Más Madrid tiene planeado registrar este viernes en el Tribunal de Cuentas una denuncia sobre cuatro pagos decididos sin publicidad ni concurrencia por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que considera ejemplo de una mala praxis que se multiplicaría hasta llegar a los 1.700 millones adjudicados a través de 1.436 acuerdos adoptados por esta vía durante 2020, 2021 y el primer semestre de 2022. Esos desembolsos, se argumenta en el documento, al que accedió EL PAÍS, se hicieron a través de convalidaciones de gasto, una figura legal, pero de uso excepcional, prevista para regularizar pagos por servicios encomendados en situación de urgencia y “prescindiendo del procedimiento adecuado”, según definición de la intervención municipal en la capital. El Gobierno regional ya defendió en marzo su actuación, y subrayó los “múltiples errores” que a su juicio contiene la argumentación de Más Madrid, cuando este partido acudió a la consejería de Hacienda para solicitar que se abriera una investigación.

“La presente denuncia se realiza ante la incompresible tolerancia de los responsables de la fiscalización del gasto público, la complacencia de las autoridades que toleraron esta situación, y el sorprendente intento de justificación de la Secretaría General Técnica”, se argumenta en el documento sobre estos “pagos sin contrato con posterior convalidación de gastos”, según definición del partido que encabeza Mónica García. “La técnica de la convalidación de gastos, que tiene un carácter excepcional, se ha convertido en un procedimiento de contratación más para la Comunidad, habiéndose convertido en práctica habitual los pagos mensuales a diferentes proveedores sin licitar públicamente los servicios que venían prestando”, sigue. Y añade: “El mero detalle económico del volumen que representa la convalidación de gastos en la Comunidad respecto de otras Administraciones Públicas, además de indicar una negligente gestión del recurso público, es indiciario de conductas que si resultan dolosas o imprudentes, suponen responsabilidad contable que debe ser exigida a los que han autorizado los diferentes pagos”.

La denuncia cita cuatro expedientes en los que ve indicios de responsabilidad contable, y los usa para reclamar que se investigue el resto, con el argumento de que el partido no tiene la capacidad operativa suficiente para fiscalizarlos todos.

En el primero recoge cómo una empresa de seguridad comunicó a la Comunidad que renunciaba a seguir dándole servicio, una vez vencido el contrato, por los incrementos de costes laborales vinculados al convenio correspondiente y la marcha del IPC. La administración respondió incrementando el gasto por el mismo servicio en un 9,76% “con total y absoluta omisión del procedimiento reglado de contratación pública”, según la denuncia. Lo mismo ocurrió con otra empresa, siempre según la versión de Más Madrid.

El tercer ejemplo se centra en otra contrata de seguridad que logró renovar su encargo por la vía de presentar presupuestos, pues el gobierno, sostiene la denuncia, “decidió de forma caprichosa adjudicar reiteradas veces el contrato a la misma empresa, incluyendo el incremento exigido y el beneficio industrial”.

En el último expediente denunciado, la contratista manifestó que continuaría prestando el servicio si se garantizaba un incremento del 21,60%, detalla la denuncia. “La Consejería de Educación, pese a pedir tres presupuestos como si con tal actuación se subsanase la falta de licitación del contrato o el resto de causas de nulidad del mismo, como la omisión de la fiscalización previa, decidió adjudicar el contrato a la empresa incluyendo el incremento exigido y el beneficio industrial”, se lee en el documento.

Respuesta de Hacienda

La denuncia que ahora registra Más Madrid ante el Tribunal de Cuentas fue previamente enviada a la Consejería de Hacienda, donde se rechazaron todas las argumentaciones recogidas en el documento tras un informe emitido por la secretaría general técnica.

“Tras el examen de los hechos y los documentos, le indico que el procedimiento de convalidación de gasto que se ha seguido es un procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico. Y se ha realizado siguiendo correctamente la doctrina jurisprudencial y administrativa”, se lee en una carta firmada por el consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, y enviada al partido de Mónica García. “Por otro lado, en la demanda hemos apreciado múltiples errores”, añade, subrayando que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid “no ha encontrado tacha alguna” en los cuatro expedientes denunciados. Y remata: “No procede apreciar ninguna responsabilidad contable. Las convalidaciones son correctas y no ha existido daño a la Hacienda madrileña (...) quedando a juicio del partido que usted representa acudir al Tribunal de Cuentas”.

Un paso que da ahora Más Madrid “a fin de que sean restituidos a la Hacienda autonómica los pagos realizados” y con la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo como telón de fondo.

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