Madrid graba un vídeo con niños con discapacidad frente a la ‘ley Celaá' y lo financia con dinero público

La Comunidad utiliza en sus redes sociales un vídeo grabado con menores con discapacidad para criticar la ley Celaá. En las imágenes, aparecen en un centro de Educación Especial y explican que no se quieren cambiar de centro. “Me encanta mi colegio”, “tengo muchos amigos en el cole”, “del cole me gusta la música”, dicen los niños. El vídeo dura 1,48 minutos y se ha financiado con recursos públicos. Plataformas como Una Escuela Extraordinaria o Plena Inclusión consideran que es un escándalo que se utilice la imagen de menores para un uso partidista y político y que, además, “se pague con el dinero público”.

“Aquí tienen todo lo que necesitan”, reza un cartel con letras verdes sobreimpreso en las imágenes. Antes de finalizar, cortes más rápidos con los menores sonrientes y una frase que lanzan todos, breve y al grano: “No me quiero cambiar de cole”, “no sin mi colegio”, “no sin mi cole”, repiten uno tras otro. Lo hacen mirando a cámara. Claro. Conciso. Publicitario. Y único.

La Administración cuenta que el vídeo se grabó en el centro de Educación Especial público La Quinta, en El Pardo, al norte de la capital. No es la primera vez que lo ha puesto de ejemplo. Enrique Ossorio, consejero de Educación, ha hablado de ese centro cada vez que se ha puesto sobre la mesa el debate sobre la educación inclusiva frente a la especial. “He estado allí de visita y están muy bien atendidos”, defendió en este periódico hace un año. Allí mismo se han ido ahora a rodar unas imágenes para llevar ese debate a otro plano: el de la utilización de esos menores para vender una idea, la suya, pero con el dinero de todos, según denuncian varias plataformas a favor de llevar a los niños con discapacidad a centros ordinarios siempre que estén bien atendidos. “El vídeo se ha realizado con recursos propios de la Comunidad de Madrid, por lo que no ha supuesto ningún coste”, defiende un portavoz de la Consejería de Educación. Además, recalcan, “todos los alumnos que aparecen tienen autorización firmada por sus padres o tutores”.

Pero la polémica saltó nada más salir a la luz. Incluso dentro del mismo centro, donde el resultado no ha gustado a todos por igual. Eduardo Arranz, que trabaja allí como orientador desde hace nueve años, le parece “una vergüenza” lo que han hecho. Dice que la Administración les engañó cuando escribieron un correo solicitando ir a grabar con la excusa de promocionar la educación especial pública. “Luego llegaron y solo querían niños, niños y niños. Nosotros pensábamos que iban a mostrar nuestros programas de tecnificación y los programas que utilizamos con los chavales, pero estuvieron cuatro horas y solo iban a lo que iban. No es lo que nos dijeron”.

Defender que esas imágenes las grabe, las promueva, las pague y las muestre la Administración en las redes sociales de misma Comunidad de Madrid ha levantado ampollas. Más de las habituales. “Rechazamos que se utilicen a personas con discapacidad en esta campaña precisamente para menoscabar uno de los derechos fundamentales que les ampara, que es el de escolarizarse en escuelas comunes contando con todos los medios”, explica Jesús Rogero, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma y miembro de la plataforma estatal Una escuela extraordinaria. Para él, defensor de la educación inclusiva (“siempre con medios”), la gravedad del asunto excede al debate de fondo y que, ahora, se ha intensificado en la calle debido a que el jueves de la semana pasada se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) —que está en trámite en el Senado— y, entre otras medidas, se contempla la intención del Gobierno de integrar en un periodo de 10 años al máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educación especial queden reservados únicamente para los casos más severos.

“Es más grave aún cuando lo hace una Administración pública, evitando el debate racional y llevándolo a una inaceptable manipulación emocional que perpetúa la concepción de la discapacidad cargada de prejuicios”, insiste Rogero. Santiago López, presidente de Plena Inclusión España, plasmó en un comunicado hace una semana una preocupación parecida. “La imagen de nuestros hijos es sagrada y forma parte de su dignidad como seres humanos. Utilizar sus rostros, voces y sus dificultades o limitaciones como arma arrojadiza nos preocupa (...) porque esta campaña está contribuyendo a agravar los prejuicios y estereotipos sociales”.

Más centros concertados

Al margen de la ética de esta campaña, la realidad de los implicados en esa ley —menores con discapacidad, sus familias y los trabajadores— muestra opiniones muy diversas y muchos miedos. Hay 5.640 alumnos matriculados en centros de educación especial en la región, repartidos en 41 concertados y 25 públicos. Y los temores oscilan entre padres que no creen bueno que sus hijos vayan por obligación a un centro o que les cierren el que consideran mejor para atender sus necesidades. Entre medias de esas visiones, muchas dudas.

Nada es blanco o negro. Entre esas dos aguas se posiciona Silvina Funes, profesora del departamento de Sociología aplicada de la facultad de Educación de la Universidad Complutense, madre también de un niño matriculado en un centro de educación especial. “Se habla de la dignidad del ser humano y ¿mostrar cómo somos es indigno?”, se pregunta Funes en relación con el vídeo que ha promovido la Comunidad de Madrid. “No puedo cambiarle las características de mi hijo y lo muestro tal y como es, como cualquier otro. De la estigmatización son responsables los observadores, no las personas que lo padecen”, resume.

Ella da clases a futuros profesores con programas inclusivos y prefiere huir del debate político para adentrarse en una realidad que vive en su propia casa. “Por supuesto que la educación inclusiva es buena siempre que se pueda, pero no siempre es así. No se puede promover una inclusión radical y que se prive a los que tienen unas necesidades muy extremas”, insiste, y pone el ejemplo de Italia, donde “muchos padres acabaron desescolarizando a hijos porque consideraban que no estaban bien atendidos en centros ordinarios”. Y lanza una pregunta: “¿Cuánta diversidad puede asumir un aula? Porque un maestro es un ser humano y no puede atender a 18 currículos diferentes”.