Junts y ERC desvinculan la investidura de la negativa del Supremo a amnistiar la malversación del ‘procés’

La decisión del Tribunal Supremo de no levantar la orden de detención de Carles Puigdemont y de restringir el alcance de la ley amnistía pone más curvas al laberinto por el que discurre la investidura en Cataluña. Junts y ERC han acogido la decisión de los jueces con indignación al considerar que están haciendo caso omiso de la aplicación de la ley. “Es un golpe de toga al Estado”, ha afirmado este lunes Jordi Turull, secretario general de Junts, quien ha agregado que es “una decisión claramente política que vulnera las normas más elementales de la democracia”. La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha subrayado que es una falta de respeto a “la democracia y a la separación de poderes”. Las dos formaciones han querido desvincular el anuncio del Supremo de las negociaciones de la investidura.

La decisión del Supremo “se salta la amnistía para perseguir al independentismo, para hacer de justiciero”, ha denunciado Turull, mientras ha asegurado públicamente que la resolución judicial no altera los planes de Junts ni el calendario que marca el retorno de Puigdemont: “Es una persona de palabra y ha dicho que regresará cuando haya un debate de investidura”. El posicionamiento de Turull es contundente de cara a hacer predicciones sobre el regreso del expresidente catalán, que se marchó de España en 2017 para evitar ser juzgado. El Parlament sigue sin tener una fecha fija para el debate de investidura, pero sin el levantamiento de la orden de arresto, Puigdemont se arriesga a ser detenido si entra en Cataluña.

Josep Rull, president del Parlament, ya activó la semana pasada el reloj de la repetición electoral al certificar que, por ahora, ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont tienen apoyos para ser investidos. El plazo máximo para que haya debate concluye el 26 de agosto. Si nadie es designado president, Cataluña volverá a ir a las urnas. Illa, ganador de las elecciones del 12-M, está intentando construir una de izquierdas con un pacto con ERC y los comunes. Con la decisión del Supremo, el PSC se arriesga a ver cómo se encarece el precio de un acuerdo con Esquerra, que en plena convulsión por el proceso de relevo de su cúpula se aboca a un fuerte debate interno por investir a un president socialista. Por lo pronto, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras mantuvieron el pasado domingo una reunión en Waterloo (Bélgica), donde el expresident tiene su residencia.

Puigdemont tardó poco en reaccionar, este lunes, a la decisión del Supremo de declarar no amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés. “La Toga Nostra”, escribió en la red social X, un juego de palabras que relaciona a los jueces del Supremo con la Cosa Nostra, el apelativo que sirve para identificar a la mafia italiana. El Supremo ha considerado que no procede levantar la orden de detención nacional que pesa sobre él de la misma forma que se mantienen las órdenes de arresto contra los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Paralelamente, el tribunal no archiva los autos que inhabilitan, hasta los años 2030 y 2031, a Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Y, a su vez, se acuerda promover una cuestión de inconstitucionalidad respecto del delito de desobediencia por el que fueron condenados estos cuatro últimos.

ERC ha emitido un comunicado en el que ha calificado de “surrealista” la decisión del Supremo y ha anunciado que presentará un incidente de nulidad y un recurso de amparo ante el Constitucional. La portavoz republicana ha recalcado en cualquier caso que no les ha causado ”ninguna sorpresa” y ha matizado que la norma se tendrá que acabar aplicando. “La decisión es una falta de respeto de la judicatura hacia la democracia, la separación de poderes y las leyes. No es ninguna novedad que algunos jueces se dediquen a hacer política y no a impartir justicia”, ha dicho. Marta Vilaret, la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Antirrepresiva, ha afirmado que ya no es que el Supremo “reinterprete la ley, la malversación o el enriquecimiento sino que intente derogar y no aplicar una ley vigente. Es insultante, gravísimo y actuaremos en consecuencia”.

El propio Junqueras y Marta Rovira, secretaria general de ERC, pronosticaron hace ya semanas que su amnistía iba para largo, por lo que no parece que la decisión del Supremo vaya a ser determinante en las negociaciones. La cúpula de ERC, que vive en la provisionalidad y encaminada hacia un congreso, tiene la llave para decidir si le garantiza la mayoría a Illa o si le da alas a la pretensión de Puigdemont. Rovira anunció el sábado que quiere sellar un “preacuerdo” antes del 31 de julio para evitar así apurar el plazo legal. Sans ha advertido al PSC de que están dispuestos a negociar “mañana, tarde y noche”, pero de que no firmarán un “mal acuerdo”. La portavoz ha apuntado que existen otras mayorías como la que podrían sumar socialistas y Junts (77 diputados) y que en el pasado ya se dedicaron a poner palos en las ruedas al Govern de Pere Aragonès. Illa siempre ha dicho que esa mayoría es inviable políticamente.

Puigdemont se quedó con 35 escaños el 12 de mayo, siete menos que Illa, y sigue defendiendo sus opciones de alcanzar la presidencia. La operación que plantea es un frente independentista, de Junts, ERC y la CUP, que no le basta para tener la mayoría del pleno y precisa de forma ineludible la abstención del PSC. Illa ya ha negado reiteradamente que, tras ganar las elecciones, se vaya a abstener. ERC ha subrayado que antes de negociar con Junts quieren tener la certeza de que gozarán de la abstención del PSC. Sans ha asegurado que están dispuestos a negociar “mañana, tarde y noche” pero ERC ha advertido al PSC de que no firmarán un “mal acuerdo”.