La alargada sombra de la corrupción del narco: un agente infiltrado es expulsado de la Guardia Civil

La información es la principal estrategia en la guerra contra el narcotráfico que se libra desde hace ya cinco décadas. El objetivo de la policía es apresar cargamentos mientras el narco trata de evitar a cualquier precio la pérdida de su valiosa materia prima. En este cruce de intereses no hay casualidades, sino un constante espionaje mutuo donde agentes infiltrados y narcos confidentes se mueven en un peligroso tablero arriesgando su vida o cayendo en la corrupción. Es el caso del exagente Javier López Suárez, al que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha ratificado la sanción, que conlleva la expulsión de la Guardia Civil por haber filtrado y “saboteado” información de operaciones a narcotraficantes gallegos.

Pese a la condena, el agente, de 38 años y adscrito a la Policía Judicial, que tenía acceso a información reservada de las unidades de ECO y EDOA del instituto armado desde la comandancia de Pontevedra y desbarató decenas de operaciones policiales que se habían puesto en marcha a partir de 2013, pretendía seguir vistiendo el uniforme. Pero el Supremo ha desestimado su recurso contra la resolución de la ministra de Defensa de 20 de enero de 2021 por la que acordó la expulsión del guardia.

Defensa consideró al agente autor de un delito de revelación de secretos, que “causa grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica”, previsto en el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. La sentencia recoge que la conducta del agente se desvió para neutralizar las investigaciones realizadas por el Equipo contra el Crimen Organizado (UCO) cuando su deber profesional le obligaba a perseguirlas.

“Se ve claramente perjudicada la dignidad de la Guardia Civil por la condena a uno de sus miembros por un delito de revelación de secretos, lo que resulta expresivo de la dejación de las cualidades de integridad y dignidad que la sociedad presume en los miembros del instituto armado”, proclama el tribunal, que considera proporcionada la sanción impuesta por la naturaleza del delito cometido. Se refiere a la “frontal oposición” del agente “a los deberes de rectitud, integridad y respeto a la ley exigidos a los miembros de la Guardia Civil”, incide.

Confidentes con una gran proyección

La sentencia de la Audiencia de Pontevedra de junio de 2018 condenó al guardia Javier López Suárez y a su compañero Diego Fontán, de 39 años e hijo de otro agente de los servicios de información, a la pena mínima prevista de tres años de prisión y dos de inhabilitación frente a los 11 que solicitaba la Fiscalía, con la inhabilitación absoluta para ambos acusados. El fallo solo apreció un delito de revelación de secretos y no el de integración a un grupo criminal junto a los confidentes a los que pasaban información. La sala concluyó que los agentes filtraron información reservada, pero no quedó suficientemente acreditado que los datos en cuestión “fueran material exclusivo de los mandos”, como tampoco que los archivos de confidentes o matrículas de vehículos camuflados que manejaron los acusados estuvieran debidamente protegidos.

López y Fontán fueron descubiertos tras una investigación interna de los servicios de información de la Guardia Civil. Las pesquisas se iniciaron después de que en apenas seis meses, entre enero y julio de 2013, se hubieran frustrado hasta cuatro investigaciones en curso, algunas judicializadas, contra grupos de narcos que operaban desde el sur de Pontevedra. Los “agentes dobles”, que tenían acceso a material sensible, tanto informático como fotográfico, utilizaban a un presunto narco de Vilanova de Arousa, Juan Carlos Santorum Navazas, que se encargaba de hacer de mensajero y enlace entre los agentes y los traficantes investigados.

El grueso de la información confidencial era trasladada así a un traficante del segundo escalón, que hacía de intermediario para las organizaciones y que fue condenado por ello a dos años de prisión. El correveidile entre agentes y narcos se convirtió en la diana de grandes operaciones policiales como la que desbarató en 2020: el desembarco de un alijo de 4.000 kilos de cocaína que transportó el buque Karar en plena pandemia y por el que está procesado. La información acumulada por Santorum, un experto en obtener filtraciones, lo situó en el foco de las fuentes mejor informadas del narcotráfico.

El agente Javier López accedía a toda la información reservada que luego pasaba a su compañero y este a su vez filtraba a Santorum, que la vendía al mejor postor, según la investigación. Informes, operativos, seguimientos, oficios para solicitar pinchazos telefónicos, listado de agentes y sus confidentes o cualquier documento tramitado ante los juzgados llegaban a manos de los narcos. En el ordenador del agente Diego Fontán se localizaron unos 2.000 escritos confidenciales, mientras en el del presunto traficante se pudieron recuperar unos 500 archivos relacionados con los servicios antidroga y sus actividades.

El guardia ahora expulsado que se ha resistido a abandonar la Guardia Civil “filtró a los propios investigados por narcotráfico en diversas operaciones información relevante y sensible de las actuaciones que les afectaban, frustrando su detención y facilitándoles su impunidad”, dice el Tribunal Supremo. “Filtró la relación de confidentes con todos sus datos personales, provocando un grave riesgo para su integridad; filtró la información concreta que estos confidentes habían suministrado a la Guardia Civil; filtró los datos personales y reservados de los miembros de su unidad, poniéndoles, igualmente, en peligro; y filtró información reservada del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Pontevedra”, abunda el fallo.

La justicia subraya que “saboteó durante, al menos, seis meses los trabajos de investigación del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil de Galicia y puso en grave riesgo a sus compañeros y a los confidentes”. “Es difícil imaginar un daño mayor a la Guardia Civil como cuerpo de seguridad del Estado en la persecución del delito y este grave daño a la Administración no puede ser más evidente”, añade. Por ello, el tribunal incide en que “el comportamiento del recurrente choca frontalmente con los deberes de honradez y probidad que exigen su pertenencia a la Guardia Civil, de cuyos miembros se predica, precisamente, un plus de moralidad y eticidad que es exigible a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil”.