Las críticas al plan municipal de ayudas al alquiler obligan a modificarlo antes de que se ponga en marcha

El Ayuntamiento de Madrid ha modificado su nuevo plan integral del alquiler municipal menos de tres semanas después de haberlo presentado y antes de que entre en funcionamiento. ¿El motivo? Las quejas por dejar fuera de su radio de acción a un sector de la población que, en principio, debía estar bajo su paraguas pero no podía verse beneficiado por las restricciones impuestas. Así es como el consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) acordó el pasado viernes por unanimidad actualizar el conocido como plan Reviva, hecho público el pasado 1 de febrero, y que finalmente pueda dar cabida “a personas o familias con ingresos inferiores a 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) cuando el alquiler por parte del inquilino solicitante de vivienda no le suponga un esfuerzo superior al 30% de su renta disponible”, según queda recogido en un certificado de la empresa la empresa pública. El IPREM es un índice empleado en España como referencia para la concesión de diferentes ayudas y subvenciones públicas como becas, vivienda, colegio o guardería. Tres veces el IPREM supone aproximadamente unos 1.426 euros netos mensuales.

Hasta ahora la EMVS facilitaba la vivienda a lo que se consideraba familias vulnerables y con este nuevo plan quiere satisfacer también la necesidad de alquiler de personas o unidades familiares que no son consideradas vulnerables pero que, debido al alto precio de mercado, no pueden acceder a las casas. Al mismo tiempo, el Consistorio busca que se ocupen viviendas que en la actualidad se hallan vacías, entre ellas las de uso turístico, que han sido especialmente golpeadas por la pandemia y la falta de clientes.

Más Madrid, fuerza mayoritaria en Cibeles, entiende que el viernes, a instancias de su consejero José Manuel Calvo, se corrigió un “error” y se va a permitir que la administración ayude con su alquiler a personas que se quedaban fuera. Esta modificación, entiende Calvo, que también es concejal, “aumenta la cantidad de beneficiarios potenciales y, sobre todo, evita que se excluya un sector de la sociedad que es el solicitante natural de este programa”. Se trata, añade, de “personas con ingresos medios que superan los umbrales para ser adjudicatarios de vivienda pública pero que tienen dificultades para acceder al mercado privado del alquiler en Madrid”.

La polémica, sin embargo, no se ha aplacado del todo pues tanto Más Madrid como PSOE no consideran esta actualización suficiente y han retirado su apoyo al plan Reviva.

La satisfacción de la demanda para abrir la horquilla de los beneficiados no se ha visto complementada con el visto bueno a otras aspiraciones de los socialistas. Así, la EMVS decidió en la misma reunión del viernes rechazar las propuestas de la concejal socialista Mercedes González “consistentes en disminuir el importe mínimo de la renta a pagar por el inquilino a 350 €/mes”, según la nota de la empresa. Se mantiene por tanto la mensualidad mínima prevista desde el principio de 450 euros y el tope máximo de ayudas en 900 euros. Mantener ese límite en 450 euros mínimos para González “es como si no se hiciera nada, ya que con esos ingresos el tope actúa de barrera para que esas rentas no accedan, ya que, si el tope es el 30% de los ingresos, el 30% son 426 euros y no 450”.

Con respecto a lo planteado por el partido socialista, “Desgraciadamente en este caso, la propuesta no ha sido apoyada por los miembros del consejo de PP, Cs y Vox”, comenta José Manuel Calvo. La EMVS acordó también por unanimidad un plazo de seis meses para analizar el funcionamiento y la implantación del programa. Para Mercedes González “es evidente que cualquier plan en una empresa seria se monitorea y se analiza para controlar su evolución e ir corrigiendo los errores”.

La presentación del plan estuvo presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), y la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Ciudadanos). “La EMVS vendió este Plan ante los medios de comunicación manejando unas cantidades económicas de los beneficiarios que nada tenían que ver con los cálculos que nosotros habíamos hecho a la hora de analizar este plan”, critica Mercedes González. “Mientras, nosotros defendíamos que el plan era para rentas anuales brutas de entre 24.000 y 70.000 euros, ellos vendían a los medios que era para rentas entre 32.000 y 88.000 euros”. Los socialistas se sienten engañados porque consideran que un acuerdo cerrado a la sombra de los Acuerdos de la Villa saltó a la luz pública convertido en un acto “político” del gobierno municipal. Al PSOE, además, no le gustó nada que, durante la presentación del plan Reviva, el equipo de Almeida aprovechara para cargar contra la política de vivienda del Gobierno que preside Pedro Sánchez.