La testigo que declaró en el caso de las comisiones millonarias de Madrid: “No recuerdo cómo llegaron los intermediarios”

Cuatro días después, la reunión. En una sala del tanatorio de la M-30, sede de la empresa funeraria municipal, se celebró este lunes un encuentro con representantes de todos los partidos políticos del Ayuntamiento: PP, Ciudadanos, Más Madrid, PSOE, Vox y Grupo Mixto. No era una reunión ordinaria. Se convocó de manera extraordinaria el pasado jueves. Esa mañana, eldiario.es anunciaba que la Fiscalía investigaba comisiones millonarias en compras de material sanitario por el Consistorio de la capital. Los dos contratos, a los que ha tenido acceso ahora EL PAÍS, son las adquisiciones municipales más caras de toda la pandemia: 10,8 millones de euros. Ambos, además, fueron examinados con lupa por el Tribunal de Cuentas, que alertó en un informe el pasado octubre.

Los dos empresarios bajo sospecha son Luis Medina Abascal ―hijo de la modelo de alta costura Naty Abascal y el ya fallecido duque de Feria, Rafael Medina― y Alberto Luceño Cerón, también empresario y amigo de este. Los investigadores sospechan que estos dos administradores se pusieron en contacto con un alto cargo del Ayuntamiento durante la segunda quincena de marzo de 2020. Según fuentes municipales, estos empresarios aseguraron tener contacto con una compañía asiática que fabricaba material sanitario: mascarillas, EPI, guantes... Las compras se produjeron en un contexto donde era prácticamente imposible lograr contratos de este tipo por todo el mundo. Las administraciones locales y regionales se desvivían por estos materiales, un auténtico mercado persa. Tras el contrato con el Consistorio, su comisión pudo ascender a unos seis millones de euros. Esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción, iniciada hace año y medio, pero conocida ahora, se suma a la reciente apertura de diligencias sobre el contrato que benefició al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la junta extraordinaria de este lunes, ha estado presente la testigo de Ayuntamiento que fue citada a declarar por el ministerio público a finales de 2020. “No recuerdo cómo llegaron [al Consistorio] estos dos intermediaros”, ha dicho la alto cargo de Hacienda a preguntas de los grupos políticos, según fuentes presenciales. “Era una oferta más de las muchas que recibimos”, añadió. ¿Con qué persona del palacio de Cibeles se pusieron en contacto los dos empresarios? Tampoco hubo respuesta.

A la misma hora en la que se celebraba la reunión, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, concedía una entrevista a Onda Madrid. “No se está investigando a nadie del Ayuntamiento”, respondió el regidor. “¿Qué diría la izquierda de mí si yo hubiera encubierto los abusos sexuales cometidos por una menor cometidos por mi pareja? Esto es lo que pasa en Valencia. Me siento muy orgulloso del trabajo de Madrid. Me hubiera ido al fin del mundo a por mascarillas”.

El consejo extraordinario de la empresa municipal duró casi dos horas. ¿Cómo se hizo el contrato con la empresa de Malasia a la que compraron las mascarillas? A través de la funeraria municipal, la única empresa del Ayuntamiento que podía realizar este tipo de contratos. No era nada sencillo firmar acuerdos con compañías asiáticas. Todas exigían siempre un adelanto económico. Si los ayuntamientos españoles querían millones de mascarillas, tenían que adelantar siempre una gran cuantía económica y, de alguna manera, rezar para que llegaran estos materiales y no fuera un pufo económico.

El único organismo del Ayuntamiento que podría ejecutar un adelanto era el de servicios funerarios. Según cuentan fuentes municipales, al estar toda España confinada, los representantes de los grupos políticos que están presentes en el Consejo de Administración de la empresa funeraria crearon un grupo de WhatsApp bajo el nombre “Consejo virtual SFM”. En este grupo se anunció el contrato con la empresa Leno, radicada en Malasia. Todos los concejales votaron a favor. Sin embargo, el alto cargo del Ayuntamiento que valida este acuerdo omitió una información clave: que el Consistorio había llegado a esta empresa asiática gracias a estos dos empresarios españoles. Este periódico se ha puesto en contacto con esta trabajadora, sin respuesta.

En la reunión de este lunes todos los partidos se pusieron de acuerdo en subrayar que el Consistorio no puede personarse en la causa. La investigación se encuentra todavía en diligencias previas. “Colaboraremos con la justicia”, dijo la presidenta de la empresa pública, Inmaculada Sanz, que también es delegada de Seguridad y portavoz del Ayuntamiento, en una declaración con preguntas de los periodistas. “No tenemos más información de lo publicado en la prensa”. Más Madrid pidió al resto de grupos reunirse en el plazo de un mes tras requerir más información. Tanto la presidenta, como la testigo del Ayuntamiento que fue llamada a declarar en noviembre de 2020 dijeron que, si hubiera cualquier novedad con la causa, se lo harían saber al resto de grupos.

Dos años después, sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha publicado los dos contratos públicos que se están investigando para que cualquier ciudadano los consulte. Este periódico tuvo acceso a los documentos el pasado sábado. El Ayuntamiento adquirió un millón de mascarillas KN95 (equivalentes a FFP2) por 6,6 millones de euros y 250.000 tests de anticuerpos por 4,2 millones de euros. Los productos de los dos contratos fueron hechos en China, pero los comercializaba una empresa malaya de tipo bazar, Leno, que en su página de Facebook ha estado promocionando casi a diario “grandes ofertas” de guantes quirúrgicos que “se acababan rápido”. La empresa tampoco ha contestado a las solicitudes hechas por este diario.

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