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La realidad de las ayudas de Ayuso: becas comedor solo para salarios muy bajos y barra libre en los ‘cheques-canguro’

Una familia de tres miembros, dos adultos y un niño, que sume unos ingresos de 1.067 euros al mes, no tendría acceso a la beca de comedor. Una pareja que gane 7.500 euros al mes puede recibir la ayuda para pagar una cuidadora

Cheques canguro Ayuso
Alumnos y alumnas de un colegio en Fresnedillas de la Oliva, en la Comunidad de Madrid, comen en el comedor del colegio, en noviembre de 2022.ANDREA COMAS

Conseguir una beca de comedor escolar en Madrid solo es posible si el solicitante pasa hambre. Si solo lo pasa mal, es decir, si una madre soltera o un padre soltero con un hijo reciben el Ingreso Mínimo Vital, tasado en 735 euros al mes o 859,37 (en el caso de acreditar familia monoparental), se quedan fuera. Esto implica pagar un precio por el menú de cada niño de 110 euros al mes, una comida que probablemente sea la más importante a la que accedan en todo el día. Si gana más de 8.520 euros al año (710 euros al mes) y tiene un hijo, no tendrá beca; si son dos adultos y un niño, esa familia no puede ingresar más de 12.780 euros al año (1.065 al mes en total) para disfrutarla. Esta es la cara oscura de las ayudas para los más necesitados en la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, se ofrece barra libre a los que más tienen: 4.000 euros anuales para contratar a una empleada del hogar, no importa si una familia de tres miembros ingresa 90.000 euros al año. La ayuda para que los niños de las familias más pobres coman no cuesta ni 1.000 euros al año. La inmensa mayoría de las que se conceden ni siquiera implican el pago total.

La Comunidad de Madrid ha abierto la convocatoria de las becas al comedor escolar, con las que busca beneficiar a unas 86.000 familias. Los plazos para presentar la solicitud vencen el 28 de junio (si se hace de forma telemática) y el 22 de junio (si se hace en los centros). El Gobierno regional ofrece dos tipos de ayudas: unas que cubren el 82% del coste (1 euro el menú, en lugar de 5,5 euros), para las familias con menos de 3.000 euros de renta per cápita; y otra que costea el 45,5% (3 euros el menú) del precio total para quienes no superen los 4.260 euros de renta per cápita y, además, sin importar el nivel de renta, recibirán también esta ayuda los hijos de familias víctimas de violencia de género, víctimas de atentado terrorista, niños en acogida y los hijos de policías, guardia civiles y militares. La renta per cápita se obtiene de dividir el total de ingresos de una familia entre el número de sus componentes.

En un comunicado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presumían orgullosos de que habían ampliado la inversión para el próximo curso a 39 millones. La letra pequeña del anuncio quiere decir que una familia de dos adultos y dos niños que ingresan como máximo 12.000 euros al año, van a pagar todavía 20 euros por niño al mes. Es decir, una familia que el Estado ha fijado que está por debajo del umbral de la pobreza (el Ingreso Mínimo Vital tasa en este caso un mínimo de 1.074,21 euros al mes, 12.890 al año) no es candidata para la ayuda máxima al comedor en la Comunidad de Madrid.

Una fuente oficial de la consejería explica a EL PAÍS que el nivel de renta per cápita no se ha modificado desde 2017, aunque ha preferido no valorar por qué se tomó la decisión de fijar una cifra de 4.260 euros que en muchos casos (dependiendo del número de miembros) supone dejar fuera a familias que se encuentran bajo el umbral de la pobreza o en el límite. Y muchas otras en las que, si alguno de los progenitores cobra el salario mínimo interprofesional y tienen hasta cuatro niños, tampoco son candidatas. El organismo reconoce que en el curso 2021/2022 se adjudicaron 80.255 ayudas, que en la inmensa mayoría suponen solo un precio reducido, no la totalidad del coste: 979 euros por curso (5,50 euros por 178 días lectivos).

El Gobierno regional contempla una ayuda económica de casi la mitad (del 45,5%), unos 445 euros por curso, para el resto que ganen más de 3.000 per cápita y hasta el tope, que son 4.260 euros. Esto quiere decir que quien se encuentre en esta franja de renta tendrá que abonar 60 euros al mes por niño, un costo de 3 euros al día. Por ejemplo, una familia de dos adultos y dos niños, o un adulto y un menor, que ingrese 17.040 euros anuales en el primer caso, o 8.520 en el segundo, solo podrá acceder al pago de la beca reducida. Esto implica sueldos que van desde los 1.000 a los 710 euros al mes como máximo. Si alguno gana el salario mínimo interprofesional, unos 1.080 euros brutos al mes (15.120 al año), y tiene menos de cuatro hijos, se puede ir olvidando. Si a esto se le agrega que más de la mitad de los hogares madrileños emplean más de un tercio de sus ingresos en el pago del alquiler (según el INE), y unos 500 euros por niño (según la OCU) solo en ropa y material escolar, las cuentas no salen.

