LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La Comunidad de Madrid contrata a un ‘cobrador del frac’ para gestionar las multas covid

El Ejecutivo regional argumenta que el volumen de las denuncias obliga a externalizar la tramitación de las sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria

Un agente pasa a caballo junto a los clientes de una terraza de la Plaza Mayor de Madrid, que no llevan la mascarilla obligatoria.
Un agente pasa a caballo junto a los clientes de una terraza de la Plaza Mayor de Madrid, que no llevan la mascarilla obligatoria.David G. Folgueiras / EL PAÍS

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso validó el miércoles un contrato de 582.252 euros para externalizar la tramitación de las denuncias y sanciones por incumplimiento de la normativa sanitaria con la que se intenta combatir la pandemia del coronavirus. “El volumen de las denuncias recibidas y los consecuentes expedientes sancionadores suponen una sobrecarga de trabajo”, justifica el Ejecutivo regional en la documentación a la que accedió EL PAÍS, y que refleja incentivos para que la empresa contratada logre que los ciudadanos paguen: un 15% de lo recaudado.

Entre el 26 de marzo y el 4 de abril, la Policía Municipal de Madrid interpuso 4.654 propuestas de sanción a personas que no respetaron el toque de queda —vigente desde las once de la noche a las seis de la mañana—; y 1.980 por no usar la mascarilla en lugares en los que era obligatorio. En esas mismas fechas, los agentes de la capital intervinieron en 117 fiestas ilegales al día. El balance de la Semana Santa dimensiona la ingente cantidad de expedientes sancionadores que está teniendo que gestionar la Comunidad de Madrid por incumplimiento de las normas anticovid, y han servido de excusa para que la Administración haya externalizado su tramitación, y las gestiones para su cobro.

“Las denuncias que se están recibiendo provienen desde múltiples lugares de emisión (ayuntamientos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales, otros agentes de la autoridad de distintos ámbitos sectoriales como agentes forestales, servicios de inspección, etcétera) y por diferentes canales y soportes (en un importante porcentaje se trata de documentos manuscritos, lo que dificulta o ralentiza su comprobación y clasificación)”, se argumenta en el contrato.

En él se admite que el número de denuncias que se han recibido y, por tanto, los expedientes sancionadores que se han abierto, van en aumento y suponen una “sobrecarga de trabajo sobrevenida” que supera con creces la capacidad del actual equipo de la Consejería de Sanidad y de los medios de los que disponen.

Multas millonarias

El Ejecutivo regional considera la tarea tan ingente que ha obligado a la empresa contratada a contar con una oficina de 200 metros cuadrados, en la que trabajen un coordinador, cinco abogados y ocho administrativos. A cambio, el adjudicatario percibirá por la prestación del servicio un precio fijo de 16 euros más IVA (21%) por expediente gestionado. Y no solo eso. Tendrá un incentivo parecido a los del cobrador del frac, según se lee en el acuerdo firmado con la empresa Servicios de Colaboración Integral: “Se establece un componente variable en función de la recaudación efectivamente obtenida de un 15% más IVA (21%) de la cantidad liquidada y cobrada en cada expediente dentro del periodo voluntario de ingreso”.

Aunque la Administración justifica la necesidad de hacer el esfuerzo en el efecto ejemplificador que tendrán las sanciones en un momento clave para la lucha contra la pandemia, el botín potencial que encierran las decenas de miles de propuestas de sanción no es un tema menor.

Así, las multas por infracciones leves y graves pueden llegar hasta los 15.025,30 euros; las sanciones muy graves abarcan desde esos 15.025,30 hasta 120.202,42 euros si las firma el consejero de Sanidad; y pueden llegar hasta los 601.012,11 euros si las decide el Consejo de Gobierno.

“Resulta necesario una actuación ágil y rápida para corregir las conductas infractoras con la mayor celeridad posible y así, por un lado, prevenir comportamientos indeseables que pueden suponer un riesgo para la salud pública y, por otro, fomentar la observancia y adhesión al cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención”, justifica el contrato, firmado el 22 de marzo, justo después del puente de San José, que dejó 65 detenidos y casi 1.500 multas por fiestas y reuniones ilegales en Madrid. “[Las sanciones son] el principal instrumento que permite corregir aquellas conductas individuales que determinan una inobservancia de las medidas adoptadas en aras de proteger la salud pública”.

Una forma de decir lo mismo que asegura el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, cada vez que le preguntan por las fiestas ilegales que se celebran cada noche en pisos turísticos de toda la región: “Con lo que está pasando con la pandemia, cada vez que las veo, no puedo entenderlo”.

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