Un desahucio inevitable: cuando vivir entre ratas y humedades es lo menos malo

Al caer la noche, la rata campa a sus anchas por el patio de este primer piso. “Come de todo, desde papel de aluminio hasta zapatos”, comenta Rachid El Yagoubi, de 50 años, junto a su mujer, Fatima Maknassi, de 30. La mujer muestra el vídeo grabado con el teléfono la víspera. Se ve al animal tan tranquilo, casi como otro inquilino más, bajo el tendedero y junto a las bicicletas de los niños. Esta familia de seis miembros convive desde 2014, además de con los roedores, con las humedades, las goteras y las estrecheces en una casa de 40 metros cuadrados del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Cáritas, citando a Madrid Salud, ya hizo referencia en 2018 a las malas condiciones de habitabilidad y problemas estructurales de la vivienda. Pese a todo, El Yagoubi, su mujer y sus cuatro hijos no encuentran otra alternativa de alquiler. Es más, en breve puede hasta que echen de menos vivir en estas condiciones. Este viernes, tras varios fallos judiciales en contra, tienen que irse definitivamente porque desde hace cuatro años no renuevan el contrato de alquiler.

El pequeño Amir se amodorra sobre el pecho de su madre ajeno al ajetreo de papeles, maletas, bultos y toda una existencia empantanada a su alrededor. El niño cumple un mes de vida el mismo día en que dejan este piso del barrio de Entrevías. El progenitor ya ha alquilado un trastero en el que poder meter todas las pertenencias. Esa es la señal inequívoca de que aceptan a regañadientes abandonar la vivienda. En 2017 acababa el contrato de alquiler de tres años y la propietaria, una sociedad limitada con sede en Pamplona, comunicó su decisión de no renovarlo. EL PAÍS se ha puesto en contacto con ella por si querían aportar su versión. Según El Yagoubi, quisieron subir la renta mensual de 400 a 750 euros. De nada le ha servido su estrategia de seguir abonando esos 400 euros todo este tiempo sin firmar nuevo alquiler. Fernando Abad, el abogado de oficio que defiende al inquilino, reconoce que ha tratado de dilatar al máximo su salida. También dice que es legal, una vez expirado el contrato, subir la renta.

“No estamos ante un caso de maltrato o negligencia, sino de pobreza por la sobrecarga que supone la vivienda”

Carmela del Moral, Save the Children

Una comisión judicial ya acudió al piso el pasado 21 de abril para tratar de sacar a la familia. Ese mismo día, la madre rompió aguas y vino al mundo Amir. Les dieron un mes más de plazo. Por eso este viernes 21 de mayo, a las nueve y media de la mañana, regresará la comisión con los agentes de policía. Todo apunta a que no habrá nueva prórroga. “Saquen todos sus muebles y enseres del piso”, se lee en la nota. Mientras, la habitación más pequeña hace de almacén y la principal acoge a toda la familia. Es un campamento, no hay donde pisar entre los colchones por el suelo, la cama de matrimonio y la cuna.

El Yagoubi está contratado de manera temporal por seis meses como vigilante nocturno y acaba de recibir la primera nómina. Esos ingresos, aunque coyunturales, dificultan el poder recibir ayuda pública. Estos días le toca trabajar en la feria del libro de Vallecas, donde también están escolarizados sus otros tres hijos, de 10, 6 y 3 años. La principal preocupación de los padres es que puedan acabar en las mejores condiciones lo que les queda de curso y el seguimiento médico rutinario al pequeño Amir.

El Yagoubi, licenciado en Biología con su título homologado en España, se pasa el día hablando por teléfono con unos y otros. Desde la parroquia San Carlos Borromeo a activistas antidesahucios. Trata de buscar una solución que no llega. La familia viajó incluso por iniciativa de Cáritas para hacer una entrevista de trabajo en un pueblo manchego para optar a un puesto de albañil, pero él reconoce carece de experiencia. Ante la posibilidad de en una retirada de la custodia de los menores, Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, insiste en que “no estamos ante un caso de maltrato o negligencia, sino de pobreza por la sobrecarga que supone la vivienda” para la economía familiar.

Fuentes del área social del Ayuntamiento de Madrid aseguran que están al tanto del caso desde hace al menos dos años y que lo han seguido a través del Servicio de Asesoramiento a la Emergencia Residencial (Saer). Este viernes, cuando llegue la hora de dejar el piso, enviarán un equipo del Samur Social a casa de El Yagoubi. Tratarán de frenar el lanzamiento y, si eso no es posible, intentarán ofrecerles un recurso de emergencia.

Fuera de la prórroga del Gobierno

La familia está desde hace dos años y medio bajo el paraguas de un programa de atención a personas vulnerables de Save The Children. Esta organización humanitaria solicita que no sean obligados a salir de la vivienda, especialmente porque quedarían menores desamparados y por no contar con vivienda alternativa. En este sentido, reclaman una coordinación entre los juzgados y los servicios sociales. “El hogar es el lugar donde la infancia se siente protegida. Un desahucio significa una enorme ruptura en las trayectorias vitales de los niños y niñas que lo sufren y pueden acabar desarrollando trastornos depresivos”, señala Carmela del Moral.

A la asociación Provivienda, que está también en contacto con la familia, le sorprende que no puedan acceder a un alquiler alternativo. También le llama la atención que no estén bajo el amparo de la prórroga decretada hasta agosto por el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar desahucios de personas vulnerables durante la pandemia. En un informe del pasado octubre, esta asociación detalla que en muchos casos a los extranjeros se les exige para alquilar mayores garantías y documentación o cláusulas y precios abusivos. El Yagoubi, convencido de que no encuentra casa porque es marroquí, cuenta que hay “empresas piratas” en webs como Mil Anuncios que tratan de engañar a los que buscan una vivienda de alquiler.

Él está dispuesto a instalarse en el coche si hace falta, pero pide una solución, al menos, para su mujer y sus hijos. “En Servicios Sociales hay plazas de acogida para casos de violencia de género. ¿Qué quieren, que mate a mi mujer o la viole para que les den una vivienda?”, pregunta desesperado Rachid El Yagoubi.

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