Juicio a dos funcionarios del Sergas por acceder a historiales clínicos

Una trabajadora social y un auxiliar administrativo del Servicio Galego de Saúde (Sergas) serán juzgados a partir de este miércoles por el tribunal de la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, por acceder al historial clínico de dos personas en repetidas ocasiones durante un año. La información recabada por ambos acusados cuando estos trabajaban en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago fue utilizada en un procedimiento judicial para la tramitación de una incapacidad.

Para ello, y sin estar ambos funcionarios debidamente autorizados, los acusados accedieron al sistema IANUS del Sergas, el portal informático que permite a los usuarios consultar sus historiales. Las dos personas perjudicadas, un hombre y una mujer, denunciaron los hechos, lo que dio origen a una investigación por parte del juzgado de instrucción número uno de Santiago que abrió juicio a petición de la fiscalía.

Por estos hechos la trabajadora social afronta una condena de diez años de prisión y ocho años para el auxiliar administrativo. La Fiscalía sostiene que ambos acusados son presuntos autores de los delitos de descubrimiento y difusión de secretos cometido por funcionario público y pide también para los acusados una pena de inhabilitación.

Según el escrito de acusación de la fiscal del caso, entre enero de 2015 y octubre de 2016, la trabajadora social accedió de forma continuada al historial médico de dos perjudicados sin el consentimiento de estos. En uno de los casos, la investigación constató que la funcionaria había accedido al sistema informático del Sergas más de 500 veces para consultar una documentación que era confidencial. En el caso del otro paciente perjudicado se comprobó que la acusada había accedido a su historial clínico más de 300 veces, según recoge la acusación pública.

La Fiscalía de Santiago incide en el hecho de esta funcionaria del Sergas había utilizado parte de la documentación médica indebidamente obtenida en un proceso judicial sobre la tramitación de una incapacidad cuyas diligencias informativas se estaban incoando por parte de la fiscalía.

Con respecto al segundo acusado, la fiscal sostiene que entre mayo de 2015 y enero de 2016 este realizó hasta 26 accesos no autorizados al historial de uno de los denunciantes, y realizó otros cinco accesos más para consultar la documentación médica de la otra persona perjudicada.

Por estos hechos, la fiscalía considera a los acusados autores de dos delitos continuados de descubrimiento de secretos por parte de funcionario público y de difusión de dichos secretos en el caso de la trabajadora social.

El ministerio público pide una pena de 10 años de cárcel y otros 12 de inhabilitación para empleo o cargo público para la trabajadora social, y para el auxiliar administrativo, solicita 8 años de cárcel, 10 años de inhabilitación, además del pago de una multa de 6.000 euros.