Los bomberos de Madrid, en pie de guerra con el Ayuntamiento por no pagar todos los trabajos extra

No todo en la vida de un bombero es apagar fuegos. Además de los rescates en altura, achicar agua en las inundaciones, asegurar edificios y bajar gatitos de los árboles, el cuerpo de bomberos de Madrid también hace una importante función pedagógica en prevención de incendios en colegios, hospitales y centros de mayores. No hay nada en su contrato que les obligue a compartir esta sabiduría con el resto, son trabajos voluntarios que, no obstante, están remunerados. Este cuerpo lleva ofreciendo esa formación muchos años, y el Ayuntamiento de Madrid les pagaba todas esas horas extra bajo el nombre de gratificaciones extraordinarias. Incluso a partir de 2012, cuando se impuso una normativa que afectaba a todos los funcionarios y que especificaba que no podían superar las 80 horas extras al año para hacer ese tipo de trabajos y ellos, que no conocían esta normativa interna de la dirección de seguridad y emergencias, lo hacían. Al final siempre cobraban.

Esta práctica —el Ayuntamiento se ha negado a especificar por qué— cambió en 2018, cuando la dirección de seguridad y emergencias, que tenía que autorizar a los bomberos cada vez que hacían una de estas tareas, decidió empezar a cumplir su propia normativa y dejar de pagar el trabajo extra a sus bomberos una vez superaran las 80 horas al año. Sin embargo, seguían autorizando estas labores que luego no iban a compensar. La liebre se ha destapado cuando Manuel Martín, un bombero que se jubiló en enero de 2023 con 62 años, pidió el dinero que se le debía por las más de 600 horas extra que había trabajado y el Ayuntamiento se negó a saldar la deuda.

Los últimos años de Martín en activo los ha pasado en el parque de bomberos de Aluche. Sigue siendo su casa, y los trabajadores que siguen allí, prácticamente su familia. Algunos de ellos están dentro del grupo de 46 bomberos, repartidos por los 13 parques de bomberos de Madrid, que se han sumado a la denuncia de Martín y a los que el Ayuntamiento debe dinero. La deuda de este grupo alcanza los 81.959 euros, “aunque hay bomberos afectados que no han denunciado”, reconoce Martín. Él se ha convertido en el encargado de relatar el problema, ya que sus compañeros, también presentes en la conversación con este periódico, se marchan cada pocos minutos cuando suena la alarma, corriendo para atender los avisos.

Martín se coloca las gafas y extiende sobre una mesa toda la documentación que ha recaudado para poner un recurso Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento. “Hemos intentado ponerle solución reuniéndonos con ellos, pero nos dijeron que no podían hacer nada, que reconocían que nos tenían que pagar, pero que no lo van a hacer”, dice Martín sobre la reunión que tuvo el 26 de mayo con el director del área de seguridad y emergencias, Enrique López Ventura, y con el área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid.

La única explicación que les ha dado el área de emergencias y seguridad sobre el asunto ha sido que “se está cumpliendo con la normativa vigente. Solo se pueden cobrar hasta 80 horas extraordinarias por tareas como las del grupo pedagógico, talleres y similar. Por ese motivo, la Intervención municipal no permite pagar más de esa cantidad, al no estar contemplado por la normativa actual”. Cuando Martín solicitó que se le pagase su deuda, el área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento le respondió que se había producido un “enriquecimiento injusto” por parte del Consistorio, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Como alternativa, el Ayuntamiento proponía saldar esa deuda con horas libres. En el caso de Martín, al que el Consistorio reconoce que le deben 600 horas, tendría nueve meses de vacaciones, y la suya no es la deuda más alta. Aparte de que a Martín no le vale esa opción porque está jubilado, el resto de bomberos la ha rechazado porque no le conviene a nadie: los turnos no pueden sostenerse con tantas personas sin trabajar.

Las deudas surgen de los trabajos que se hicieron entre 2018 y en 2020 cuando, por las necesidades de la pandemia, se quitó el límite de las 80 horas extra como máximo. En 2021 la normativa volvió a cambiar y volvió a restringir estas actividades voluntarias a 80 horas, es decir, solo permite abonar las horas extra por las guardias. “Ni nosotros ni nuestros jefes, los que estamos en la escala operativa, teníamos acceso a esta norma”, se queja Martín. “Nos gusta nuestro trabajo y estamos muy orgullosos del grupo pedagógico, pero no lo hacemos gratis”. Las labores de divulgación de prevención contra incendios, que suponían un 90% del trabajo por el que se pagaban las gratificaciones extraordinarias, están a cargo de un grupo fijo de siete bomberos y otros 80 que van participando según las necesidades y la disponibilidad. Como consecuencia de este embrollo y en protesta por la falta de pagos, los bomberos implicados en el recurso se han negado a seguir impartiendo talleres y continuar participando en el grupo pedagógico, y piden al resto del cuerpo solidaridad con su situación, que alcanza un total de 1.500 bomberos.

Para el Ayuntamiento, el hecho de que desde 2012 hasta 2018 se saltaran su propia norma y estuvieran mandando y pagando esos trabajos a sus bomberos no sirve de precedente para que estos exijan el pago ahora, según la respuesta en forma de decreto que le dieron a Martín. De hecho, la respuesta del equipo de emergencias y seguridad es que “este equipo no estaba de 2012 a 2018″.

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