La Comunidad de Madrid ofrece un balance confuso de muertes en sus residencias

Un total de 1.065 mayores internados en residencias de la región han muerto por causas diversas desde el inicio de marzo, según un primer balance oficial del daño que el coronavirus está causando en estos centros de población muy vulnerable. Sin embargo, este dato es confuso y no especifica los fallecimientos por la pandemia. Sus autores, los inspectores de la Consejería de Políticas Sociales, reconocen que es imposible conocer con exactitud el daño porque muchos fallecidos fueron enterrados o incinerados sin ser sometidos a pruebas diagnósticas. Por otro lado, la Comunidad decidió ayer que las competencias de las residencias pasen a Sanidad.

El estudio, que fue compartido con la prensa, no precisa cuánto ha aumentado la mortalidad este año con respecto al pasado. Pero según manifestó a este periódico un portavoz de la Comunidad, en marzo de 2019 murieron 460 ancianos en las 200 residencias públicas y concertadas de la región, que representan algo menos de la mitad de los geriátricos madrileños.

El informe no desglosa tampoco en qué residencias estaban internados los fallecidos. A falta de datos oficiales, durante días se han ido conociendo noticias sobre la devastación que el virus está causando en estos centros. En varios han muerto más de 20 residentes con síntomas de Covid-19, como es el caso de Monte Hermoso o San Celedonio.

El estudio se basa en la investigación que los inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA) iniciaron el jueves 19 de marzo, pidiendo datos de mortalidad a los 475 centros de la región, en los que residen 52.031 personas mayores. De las 1.065 personas fallecidas, 760 lo hicieron en la residencia y 305 en hospital. 655 personas han dado positivo por Covid-19 y 388 se encuentran hospitalizadas. Las residencias han aislado a 14.894 ancianos por motivos de precaución.

Después de conocerse estos datos, se supo que el Gobierno regional va a retirar la competencia sobre residencias a la Consejería de Políticas Sociales, una de las carteras de Ciudadanos, y entregársela a la Consejería de Sanidad para mejorar la respuesta a la epidemia.

Al final del jueves no quedó claro si la decisión se debía a un choque político entre los dos partidos del Gobierno, PP y Ciudadanos. Aunque fuentes de Cs defendieron que el cambio se debe al cumplimiento de una orden ministerial, fuentes del PP especificaron que la presidenta Isabel Díaz Ayuso había ordenado quitar esas funciones al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de quien dependen las residencias.

La decisión de apartar al consejero de Ciudadanos y darle el mando único al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se conoció después de que Reyero anunciara que estaba preparando planes para intervenir la gestión de residencias privadas en situación crítica. Según ese plan, las residencias serían dirigidas por un funcionario mientras dure la crisis. La posibilidad de una intervención de este tipo ya había sido adelantada el fin de semana por el Gobierno central, que dotaba a las comunidades de esta capacidad interventora, como sucedía también con la sanidad privada.

Una medida extraordinaria que planeaba implementar Reyero es la contratación de personal sin cualificación como estudiantes o jubilados para trabajar en los centros y suplir así la carencia de personal que sufren muchos debido a las bajas, tanto por enfermedad como por decisión propia, de los cuidadores. Muchas residencias están capeando este temporal con el agua al cuello debido a esas ausencias.

Queda por ver si estas decisiones suponen una inesperada crisis en el Ejecutivo autonómico en medio de la pandemia. Según el acuerdo de Gobierno entre amos partidos, la presidenta Díaz Ayuso no podría destituir a un consejero de Ciudadanos.

Y queda por ver qué consecuencias tendrá en la práctica la decisión. Hasta el momento se había organizado un grupo de 22 geriatras, distribuidos en 22 hospitales de la región, a quienes se les daba la competencia de valorar cada llamada de las residencias solicitando un traslado de un enfermo a un hospital, una petición casi angustiosa que habían formulado muchos gestores de estos centros. Cada residencia cuenta desde hace escasos días con su “geriatra de enlace”, un nuevo rol. Aunque la prioridad sigue siendo la atención en la residencia, según un documento de siete páginas que sirve de protocolo de actuación.

Por otro lado, la ayuda a las residencias sigue llegando con cuentagotas, retrasada por la escasez de recursos contra el virus en España. Hacen falta guantes, batas, mascarillas, tests de diagnóstico, enfermeros y médicos, según el documento difundido por la Consejería de Políticas Sociales. La ayuda que sí ha llegado por ahora es la de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que ha fumigado cerca de 80 centros en la región.

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