Radiografía electoral | Asturias busca el carbón del siglo XXI

“Ha sido la legislatura más difícil y dolorosa de toda la historia autonómica”. Lo dice el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, al ser preguntado por sus cuatro años al frente de un Gobierno en minoría, apoyado por IU y también, en ocasiones, por Ciudadanos o por Podemos. Pero la dificultad a la que Barbón alude no es la de la debilidad parlamentaria, sino la de un contexto abrumador: la pandemia, la crisis de materias primas y la subida de precios se sumaron en Asturias a la necesidad de afrontar una transición ecológica inevitable.

El final de la actividad minera desarrollada desde principios del siglo XIX ha obligado en el Principado a una auténtica revolución del modelo económico para intentar situarse a la vanguardia de la nueva economía verde y digital. El fin de las ayudas públicas llegó el 31 de diciembre de 2018, impuesto por Europa, y a día de hoy solo queda una pequeña mina en activo. La alternativa ha sido buscar ese nuevo carbón del siglo XXI, el de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), que ha generado en los últimos tres años más de la mitad de los 6.000 empleos creados en Asturias en sectores de alta cualificación, según la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad. Los centros de I+D+i de grandes empresas, 12 en total en Asturias —2 creados antes de 2019 y 10 funcionando desde entonces—, cuentan con una plantilla de 400 personas.

Pero para llegar a este punto se han tenido que lidiar complicados morlacos. El primero, las negociaciones de un Gobierno socialista en minoría en un Parlamento fraccionado. El Ejecutivo ha aprobado los cuatro presupuestos de la legislatura y dos acuerdos de concertación social, y ha logrado la ampliación del número de participantes en la Alianza por las Infraestructuras, un grupo creado en 2017 con presencia de partidos políticos, sindicatos, organizaciones económicas y sociales para reclamar la mejora de infraestructuras en la comunidad. El fiasco de los trenes de cercanías —los 31 nuevos convoyes que Renfe encargó hace tres años para circular por la red de Cantabria y Asturias y cuya fabricación hubo que descartar el pasado febrero al descubrirse que no iban a caber por los túneles— tuvo consecuencias de amplio espectro: no solo se llevó por delante a la secretaria de Estado de Infraestructuras y al presidente de Renfe, sino que mostró el riesgo de que el norte peninsular pudiera quedarse fuera de los grandes corredores ferroviarios europeos.

Ese frente de reclamación de infraestructuras ha unido por primera vez a Asturias, Galicia, Cantabria y el País Vasco bajo el paraguas de la Macrorregión Atlántica, una especie de lobby creado por esos cuatro territorios para defender sus intereses ante la UE en materias como las conexiones ferroviarias y la energía. Y las cuatro comunidades han hecho también frente común para ayudar a combatir el último gran azote de esta legislatura en Asturias: los incendios forestales, que durante tres semanas del pasado marzo arrasaron más de 30.000 hectáreas, con más de 250 focos que afectaron a la mitad de los municipios.

Entre medias, la legislatura ha tenido en Asturias, al igual que en otras comunidades, una voz de protesta fuerte y clara: la del sector sanitario. En febrero de 2020, una encuesta del Sindicato Médico Profesional (Simpa) realizada entre 400 facultativos (de un total de 3.500 trabajadores de la sanidad pública) mostraba que el 81% estaba dispuesto a ir a la huelga. Tras la pandemia, a ese descontento se sumó un aumento espectacular de la demanda, el máximo histórico de las listas de espera —aunque ahora están por debajo de la media nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad— y un colectivo laboral exhausto. A finales de 2022, las negociaciones entre el sector y el Gobierno autonómico concluyeron con un pacto para la reforma de la atención primaria y un segundo pacto retributivo.

Asturias lleva años perdiendo población paulatinamente y en este momento está a punto de bajar de la icónica cifra del millón de habitantes, algo que ha centrado buena parte de la discusión política. Para paliar la tendencia han sido aprobadas la Ley de Medidas Administrativas Urgentes y la de Calidad Ambiental y Empleo Público, dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Administración para facilitar el establecimiento de empresas en la región. También ha salido adelante el proyecto de ley de Impulso Demográfico —pendiente de desarrollar en la próxima legislatura—, que incluye medidas para fomentar el retorno de emigrantes facilitándoles el trabajo y la residencia. Y hay otras iniciativas en marcha contra el declive demográfico, como las ayudas a la natalidad, que alcanzan los 2.200 euros por hijo en los concejos en riesgo de despoblación.

