Castro Caldelas, el pueblo que repetirá las elecciones porque más del 10% de los votos están contaminados por la sospecha

Nadie recuerda una jornada electoral en Castro Caldelas (Ourense, 1.177 vecinos empadronados, 1.097 en el censo de votantes) tan turbulenta como la del 28-M. Tras el escrutinio, el partido gobernante, el PSOE, conseguía 398 votos y los cinco concejales que marcan la mayoría absoluta; nada cambiaba para él. El PP se hacía con 371 sufragios y los cuatro ediles de la oposición. El BNG quedaba nuevamente fuera, con solo 39 apoyos. Entre socialistas y populares hubo 27 papeletas de diferencia. Y todas las expectativas estaban puestas en un sobre requisado, cargado de votos por correo, al que se le podría pintar un interrogante, como a las cartas secretas de los juegos de mesa o los concursos de la tele. Ahí estaban los 118 votos que podían mantener o dar un vuelco al resultado, pero la Junta Electoral de Zona, tras denuncias previas de empleados de Correos y del PP, acordó no recontarlos y mandarlos a Madrid. Era una cifra de papeletas considerable si se tiene en cuenta que en las urnas, depositados por los propios electores, había solo 808 sobres. “El que hubo aquí en mayo fue un porcentaje altísimo de voto por correo, más que en Melilla, y más que la media gallega, que está en el 3,6%”, señala César Enríquez, alias Cachín, el candidato del PP.

El jueves de esta semana, Cachín volvió a convertirse en alcaldable tras conocerse la última palabra de la Junta Electoral Central (JEC) en la polémica de los votos por correo: “Es necesario adoptar la grave decisión de declarar la nulidad de las elecciones celebradas en el municipio de Castro Caldelas y ordenar su repetición, ceñida al acto de votación”. El escrito firmado en el Congreso por el presidente de la JEC, Miguel Colmenero, recuerda que el caso es objeto de investigación por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Pobra de Trives (Ourense), por si hubiera lugar a un “delito electoral”; y de otra indagación interna en el seno de Correos, de donde partió la primera denuncia, al detectar algunos empleados irregularidades en la “cadena de custodia” desde el propio momento de la solicitud del voto no presencial. “Cabe deducir que las irregularidades producidas serían determinantes para el resultado final de las elecciones, pues afectan a un total de 118 votantes” y “dado que solamente separan 27 votos a las dos formaciones”, recuerda la JEC. A esto, “se añade que el eventual cambio de escaños modificaría también la relación de mayorías en la corporación, y la designación de alcalde”, zanja la resolución.

De los votos impugnados e invalidados, se sabe que cuatro correspondían a usuarios de la residencia de ancianos que existe en esta villa medieval, coronada por un castillo, que es Castro Caldelas. Personas impedidas, alguna con alzhéimer, a las que se les habría tramitado el voto sin las debidas garantías o la documentación necesaria. A partir de ahí, y después de que la plantilla de Correos advirtiese deficiencias en la cadena de custodia de esas papeletas procedentes del centro de mayores, los demás votos por correo acabaron contaminados por la sospecha. Cuando se le pregunta si todo el problema radicaba en el geriátrico, el portavoz del PP responde que esos cuatro votos eran solo “la anécdota”. Debajo de esta punta del iceberg, según Cachín estarían en duda otros votos recolectados por Correos dentro del propio municipio, procedentes “de las aldeas” (hay 86 entidades de población desperdigadas por un paisaje de montaña), en las que un 43% de los vecinos tienen más de 65 años y se dan situaciones de “demencia o inmovilidad”.

