La Fiscalía se querella contra una exdirectora de la Consejería de Sanidad

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Elena de Mingo, la directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, dependiente de la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, según informó ayer el Ministerio Público. Le acusa en principio de haber causado un perjuicio patrimonial de 10 millones de euros, al haber aumentado el coste de las obras del hospital Puerta de Hierro en Majadahonda. La querella, presentada en el decanato de plaza de Castilla el pasado 20 de noviembre, ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 53, que ha abierto diligencias previas para investigar el posible delito.

Las Diligencias de Investigación 34/2018 tramitadas por la Fiscalía Anticorrupción han sacado a la luz que existen indicios racionales de delito. Según la querella, se puede concluir que la directora general prescindió del más mínimo procedimiento administrativo y en el pliego de cláusulas administrativas para modificar de hecho el contrato de concesión de obra pública para “la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda”. Este fue adjudicado por el entonces consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, durante el Gobierno regional que presidió Esperanza Aguirre. Güemes firmó la Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease, S.A. y Sufi, S.A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A, siempre según el escrito del Ministerio Público.

Dicha modificación dio cumplimiento y ejecutividad a la Orden de Cambio 44 de 28 de mayo de 2008 en virtud de la cual 135 habitaciones del citado hospital de Majadahonda pasaron de ser dobles a individuales. Como justificante de dicho acuerdo, se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de esa misma dirección general, dictada a requerimiento de la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos. Sin embargo, esa resolución no existió, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto sin poner en marcha cualquier procedimiento administrativo, se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración. Es decir, se debía haber aprobado un modificado de obra, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos. Sin embargo, a fecha de hoy no existe una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto. Todo esto permite concluir a la Fiscalía que la Administración regional ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados. Se produjo, por tanto, “el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros”.