La junta electoral deja en manos de la Fiscalía la reclamación de Igualdad sobre el cartel de los menores migrantes de Vox
El órgano remite al ministerio público, al existir ya diligencias abiertas, la denuncia del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica
La junta electoral de Madrid ha decidido este jueves dejar en manos de la Fiscalía provincial la reclamación del Ministerio de Igualdad sobre el cartel sobre los menores migrantes de Vox. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dependiente del ministerio dirigido por Irene Montero había presentado el miércoles un escrito ante el órgano que vela por la limpieza de los procesos electorales para que se pronunciase sobre el cartel, pero el órgano ha decidido derivarlo a la Fiscalía madrileña, que ya ha abierto diligencias de investigación el mismo miércoles.
Varias formaciones, entre ellas PSOE y Unidas Podemos, han reclamado la retirada urgente del cartel. Los socialistas denunciaron la publicidad ante los Juzgados de Instrucción de Madrid al considerar que podría ser constitutivo de delito por contener “claros mensajes de odio y racismo”. El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, también lo censuró con dureza en su cuenta de Twitter, por incitar “al odio, a la discriminación y a la violencia”, y aseguró que la imagen propagandística le recordaba “a la propaganda nazi”. La polémica estuvo presente, además, en el primer debate electoral para las elecciones del próximo 4 de mayo, este miércoles. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, mostró una reproducción del cartel e insistió en vincular inmigración con inseguridad.
El cartel electoral de la formación ultra está colocado en la estación de la Puerta del Sol de Madrid y muestra el mensaje “un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión al mes. Protege Madrid”, un infundio sobre el importe que la comunidad emplea para atender a niños y adolescentes foráneos. La imagen de la publicidad se viralizó en las redes sociales y ha suscitado denuncias ante el ministerio público por parte del Gobierno de España, el partido Más Madrid o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
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