El PP impide que Feijóo explique en el Parlamento gallego los contratos que dio a empresas ligadas a su familia

El Parlamento de Galicia se prepara para acoger una comisión de alto voltaje que pretende hacer temblar las paredes del principal despacho de la madrileña calle Génova. La investigación política sobre los millonarios contratos que la Xunta adjudicó a dedo durante la pandemia a empresas de familiares de Alberto Núñez Feijóo ha salido adelante pese a la resistencia del PP de Alfonso Rueda que, sin embargo, ha conseguido cercenar su contenido. Para empezar, la gestión de Feijóo se investigará sin las explicaciones de Feijóo. Los populares gallegos han impuesto su mayoría absoluta este viernes para aprobar un plan de trabajo que veta la comparecencia de quien fue presidente de la Xunta durante 13 años. El BNG considera que el bloqueo de los de Rueda “es una confesión de culpabilidad y de miedo”.

La del líder de su partido no es la única declaración que han impedido los diputados de Rueda. El plan de trabajo de la comisión que ha salido adelante solo con los votos a favor del PP tampoco acepta que den explicaciones los familiares de Feijóo que son directivos en las empresas beneficiadas. Se trata de Micaela Núñez Feijóo, hermana del expresidente gallego y delegada en Galicia del Grupo Eulen, al que el Gobierno gallego hizo encargos por 55 millones de euros entre 2018 y 2023 según cálculos del Bloque; e Ignacio Cárdenas Botas, hermano de su pareja y director comercial de Universal Support, una firma que obtuvo entre mayo de 2020 y octubre de 2021 casi 20 millones de euros en contratos a dedo.

Mientras Isabel Díaz Ayuso ha llamado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a comparecer en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, los populares gallegos han salvado del trago a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña. González Amador hizo negocios en pandemia con la compañía pontevedresa Mape Asesores, a la que la Xunta otorgó 12 contratos por más de 10,4 millones entre abril y julio de 2020 además de pagar sobreprecios. A la pareja de Ayuso la querían interrogar el BNG y el PSdeG como propietario de Maxwel Cremona, SL, una empresa “intermediaria de la contratación entre Mape Asesores y la Xunta” según los socialistas. El PSOE también pretendía que compareciera en el Parlamento gallego el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, por su relación con uno de los empresarios beneficiados por contratos de la Xunta durante la pandemia, pero ha chocado con el veto del PP. La investigación política pondrá asimismo el foco en las adjudicaciones a Sibucu 360, una firma sin relación con el sector sanitario y, según el Bloque, vinculada a un empresario condenado por fraude y falsedad: José Ramón García, exCEO de Blusens. En 2019 la Xunta le hizo encargos por 765.000 euros; en 2020, por 31 millones. Los de Rueda también han evitado que comparezca García.

Por los contratos que realizó la Xunta en pandemia los populares no ven necesario que declare Feijóo pero sí llamarán al exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También participará Rueda y diversos cargos de la Xunta bipartita de izquierdas (PSOE-BNG) que gobernó Galicia entre 2005 y 2009. Estos últimos lo harán porque otro de los objetos de investigación de la comisión es el contrato de colaboración público-privada que suscribió Feijóo para construir el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y que salió 470 millones de euros más caro y con 700 camas menos que con la fórmula puramente pública. La posibilidad de usar ese modelo mixto para financiar el complejo sanitario llegó a estudiarla el Gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño pero la descartó, de ahí que sus exresponsables vayan a participar en la comisión.

El PP ha bloqueado hasta donde ha podido la creación de esta comisión de investigación, pero el BNG la ha sacado adelante haciendo uso de la única oportunidad que le da el reglamento parlamentario en toda la legislatura para dar este paso de forma unilateral y gracias a que cuenta con un tercio de los diputados de la Cámara (25 de los 75 escaños). El plan de trabajo, que incluye la documentación que se analizará y las personas que comparecerán, ha quedado sin embargo en manos de los populares porque ahí impera su mayoría absoluta. Los nacionalistas de Pontón pidieron al grupo de Rueda que permitiese aprobar el programa con una mayoría cualificada de dos tercios, pero su propuesta no fue aceptada.

Horas antes de la votación, Rueda expresaba en declaraciones a los medios su temor por que la investigación política de los contratos de la pandemia derive “en una comisión de difamación” y su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, defendía el veto a la declaración de Feijóo para no convertirla en un “circo”. El PP esgrime que el expresidente de la Xunta ya compareció “muchas veces” en la Cámara sobre estos contratos cuando estaba en el cargo. “El mismo Feijóo que en Madrid pide transparencia y comparecencias se niega a declarar en el Parlamento del país que presidió durante 13 años”, critica la nacionalista Ana Pontón. “Pero ni con todo el autoritarismo, todos los vetos y toda la manipulación van a impedir que haya luz sobre sus 15 años de chanchullos”.

“Ni vetos ni componendas”, reclamaba sin éxito antes de la reunión de la tarde en la que se aprobó el plan de trabajo el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Tras la votación, el socialista tachaba el resultado de “burla a la transparencia e la ciudadanía”. A su juicio, impedir comparecencias solo se explica si se “tiene algo que ocultar”.