La comunidad cierra la legislatura con un empeoramiento de uno de los problemas estructurales de su mercado laboral: la baja tasa de actividad, que en el primer trimestre de este año se situó en el 49,71%, la más baja del país, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro, no obstante, bajó en 6.700 personas (-10,49%), la caída más elevada del país.

Todos los partidos, excepto el PSOE y Vox, han vivido fuertes crisis internas. La dirección autonómica del PP, con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo, apartó el pasado noviembre a la anterior candidata, Teresa Mallada, y designó como cabeza de lista a Diego Canga. La portavoz parlamentaria, Beatriz Polledo, resume así la legislatura: “Todas las promesas legislativas de calado anunciadas por Barbón han quedado en un cajón, a lo que se une el infierno fiscal que sufrimos, el imparable deterioro de la sanidad y los servicios sociales, el desprecio al medio rural o el Fevemocho [el fiasco de los trenes de cercanías]. El tándem Adrián Barbón-Pedro Sánchez ha resultado catastrófico, un lastre para Asturias”.

“Asturias está ya en el límite de ser una comunidad fallida. La pandemia ha dejado al descubierto las debilidades más profundas del Principado”, coincide Manuel Iñarra, candidato de Ciudadanos, a quien las encuestas dejan fuera del Parlamento autonómico. También Foro Asturias, la creación política del exministro del PP Francisco Álvarez-Cascos, se rompió en 2022 con la expulsión de Pedro Leal, que continúa como diputado regional, y dejó a Adrián Pumares al frente. Él habla de “desgobierno” en este mandato.

Cerró el círculo de las crisis Podemos Asturies. La elección de una nueva dirección autonómica encabezada por la diputada nacional Sofía Castañón fue el origen de una herida que reventó a finales de 2022 con la victoria en las primarias de una lista alternativa para las elecciones, la de Covadonga Tomé. Esta acabó protagonizando el pasado abril un encierro de varios días en la sede del partido para criticar por el trato de la dirección nacional a su candidatura. En su opinión, “Adrián Barbón ha sido estos cuatro años el paradigma de los proyectos incumplidos”. “ La sanidad pública se encuentra en peor situación que a su llegada; las infraestructuras prometidas no han avanzado, y termina el mandato sin política de vivienda”, apunta.

El presidente asturiano se defiende asegurando que, “en la legislatura más difícil y dolorosa de la historia”, su Gobierno “ha conseguido encauzar el futuro de Asturias hacia un nuevo modelo económico verde, digital y sostenible”. “Es la comunidad que lidera la revolución verde en España. El Principado tiene hoy más empleo y menos paro que en 2019, la mejor oferta de vuelos de la historia del aeropuerto, ha batido todos sus récords turísticos, multiplicado la inversión extranjera y alcanzado el máximo listón en sus exportaciones. Esos son los hitos del cambio”, afirma.

Desde el ámbito social, sindicatos y patronal encuentran en la legislatura luces y sombras. La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, aplaude que se hayan colocado entre las prioridades políticas algunos de los asuntos defendidos históricamente por el empresariado asturiano: “la necesidad de mejorar las conexiones o la de reducir una burocracia excesiva”. Sin embargo, subraya, el grueso de esos proyectos ha quedado pendiente para la próxima legislatura. José Manuel Zapico (CC OO) echa en falta “más influencia en el Gobierno central, sobre todo en materia de industria e infraestructuras”, y Javier Fernández Lanero (UGT) apunta: “Hemos sido capaces de consensuar y poner en marcha medidas de calado, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Pero quedan aspectos a abordar”.

El resumen lo hace el secretario general del Sindicato Médico Profesional (Simpa), José Antonio Vidal: “Antes de la pandemia, el enfado. Durante la pandemia, el infierno. Tras la pandemia: paisaje desolado y rayos de luz”.

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