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La ONG dedicada a defender los derechos de los niños Save The Children alertó el año pasado de que esta situación afecta a todo el país. “España está lejos de cumplir la Garantía Infantil Europea aprobada en junio de 2021 que compromete a garantizar el comedor escolar gratuito a toda la infancia en situación de pobreza: más de un millón de niños, niñas y adolescentes bajo el umbral de la pobreza paga el comedor escolar íntegro o no accede a él”, rezaba el resumen del estudio. El organismo recordaba que las ayudas llegan solo al 11,2% del alumnado de infantil, primaria y ESO cuando la pobreza infantil en España está en el 27,4%. “Los niveles de renta fijados a nivel autonómico para acceder son tan bajos que son inferiores al umbral de la pobreza. Solo en Euskadi, Ceuta, Melilla, Galicia y Extremadura lo superan”, advertía el informe.

Tras una comparación de los requisitos que plantean otras regiones, elaborada por EL PAÍS, se observa cómo en Barcelona —en Cataluña la gestión se hace a nivel municipal— el umbral de renta de una familia que puede solicitar la beca es más alto que en Madrid, aunque sigue siendo bajo. En este caso, el comedor tiene un precio más caro (6,91 euros el día, frente a los 5,50 de Madrid), y las ayudas van desde el 70% del coste hasta su totalidad. En Barcelona, para acceder al 70% de la ayuda, una familia de dos adultos y un niño necesita tener una renta per cápita de 6.819 euros, es decir, ingresar como mucho 20.458 euros al año, frente a los 4.260 per cápita que impone Madrid (12.780 euros al año para esta familia); en el caso de un adulto y un niño, la renta per cápita que exige Barcelona es de 7.387 (con unos ingresos máximos de 14.775 euros), un margen de ingresos al año de 6.255 euros más que en la capital. Según los últimos datos del Ministerio de Educación del curso 2020/2021, Cataluña acogió a más de 150.400 alumnos con beca de comedor, frente a los 80.900 de Madrid.

Puerta abierta a privatizaciones

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado además estos días que Madrid ha “endurecido” los plazos en esta última convocatoria, pues hasta ahora los centros “podían abrir todos los meses a lo largo del año unas fechas para incluir a nuevos alumnos y alumnas en el programa. Ahora a quien se le pase el plazo o le falten documentos, que es habitual, no tienen otra oportunidad hasta el siguiente curso”, afirma la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, Isabel Galvín.

Otro problema que plantea CC OO es que la región ha abierto la puerta a que las empresas privadas gestionen el pago de las becas. “Las nuevas normas establecen la contratación de una empresa externa para la gestión de los pagos. En vez de contratar administrativos para los centros como venimos pidiendo desde hace años, derivan el dinero a la empresa privada. Lo que en apariencia es meramente un cambio administrativo, tiene consecuencias para las familias y los centros”, avisa Galvín. Y agrega: “Quitan autonomía a los que mejor conocen las necesidades del alumnado, que son los centros y sus profesionales. Solo ellos son capaces de hacer un seguimiento permanente y continuo de la situación de las familias. Todo está pensado para reducir el número de familias que reciben la ayuda”, sentencia.

Mientras las familias que más necesitaban una beca para que coman sus hijos preparaban a contrarreloj sus documentos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba una medida estrella que no busca favorecer a los que más la necesitan, sino a los que más tienen. El conocido como cheque-canguro ha necesitado una inversión de dos millones de euros, con la que podrían comer 2.000 niños más, y solo beneficiará a unas 500 familias. El Gobierno autonómico ha planteado incluso aumentar la inversión para que más gente pueda conseguir este cheque de 4.000 euros para contratar a empleadas del hogar en casas con niños menores de 12 años (también menores de 18 con discapacidad) o con familiares con discapacidad igual o superior al 50% o en situación de dependencia.

Lo más polémico de la última medida de Ayuso es que el límite en este caso para acceder al cheque es tener una renta per cápita de 30.000 euros (siete veces más que lo establecido para el comedor), de manera que una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos niños) que ingrese 120.000 euros al año sería candidata. También, que el criterio para concederla no se atiene a ningún nivel de renta, sino al orden de llegada. Esta es la magnitud del abismo de oportunidades para unas familias y otras, en una región con el mayor índice de desigualdad de renta del país. Y el mensaje que se envía a la ciudadanía es claro: si no tienes para darle de comer decentemente a tu hijo y necesitas una ayuda, lo único que te queda es ser todavía más pobre.

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Sobre la firma

Elena Reina
Es redactora de la sección de Madrid. Antes trabajó ocho años en la redacción de EL PAÍS México, donde se especializó en temas de narcotráfico, migración y feminicidios. Es coautora del libro ‘Rabia: ocho crónicas contra el cinismo en América Latina’ (Anagrama, 2022) y Premio Gabriel García Márquez de Periodismo a la mejor cobertura en 2020

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