El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto este miércoles ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas impulsado por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez. La decisión, que incluye la petición de que el gravamen sea suspendido cautelarmente, ya fue anunciada en octubre por la líder conservadora, y suma un nuevo choque entre las dos Administraciones. Camino de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, así como de las generales de fin de año, los dos gobiernos acumulan enfrentamientos judiciales en materia educativa, económica, sanitaria o fiscal.

“Es un nuevo impuesto que va contra el ahorro y la inversión, y que tendrá efectos negativos para Madrid, que aglutina tres de cada cuatro euros de la inversión extranjera que viene a España, por lo que podría bajar la recaudación en 5.000 millones de euros”, ha defendido este martes el portavoz del ejecutivo de Madrid, Enrique Ossorio, en una rueda de prensa organizada tras la reunión semanal del consejo de gobierno. “A eso hay que sumar los inversores que no van a venir por la aplicación del nuevo impuesto: dejarán de llegar entre 1.200 y 1.600 millones de euros de inversión extranjera al año”, ha añadido el también vicepresidente regional, elevando el cálculo del impacto negativo del nuevo gravamen en las cuentas madrileñas hasta un mínimo de 6.200 millones.

La Comunidad de Madrid bonifica al completo el impuesto de patrimonio desde 2008, una de las señas de identidad de la política fiscal de los distintos gobiernos populares que se han sucedido ininterrumpidamente en el poder regional desde 1995. Como el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva acusando desde 2019 a la Comunidad de apostar por el dumping fiscal para atraer a grandes contribuyentes de otras regiones, los asesores de Díaz Ayuso interpretan ahora el nuevo tributo como una forma de perjudicar los intereses de la región y a sus tributantes más acaudalados. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas afectará a grandes patrimonios de más de tres millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé que este nuevo tributo recaude un máximo de 1.500 millones de euros procedentes de 23.000 grandes contribuyentes a lo largo de 2023 y 2024.

Más allá de las cifras, el gobierno de Díaz Ayuso considera que el de Sánchez se ha saltado el ordenamiento jurídico con la aprobación del gravamen. Por eso, basa su recurso ante el Tribunal Constitucional en seis aspectos: invasión de competencias autonómicas; ruptura de la autonomía financiera; del principio de igualdad, pues considera que el impuesto solo se dirige contra Madrid y Andalucía (que bonifican al 100% el gravamen al patrimonio); del procedimiento; que lesiona la seguridad jurídica de los contribuyentes; y que no está justificado, porque la recaudación estatal de impuestos está batiendo todos los récords.

“La Comunidad de Madrid continúa con su política de defender solo a una minoría privilegiada a costa de empeorar los servicios públicos de la mayoría”, ha reaccionado al anuncio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Mientras el Gobierno de España ha tomado medidas para aliviar la economía de la mayoría social del país, con la rebaja del IVA a los alimentos o la rebaja del IRPF para rentas medianas, los Ejecutivos del PP gobiernan y trabajan para una minoría”, ha seguido. Y se ha quejado: “El impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas es plenamente constitucional y garantiza la seguridad jurídica de los contribuyentes al no suponer una doble imposición, ya que la cuota a pagar de este impuesto se podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio”.

Lucha en los tribunales

Que Madrid haya decidido litigar contra esa decisión no ha cogido a nadie por sorpresa. Díaz Ayuso lleva desde octubre de 2022 anunciando su intención de recurrir contra el gravamen. Y, además, hay múltiples precedentes en todos los terrenos, y especialmente en el económico.

Así, la Comunidad ya ganó el pleito por el IVA de diciembre de 2017 (que supuso un ingreso extra de 400 millones para Madrid), aguarda la solución al litigio por las entregas a cuenta de 2019 (hay en juego 54 millones), y también ha denunciado en el Tribunal Supremo el supuesto reparto “arbitrario” de una mínima parte de los fondos europeos. En paralelo, los servicios jurídicos autonómicos han registrado un recurso ante el Constitucional contra el decreto de medidas de ahorro energético del Gobierno central al considerar que actúa “de forma arbitraria, autoritaria y, sobre todo, que atenta contra los comercios y demás establecimientos públicos, en un momento muy difícil para ellos”.

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