La Junta electoral central sanciona a Díaz Ayuso por tres infracciones en la campaña del 4-M

La Junta electoral central ha decidido este jueves sancionar a Isabel Díaz Ayuso con 960 euros por tres infracciones durante la campaña electoral del 4-M, según fuentes conocedoras de las deliberaciones del organismo consultadas por EL PAÍS. El órgano fiscalizador mantiene así las multas de 600 y 360 euros con las que la Junta electoral provincial había resuelto dos expedientes contra la líder conservadora, y que habían quedado en nada por defectos de forma en el procedimiento. La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene ahora la posibilidad de recurrir la decisión ante la justicia, lo que una fuente conocedora del caso considera más que probable.

Todo empezó el 29 de abril. Como adelantó este diario, la Junta Electoral Central ordenó a la provincial de Madrid que sancionara a Díaz Ayuso por mezclar su condición de presidenta con la de candidata del PP en un acto institucional en la plaza de toros de Las Ventas, en otro en una sede de Iberia y durante una visita a las obras de un puente que conectará el barrio de Valdebebas y la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas.

En el acto de Las Ventas, Díaz Ayuso había defendido la industria del toro, y había presumido de que en 2020 su Gobierno dio “ayudas sin precedentes” al sector; de que esas subvenciones se volverían a convocar en 2021; y de que había solicitado al Gobierno de España la reducción del IVA (al 4%) para las corridas de toros. En la presentación de un avión de Iberia subrayó que preveía una inversión de más de 1.000 millones en proyectos de colaboración público-privada. Y en su visita a Valdebebas vino a inaugurar subliminalmente un puente que no estaba acabado. Todo, para escándalo del organismo fiscalizador de los comicios, con unas elecciones convocadas.

“Requerir de nuevo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a que en el futuro se abstenga de difundir mensajes de contenido electoralista en el curso de actos de carácter institucional, dado que ello infringe el deber de objetividad que los poderes públicos deben salvaguardar en todo momento, y, con mayor intensidad, tras la convocatoria de unas elecciones”, se leía en una resolución. “Dichos mensajes son legítimos en actos de campaña electoral de la candidata, pero no lo son cuando se difunden en el marco de actos institucionales, pues suponen una quiebra de los principios de neutralidad e igualdad entre los candidatos”, en otra.

No era el primer encontronazo de la entonces presidenta y candidata con la Junta electoral: Díaz Ayuso sumó tantos desencuentros y denuncias de sus rivales como para acabar dividiendo claramente su agenda diaria. Por la mañana, la institucional como presidenta. Por la tarde, la partidista como candidata.

Para entonces, las distintas juntas electorales ya habían apercibido hasta en tres ocasiones a líder conservadora por emplear la presidencia en favor de su candidatura. Así, el 25 de marzo Díaz Ayuso ya fue amonestada por emplear una rueda de prensa de carácter institucional para pedir el voto. El 8 de abril, la Junta Electoral Central le pidió que “en futuros actos institucionales se abstenga de utilizar expresiones que puedan suponer campaña de logros” en el contexto de las elecciones. Y el 10 de abril le afeó por el mismo motivo tras una visita al hospital La Paz. El último episodio se ha vivido este jueves: 960 euros por tres infracciones durante la campaña electoral.

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