea no cumplió con la norma.

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