“La ley electoral dice que cada votante tiene que hacer su solicitud, pero había formularios cubiertos con la misma caligrafía”, sigue contando el representante popular, “sospechamos que la gente mayor se dejó manipular, gente que muchas veces está sola y es dependiente de los Servicios Sociales”. “Es una práctica habitual aprovecharse de estas personas, cuando lo que hay que hacer es cuidarla y respetarla”, protesta. Cachín repite que el origen de todo está en Correos, tanto la denuncia inicial “que levantó la perdiz” como la supuesta irregularidad: detrás, según él, había “un personaje que hacía la vista gorda en todo lo que tramitaba”, sin exigir la documentación necesaria. Ya en el mismo momento en que “los trabajadores de Correos entregaban la solicitud”, describía el jueves el PP de Ourense en un comunicado, “encontraban personas con alzhéimer u otras que ni siquiera residían donde supuestamente habían pedido el voto”.

La fecha para los comicios bis es todavía una incógnita, aunque desde los partidos se apunta como muy probable que se hagan coincidir con las generales para evitar “más gastos”. Y sobre lo ocurrido, cada formación tiene su propia manera de verlo. Desde la alcaldesa, la socialista Sara Inés Vega, que clama contra el “secuestro” de las papeletas de sus vecinos caldelaos (su formación recurrió la no contabilización de los sufragios por correo porque consideraba que había que haberlos incorporado al escrutinio) hasta el candidato del PP, que comenta que “la madre del cordero” está precisamente en ese “interés” del PSOE en abrir las sacas pese a tener ya la mayoría absoluta: “Ellos sabían que esos votos les eran favorables”. El responsable comarcal del BNG en Ourense, Serafín Núñez, prefiere contemplar esta confrontación de los dos partidos que lograron ediles dentro de todo un paisaje provincial en el que la palabra “carrexo”, o acarreo de “votos cautivos” incluso con recogida puerta a puerta de electores “en autobuses de línea”, emerge en todas y cada una de las citas electorales.

En Ourense “todo el mundo asume y ve como normal, porque siempre fue así, que el voto de la gente que está en las residencias de mayores es un voto sin libertad, coaccionado; a esto hay que sumar los intereses de las fundaciones y empresas privadas que gestionan estos centros”, apunta el portavoz de la formación nacionalista. “Pero llama la atención que esta vez sea el PP quien denuncia... porque en el caso del carrexo, y este de Castro Caldelas sería carrexo por correos, es el partido que menos legitimado está para quejarse”. A partir de ahora, a raíz del escándalo de Melilla y por decisión de la Junta Electoral, en España se va a exigir el DNI a la hora de entregar el voto en la oficina de Correos, “pero hace mucho tiempo que la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) pide modificaciones, porque data de 1985 y va ya para los 40 años”, protesta Serafín Núñez. “Si no se hace”, dice, “es porque a los [partidos] grandes les va bien cómo están las cosas, con caciques que se encargan de dirigir el voto y gente que no puede, pero que debería poder votar con dignidad”. Esto, indica el nacionalista, es especialmente dañino en un territorio como el gallego, diseminado, envejecido, más de campaña puerta a puerta que de grandes mítines.

“Secuestro” de sufragios

“Los socialistas no vamos a permitir que se secuestren los votos de nadie”, clamaba la alcaldesa en funciones después de conocer la resolución de la JEC, “118 personas son demasiada gente”. Aunque no lo necesitaba para proclamarse vencedor, el PSOE recurrió la decisión tomada el día de los comicios, después de que el PP impugnase todos los votos por correo. Sara Inés Vega, que asegura no dudar de la “buena voluntad” de la Junta Electoral de Zona, tomó la decisión de reclamar en aquel momento porque consideró que se estaba “coartando un derecho” ciudadano. “Si la solución que ven es repetir las elecciones, a elecciones vamos”, asume la ganadora de los comicios anulados, pero a los vecinos no se les puede usurpar “el derecho a que se expresen”. Cachín, por su parte, pide disculpas por las “molestias” que la nueva votación genere entre sus vecinos, porque “no es algo agradable, ni beneficioso para nadie” aunque “sirva para hacer justicia”. Reconoce que él “ya había asumido la derrota” y que le sorprendió el remedio radical que puso la JEC. Pero en su comunicado de prensa, el PP insiste: “La repetición confirma nuestras sospechas”.