Los responsables del colegio Virgen de Europa alegan ante la jueza que desconocían la actividad del profesor investigado por pedofilia

Un año después de la grabación a niñas desnudas en el Colegio Virgen de Europa se sabe poco más. La investigación ha avanzado lentamente a causa de las huelgas en la Justicia, la falta de medios tecnológicos y la necesidad de analizar el abundante material grabado por el profesor durante décadas. Tampoco ha habido revelaciones en la esperada declaración este miércoles de los responsables del colegio Virgen de Europa. Nadie conocía nada sobre las grabaciones del profesor y copropietario del centro a niñas desnudas. Por una sala de vistas de los juzgados de Móstoles, cerrada a la prensa, desfilaron este miércoles cinco testigos vinculados a la entidad. Tres eran hermanos del docente y dos eran miembros del equipo directivo. El que mejor conocía el día a día de la entidad, el director Enrique Maestú, ha sido el único de los citados que no prestó declaración, según fuentes judiciales. Se acogió a su derecho a no hablar por motivos de parentesco.

Los hechos se remontan al sábado 18 de junio de 2022, cuando el profesor citó a siete alumnas de quinto de primaria (de entre 10 y 11 años) para grabar una película sobre un crimen como una actividad fuera del horario lectivo. El profesor perdió la cinta que fue entregada por una mujer a la Guardia Civil. En ella se ve cómo pone a grabar la cámara y luego da paso a las niñas para que se cambien de ropa. Cuando los agentes registraron la vivienda del docente, hallaron alrededor de una decena de discos duros que había destruido con un taladro. Sí recuperaron otros discos duros sin daños y otros dispositivos como DVDs o disquetes, que es el material que aún continúa bajo estudio. Parte del retraso se explica porque el juzgado no contaba con discos duros vírgenes para el volcado y procesado de los discos duros incautados.

La vista de este miércoles ante la titular del juzgado de instrucción número 5, Beatriz Martínez, comenzó a las 10.00 horas y se extendió durante tres horas. Las preguntas han ido orientadas a averiguar si los testigos conocían las actividades del investigado. Como era esperable, han dicho que no sabían nada, según fuentes judiciales. El investigado, dijeron, organizaba por su cuenta la actividad de la película, que no precisaba de la aprobación de otros miembros de la dirección. Por ejemplo, él se encargaba de recoger las autorizaciones de grabación de las familias. El resto de responsables del colegio, sabían que la actividad se celebraba, pero no la supervisaban, explicaron.

Alrededor de las 11.30 salió de los juzgados el principal hombre de interés, el director. Se marchó sin declarar nada a los periodistas audiovisuales que esperaban en la puerta. Tampoco hablaron los demás. Una de las testigos dijo mirando a la prensa: “Qué feo”. Al colegio le preocupa la cobertura mediática por el posible daño reputacional. En otra ocasión, el director ha despreciado el trabajo de los periodistas diciéndoles: “Seguid jugando”.

Uno de los abogados de las siete familias afectadas, Jaime Montero, dijo al término de la vista que el quid de este caso reside en el examen aún pendiente de las grabaciones. “Lo único que queda ahora es el análisis de los discos duros”. De eso, añadió, no se sabe cuánto tiempo tomará. A mediados del mes pasado, la jueza prorrogó la instrucción durante seis meses más.

La posibilidad de que aparecieran nuevas víctimas ha sido contemplada desde el inicio de la investigación, pero de momento no se han sumado a la causa nuevas familias. Cuando se conoció la primera grabación, la Guardia Civil se lo notificó en cuestión de días a los padres de las niñas implicadas. Otros padres que sospechan que sus hijas también fueron grabadas de modo inapropiado han intentado personarse, pero no lo han conseguido por falta de pruebas.

Otro de los abogados de las familias afectadas, Javier Reguera, dijo tras la vista que había quedado claro un descontrol en el centro. “En mi opinión ha quedado claro que existió un déficit de supervisión y de control del centro educativo sobre la actividad extraescolar que dirigía el investigado”.

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