La presidenta de la Asamblea de Madrid concentra todo el poder tras la polémica por el hermano de Ayuso

No hay inviolabilidad parlamentaria que valga, ni libertad de expresión que invocar: todo el poder para decidir qué se puede decir y qué no en la Asamblea de Madrid está en manos de su presidenta, María Eugenia Carballedo. Esa es la conclusión de un informe de la Cámara encargado tras la polémica desatada por la mención del hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno del 11 de noviembre, y que derivó en la expulsión de la socialista Carmen López, y en la salida de toda la oposición como protesta. “En este pleno hemos aguantado que se nos llamara nazis, y nunca la presidenta ha pedido a ese diputado que saliera”, se quejó entonces Rocío Monasterio, líder de Vox, que pidió establecer un criterio que equilibre el derecho de los diputados a denunciar presuntas irregulares y su deber de mostrar cortesía parlamentaria. La conclusión del informe, al que accedió EL PAÍS, es que eso es potestad de Carballedo.

La polémica estalla durante un pleno rutinario, y en una intervención que parece destinada ya a coser una frase intrascendente tras otra hasta agotar el tiempo. Pero de repente estalla la bomba.

―Dedíquense ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación la empresa a la que hay que contratar―, le dice López a la bancada del PP.

―Señora diputada, vamos a parar el tiempo... —le interrumpe la presidenta Carballedo—. Señora López, no está en el uso de la palabra. Me temo que estoy hablando yo. Le voy a decir lo siguiente: está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Lo está haciendo, además, no con palabras amables ni con palabras neutras, lo está haciendo con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria (...) Le llamo al orden, señora diputada, y le pido, por favor, no solo que no insista en una acusación de tal calibre sino que, además, retire esa afirmación.

―¡Se llama libertad! ¡Se llama libertad de expresión!―, clama desde su escaño la socialista Irene Lozano.

―Presidenta, no lo voy a retirar, —tercia López, acodada sobre la tribuna, mientras mira, mitad desafiante, mitad socarrona, a Carballedo—. Y me gustaría que la misma actitud que tiene usted hoy aquí la tuviera usted todos los días con la presidenta del Gobierno.

Así estalla una polémica que sigue viva más de un mes después. Primero, López reconoce que no tiene pruebas sobre esa supuesta intervención del hermano de la presidenta. Luego, el PP y Vox tumban la comisión de investigación impulsada por el PSOE para fiscalizar los 4.461 contratos de emergencia firmados por la Administración regional durante la pandemia. Y ahora llega el informe de la secretaria general de la Asamblea para dirimir si hay límites en la libertad de expresión de los diputados, o si se les puede expulsar por lo que digan en sede parlamentaria cuando gozan de inmunidad.

“De la inviolabilidad parlamentaria no se deriva en ningún caso la imposibilidad de aplicar la normativa disciplinaria interna que pueda suponer una restricción de la libertad de expresión de los diputados”, subraya el documento. “La invocación de la libertad de expresión en el ejercicio de las funciones parlamentarias sin perturbaciones ilegítimas [exteriores, como la amenaza de querellas] no exime ni puede oponerse al cumplimiento de los deberes del diputado, y a la aplicación de las normas de disciplina parlamentaria que dispone el reglamento para garantizar el respeto al orden y el correcto curso de los debates”, añade. Y subraya: “(...) Corresponde a la presidenta valorar en cada supuesto la existencia de alteración del orden (...) sin perjuicio de que sea exigible (...) una aplicación restrictiva y proporcionada de las normas reglamentarias que puedan limitar el ejercicio de los derechos del diputado”.

Para Carballedo, pura poesía. La presidenta de la Cámara se estrenó este verano en el puesto convencida de que el Parlamento regional necesitaba ser embridado. Las últimas legislaturas, marcadas por el fin de las mayorías absolutas del PP, no se han traducido solo en la oportunidad de fiscalizar lo hecho por los gobiernos precedentes de la formación conservadora, o de buscar mayorías alternativas en momentos puntuales. También, según el criterio del PP, han propiciado un aumento de los conflictos entre los diputados que a su juicio ha entorpecido el día a día de la Cámara, llegando a desesperar a Juan Trinidad (Cs), el presidente de la pasada legislatura. El volumen de los gritos ha llegado a ser tan alto como para que los partidos entrenen a los nuevos diputados en sesiones ficticias donde los debutantes suben al estrado y sus compañeros les gritan al oído. Y Carballedo está actuando en consecuencia.

Pero las conclusiones del informe de la Cámara no complacen a Vox, el único socio posible del PP. “Este informe no da contestación exhaustiva a lo solicitado, por cuanto no se entra en la cuestión principal, que es la posibilidad de establecer unos limites objetivos a la función moderadora de los debates que le corresponde a la Presidencia de la Cámara”, se queja Monasterio en su escrito de alegaciones. “Debería establecerse por acuerdo de la Mesa o de la Junta de portavoces una interpretación del artículo 33.3 del reglamento de la Asamblea de Madrid que concrete de forma fehaciente qué es un grave atentado “contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria”.

Mientras ocurre eso, si es que ocurre, todo el poder para decidir si se pude etiquetar o no de nazi a un diputado, o mencionar o no el nombre del hermano de la presidenta, queda en manos de la presidenta Carballedo.

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