La cárcel de Carabanchel reclama un ‘lifting’

Dentro de unos días se cumplirán doce años desde que se produjera la demolición de la cárcel de Carabanchel. Un hecho inesperado para los vecinos del entorno, que reclamaban entonces el mantenimiento del principal edificio del penal y su conversión en un centro dedicado a la memoria histórica, junto a la creación de nuevas dotaciones necesarias para el barrio.

Poco antes del derribo, el gobierno de Gallardón había encargado al arquitecto Eduardo Mangada la redacción del planeamiento urbanístico para el desarrollo de los terrenos de la cárcel y su entorno. Tal vez confiaba en que así minimizaría las más que previsibles críticas que le iba a ocasionar aquella decisión. El plan Mangada, que sigue en vigor, contemplaba la construcción de viviendas, dotaciones y algún elemento conmemorativo (“una sencilla placa” o un fragmento de “uno de los muros de la cárcel”, en palabras del propio arquitecto) pero su ejecución era incompatible con la preservación del histórico edificio.

La noche del 25 de octubre de 2008 irrumpieron las excavadoras y la cárcel desapareció, pero el planeamiento no llegó a materializarse y el solar quedó vacío y abandonado.

Más de una década después, la actual corporación se ha encontrado con una solicitud de la Administración General del Estado, titular del 95% del suelo, para reactivar este desarrollo manteniendo el plan redactado en su día por Mangada.

Inmediatamente, el gobierno de Almeida ha corrido a ‘hacerse la foto’, presentándose como el artífice de haber “desbloqueado” este proyecto. Los suelos no son del Ayuntamiento, la iniciativa tampoco, y el planeamiento, cuya tramitación sí corresponde al Ayuntamiento, fue aprobado en los tiempos de Gallardón. Pero la vicealcaldesa Villacís y el responsable de Urbanismo presumen de haberlo desbloqueado. No hay muestra más evidente de falta de proyecto que vender como propias las iniciativas de los demás.

En todo caso, no es una decisión afortunada. Después de tanto tiempo, es necesario revisar el planeamiento vigente para dar respuesta al conjunto de reivindicaciones que han ido sucediéndose a lo largo de los años. El proyecto reclama un lifting.

Si el actual gobierno municipal quiere tener un papel protagonista, debe impulsar un acuerdo amplio que conjugue los distintos intereses en liza. Es el momento de convocar a propietarios, colectivos vecinales, organizaciones políticas y asociaciones memorialistas, para decidir conjuntamente el futuro de los terrenos de la cárcel, bajo el liderazgo del Ayuntamiento. Así lo hicimos desde el gobierno de Carmena y ejemplos como Bernabéu, Mahou-Calderón, Madrid Nuevo Norte o Edificio España demuestran que es posible un nuevo urbanismo capaz de conciliar los intereses particulares con las demandas sociales, culturales y medioambientales. En la cárcel de Carabanchel tenemos otra buena ocasión de demostrarlo.

José Manuel Calvo es concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento Madrid