La renuncia de abogados enreda el juicio a 21 narcos por la cocaína del Titán

El tercer intento de la Audiencia de Pontevedra de celebrar el macrojuicio por el alijo de 1.700 kilos de cocaína intervenido en 2018 a bordo del remolcador Titán III, ha resultado fallido. La renuncia de un abogado ha enredado nuevamente el comienzo de la vista que se retrasa casi un año por motivos procesales planteados por las defensas. El juicio ha quedado aplazado para septiembre y octubre.

El motivo de la tercera suspensión ha sido el cambio de abogado por parte del acusado Pedro Rodríguez, el dueño del narcobuque nodriza que transportó el alijo hasta Galicia. Este procesado ya había tenido problemas con sus anteriores abogados, y ahora su nueva defensa ha reclamado tiempo al tribunal para conocer la causa.

En marzo pasado, con motivo de la segunda suspensión, el tribunal se vio obligado a excarcelar al armador y a otro acusado, los únicos implicados en la causa que seguían en prisión provisional. A petición del fiscal, no se les impuso fianza y solo se le retiró el pasaporte. Pedro Rodríguez afronta una condena de 13 años de prisión y millonarias multas como responsable del transporte de la cocaína desde la Guayana francesa a bordo del remolcador de bandera panameña.

Con la ausencia de otro de los cabecillas de la organización, el fugitivo Paul Wouter que fingió su muerte hasta que las autoridades brasileñas lo desenmascararon al confirmar que era un exmilitar con varios pasaportes falsos y al que ahora persigue Interpol, las defensas de los 21 acusados ya han anunciado que pedirán la nulidad del procedimiento. Consideran que los fallos en la instrucción han sido “notorias” y que las pruebas documentales, como el balizamiento de casas y vehículos, han vulnerado principios constitucionales.

En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señala que los procesados “estructuraron sus relaciones con un esquema de actuación piramidal para participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína”, valorado en más de 60 millones de euros.

Al comienzo de la investigación, existieron indicios de que Manuel Charlín y uno de sus hijos participaron en los preparativos y la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. No obstante, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archivó con respecto a nueve personas entre las que se encontraban Charlín y uno de sus hijos.

La Fiscalía mantiene que, a finales de 2016, tres de los acusados planificaron la introducción del cargamento de estupefacientes. Sin embargo, remarca que su actuación “no se limitó a una única operación de narcotráfico”, ya que “aunaron sus esfuerzos guiados a trabar contactos con terceros que les pudieran posibilitar distintas vías de introducción de estupefaciente con varias alternativas de transporte”.

Mediante la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador Titán III y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de cocaína, con una elevada pureza (84,8 %), por lo que su venta en el mercado negro multiplicaría al menos por dos su valor.

Asimismo, al día siguiente, se interceptó un segundo barco, el pesquero Sempre Cacharelos, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro “concertado para el trasvase de la droga que debía recibir” del remolcador. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita 9 años de prisión para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros en sanciones. Para el resto de los procesados solicita penas entre 10 y 13 años y medio de prisión, y multas de entre 200 y 340 millones de euros.