Cinco familias afectadas por las grabaciones a niñas en un colegio de Boadilla denuncian que el centro no apartó al profesor investigado

Cinco de las ocho familias cuyas hijas de entre 11 y 12 años aparecen en las grabaciones tomadas en el colegio privado Virgen de Europa, en Boadilla del Monte, aseguran que el centro no apartó de sus funciones al docente investigado por la Guardia Civil, cuando fue detenido en junio, según fuentes cercanas a los familiares. Estos padres y madres de las alumnas afectadas han emitido además un comunicado, avanzado por la agencia Efe, en el que aseguran que fue el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, que lleva la causa, el que tomó la medida de alejar al profesor investigado de las instalaciones escolares y no fue el colegio, al que reprochan no haber atendido a sus demandas. Además, fuentes de la Guardia Civil han señalado a la Cadena SER que en la casa de este maestro encontraron 30 discos duros, una parte de ellos escondidos en las paredes de la vivienda y el resto taladrados para evitar el acceso a su contenido.

El maestro, de iniciales A. M. y hermano del director del centro, está acusado de tener pornografía infantil y fue detenido el pasado junio por poseer imágenes de al menos una docena de niñas de sexto de Primaria del colegio grabadas con cámara oculta mientras se cambiaban. Las menores utilizaban la sala de audiovisuales, donde este profesor trabajaba habitualmente, porque había problemas con la calefacción de los vestuarios de las niñas, según fuentes de la investigación, que también explicaron que las imágenes encontradas corresponden a estudiantes de hasta hace 10 años, a las que se identificaba por llevar el uniforme del centro.

Tras comparecer ante la jueza, el profesor quedó en libertad provisional con medidas cautelares: retirada del pasaporte, obligación de comparecer ante el juzgado y una orden de alejamiento del centro. La dirección del Virgen de Europa notificó lo ocurrido a los padres a través de un correo electrónico y, según su versión, el profesor “fue suspendido y apartado del centro de forma indefinida” a las 24 horas, según defendió este lunes un portavoz del colegio.

Pero las cinco familias afectadas aseguran que el profesor “sigue teniendo responsabilidades administrativas en el colegio” y que en los últimos meses el centro “no ha atendido a ninguna de sus peticiones”. Se da la circunstancia de que este maestro es hermano del director y ambos llevan, junto a otros dos hermanos, la gestión del centro, que fundó su madre, según fuentes de la investigación.

En junio, cuando la Guardia Civil informó al centro de las grabaciones encontradas, los padres exigieron a la dirección un protocolo de actuación para que los hechos no volvieran a repetirse. También exigieron la dimisión del director, Enrique Maestu, como responsable y por el “evidente conflicto de interés existente”, al ser su hermano el principal investigado. Maestu no ha dejado la dirección del colegio, aunque este lunes dimitió como presidente de Cicae (Asociaciones de Colegios Privados e Independientes), una de las patronales de la educación privada en España.

Otras dos de las peticiones de las familias fueron que se presentara un proyecto de “sucesión profesional que comprometa la continuidad del proyecto formativo de cinco a diez años sin sus actuales gestores”, y que se avisara al resto de familias de lo ocurrido de forma “interna y escueta”, para que todos los padres supieran de la gravedad de lo que ha ocurrido en este centro educativo. Las cinco familias reiteran que ninguna de esas exigencias se ha llevado a cabo y lamentan que la Asociación de Padres (APA) haya decidido apoyar al centro y al director, “en total confrontación” con sus reivindicaciones. Por esta razón, según fuentes relacionadas con estas familias, algunas de ellas han sacado a sus hijos del centro. “Tratan de desincentivar a las familias afectadas y dejarlo como una anécdota del hermano del director”, apuntaron estas fuentes. “Por eso, algunas de ellas se han querellado y han sacado a los hijos”.

La Comandancia de Madrid, que no ha confirmado oficialmente el hallazgo de los nuevos archivos, sí admitió este lunes que a finales de junio los agentes se habían llevado del colegio el ordenador del maestro, que contenía varias unidades de almacenamiento. Los archivos incautados son tantos ―”un arsenal”, según fuentes judiciales― que la Policía Judicial de la Guardia Civil no ha podido aún analizarlos todos. Se han puesto de plazo hasta diciembre para revisarlos. Por ahora, los agentes tratan de averiguar si los vídeos habían sido distribuidos en redes de pedofilia y de encontrar pistas que permitan averiguar quién grabó las imágenes. Aunque de momento hay solo ocho familias que han presentado denuncia, el juzgado mantiene abierta la posibilidad de sumarse a ella a futuras víctimas, que aún desconocen que fueron grabadas, y que pueden surgir a medida que avancen las pesquisas.

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