Una residencia de Madrid ha vacunado irregularmente a familiares de los trabajadores y a sacerdotes

El grupo de residencias de mayores Casablanca ha confirmado este miércoles que ha vacunado contra la covid-19 a personas sin derecho a ello: familiares de los trabajadores y sacerdotes que visitan sus centros. La admisión de responsabilidad se ha producido un día después de que elDiario.es revelara la infracción, lo que ha motivado que la Comunidad de Madrid abra un expediente de sanción. La estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad estipula que durante la primera fase, hasta finales de marzo, solo deben vacunarse los mayores y dependientes que viven en residencias, los trabajadores de esos centros y los sanitarios de primera línea.

“Con el único ánimo de aprovechar el 100% de las dosis recibidas y proteger al máximo a los mayores de nuestras residencias, se ha vacunado a varios sacerdotes que nos asisten espiritualmente en los centros del grupo, voluntarios que están en contacto con los mayores de forma habitual y algunos mayores de riesgo familiares de algunos empleados”, reza un comunicado firmado por Vivian del Carmen Rodríguez, directora médica del grupo Casablanca.

Casablanca es uno de los grupos empresariales que vacuna sin supervisión directa de la Comunidad de Madrid. Una empresa de logística les entrega a diario neveras con las vacunas para que los sanitarios de estos centros privados procedan a inmunizar a residentes y empleados.

Casablanca tiene ocho geriátricos en la Comunidad de Madrid en los que residen y trabajan 1.600 personas con derecho a vacunación. La vacunación irregular admitida por la empresa se ha producido en su centro del municipio de Valdemoro, Casablanca Valdesur, que tiene 178 plazas. La empresa dice estar investigando los hechos y no ha aclarado si también han vacunado irregularmente en sus otros centros.

La empresa asegura que la “anomalía” se produjo con el fin de aprovechar todo el contenido de los viales de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Cada vial tiene un contenido que permite administrar cinco dosis de 0,3 mililitros, pero el bote tiene un contenido sobrante. La vida útil de una vacuna una vez descongelado el frasco es de dos horas y si no se utiliza se pierde.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha respondido de manera inmediata a la sanción que estudian imponer a la empresa.

Huecos del sistema

Es el primer incidente de vacunación irregular conocido en España y genera dudas sobre las garantías del proceso contra la aparición de un mercado negro. La Comunidad de Madrid tiene un operativo compuesto por 92 enfermeras que trabajan por parejas. De ellas, solo 32 son trabajadoras de la sanidad pública madrileña y 60 son del sector privado. Como las grandes empresas del sector de geriátricos tienen sanitarios en sus plantillas, la Comunidad pidió su ayuda. Además de Casablanca, están vacunando con sus propios enfermeros varios grupos de geriátricos de la patronal Aeste (entre ellos Orpea, Ballesol, Sanitas o Amavir).

Antes del primer día de vacunación, la Comunidad de Madrid dio un curso online de tres horas a los sanitarios de las residencias. Las dosis las han recibido a diario de manos de una empresa de distribución con sede en Leganés, Logista, que reparte las vacunas por las residencias de la región.

Los sanitarios de estas residencias deben introducir en un registro online creado por la Dirección General de Salud Pública los datos personales de todos los vacunados. Es un registro universal donde al fin del proceso de vacunación deberán aparecer los datos de los millones de madrileños que se han vacunado o que han declinado hacerlo.

A pesar de este registro online, enfermeros que participan en el operativo madrileño advierten de que existen huecos para “colar” a personas no autorizadas. Las residencias tenían de plazo hasta mitad de diciembre para entregar a la Dirección de Salud Pública madrileña un listado de sus trabajadores y residentes con derecho a recibir la vacuna. Esos son los listados que Salud Pública ha usado para determinar el número de dosis que enviaba a cada centro. Desde entonces hasta el 27 de diciembre esos listados han podido quedar obsoletos quedando dosis sobrantes: residentes muertos o trasladados a otra residencia, o trabajadores despedidos.

Esa es una hipótesis de buena fe. La de mala fe consiste en que las residencias hayan podido incluir en ese listado a familiares como si fueran trabajadores. Las residencias podrían haber confiado en que Salud Pública no iba a cruzar ese listado con ningún otro registro.

Otra posibilidad es la que ha sucedido en Casablanca Valdesur. Los viales tienen una cantidad extra porque los fabricantes consideraron que durante el proceso de dilución (con cloruro sódico) podían perderse pequeñas cantidades del producto.

Además, cada vial de la vacuna de Pfizer y BioNTech permite poner hasta cinco vacunas. Eso supone que en algunas residencias donde el número de trabajadores y residentes no sea múltiplo de cinco hay dosis que sobran. Como una vez abierto el vial tiene una caducidad muy breve, las residencias tienen en su poder un extra de vacuna que pueden aprovechar.

¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con los reporteros de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o jdquesada@elpais.es o mándales un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado o @JdQuesada

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