Madrid financia casi todas las becas universitarias con los fondos covid del Estado
La Consejería de Educación insiste en que los 1.117 contratos de los profesores de refuerzo finalizan el 22 de diciembre, a no ser que el Gobierno central amplíe los fondos durante todo el curso
![Prácticas de Anatomía de primero de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ZSQC2FVUEFBKVOFWURVB3P66YQ.jpg?auth=bf166acda7dba611142de91d413082c840adeadfcb85fdc3580b320bd7be4189&width=414)
![Berta Ferrero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe2a18c27-6d33-40b5-84d7-089a0340aceb.jpg?auth=1795a7b85867c06831e4ed36e4a6c783a68670379f18f2014e8de16b107a381b&width=100&height=100&smart=true)
La Comunidad de Madrid utiliza parte del dinero del fondo covid que le ha dado este año el Gobierno central para cubrir gastos regulares que ya tenía de antemano. La Consejería de Universidades, que ha recibido 49 millones de euros de ese fondo, ha distribuido la ayuda en diferentes partidas y se ha ahorrado otras. Es el caso de las becas destinadas a alumnos con rentas bajas. Antes destinaba tres millones de euros de sus arcas y ahora nueve, todo dinero del Estado, al menos de momento. La administración ha explicado que nunca antes se había gastado tanto dinero en becas y que lo que invertía antes, se sumará este año. Pero no se ha aprobado todavía en el Consejo de Gobierno ni está autorizado ese gasto. Con el primer trimestre casi terminado, “eso por ahora es solo una promesa política”, según la oposición.
“En definitiva, de momento parecería que se ahorran tres, en lugar de sumar una cosa y la otra, que sería lo normal ahora. Veremos que pasa hasta final de curso”, explica Clara Ramas, portavoz del área de Universidades de Más Madrid, que pidió a la consejería el desglose de la distribución de los fondos y lo ha recibido punto por punto. “¿Qué pasará el año que viene con esas becas? porque el dinero del Estado no va a estar ahí siempre”, se pregunta. Además de los nueve millones del fondo del Estado, las universidades aportan otros tres millones para esas mismas becas, llamadas Seguimos.
“En comunidades como la valenciana, con la mitad de alumnado y un PIB bastante más bajo, destinan 30 millones, lo de Madrid es irrisorio”, lamenta Ramas, que al menos celebra que en verano la oposición consiguió que, para acceder a esas becas, se tuviera en cuenta la renta de 2020. “Querían mantener la de 2019 y, como es normal, la situación de muchas familias ahora es diferente”.
Mientras, un portavoz del área de Universidad asegura que lo que antes se invertía en becas se mantiene, al margen del fondo covid. Sin embargo, por ahora solo se han puesto sobre la mesa el dinero que ha salido del fondo del Estado. “De momento, lo único que han aprobado es lo que se ha sacado de fondo covid. Lo demás que prometen -300.000 euros para las becas de discapacidad, tres millones para socioeconómicas, al margen de las de Seguimos, y 6,7 millones para becas de excelencia- de momento es una promesa política, pero no se ha ejecutado. Queremos pensar que autorizarán esos 10 millones que faltan a final de curso 2021, como hicieron el año pasado. Pero de momento, no ha ocurrido ni ha pasado por el Consejo de Gobierno”, analiza Ramas.
Del desglose que ha recibido Ramas, se desprende también que de los 40 millones que en julio anunció el Gobierno regional que destinaría para un nuevo plan de Transformación Digital en las universidades, 37,1 millones salen del fondo del Estado. Con ese dinero, la administración quiere impulsar una renovación tecnológica en los campus de la región. “Buscamos hacer de la necesidad, virtud y de una crisis una oportunidad para abordar todos esos cambios y necesidades de las universidades que antes no podíamos abordar”, explicó entonces Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno.
En otra consejería, la de Educación, han optado por ligar los contratos de los 1.117 profesores de refuerzo a si el Gobierno central amplía las ayudas del fondo, a pesar de que en septiembre dijeron que se decidiría en función de la evolución de la pandemia. El pasado lunes, la consejería emitió una nota en la que comunicaba que los contratos de esos docentes finalizarían el 22 de diciembre. Sin embargo, el PP llevará el próximo jueves al pleno de Asamblea de Madrid una PNL donde se posiciona en contra de la Ley Celaá, “para que la comunidad educativa participe en el diseño de la ley orgánica” y donde, además, pide la ampliación de los fondos del Estado para “la contratación de docentes” de refuerzo.
Unidas Podemos también ha cursado una iniciativa que se debatirá en ese pleno para que se mantenga la contratación de esos profesores, aunque sin ligar su futuro al dinero del Estado. “De lo que ha recibido Madrid, más de 600 millones lo está destinando a otras cosas que no están relacionadas con la covid”, dice Tito Moreno, de Unidas Podemos. “Están utilizando a los docentes como chantaje y demuestran, además, que no tienen capacidad para afrontar una pandemia por sí mismos”.
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